Política
El Gobierno promulgó la reforma de la Ley de Glaciares y crece la protesta social en todo el país
La decisión del Ejecutivo nacional de promulgar la modificación de la Ley de Glaciares generó una fuerte reacción de organizaciones ambientales, sectores universitarios y referentes sociales. Mientras avanzan movilizaciones en distintos puntos del país, la Justicia Federal suspendió la aplicación de la norma en Santa Cruz.
El Gobierno nacional promulgó la reforma de la Ley de Glaciares y desató una nueva ola de protestas en distintos sectores sociales, especialmente entre organizaciones ambientalistas, universidades y espacios vinculados a la defensa de los recursos naturales.
La modificación introduce cambios sobre la protección de zonas periglaciares y redefine qué áreas quedan bajo resguardo ambiental. Según distintas críticas, la nueva norma deja en manos de las provincias la determinación de qué zonas se protegen y cuáles pueden ser habilitadas para actividades extractivas, especialmente mineras.
En paralelo a la promulgación, la Justicia Federal dio lugar a un reclamo colectivo y suspendió la aplicación de la norma en la provincia de Santa Cruz. La medida judicial representa uno de los primeros frenos institucionales a la reforma y podría abrir el camino a nuevas presentaciones judiciales en otras provincias afectadas por el cambio legislativo.
Desde sectores opositores y organizaciones ambientales anticipan que la judicialización será uno de los principales escenarios de disputa en las próximas semanas.
Marchas y protestas en defensa de los glaciares
La respuesta social no tardó en llegar. Para este fin de semana se convocaron marchas de antorchas y movilizaciones en defensa de los glaciares y también del financiamiento universitario, en una protesta que une el reclamo ambiental con el rechazo a otras políticas del Gobierno nacional.
Las convocatorias apuntan a denunciar lo que consideran una flexibilización de la protección ambiental y una avanzada sobre territorios estratégicos vinculados al agua como recurso esencial.
En distintos puntos del país, universidades públicas y organizaciones socioambientales comenzaron a sumarse al reclamo.
Un nuevo frente de conflicto para el Gobierno
La reforma de la Ley de Glaciares se suma así a una serie de tensiones abiertas entre el Gobierno nacional y distintos sectores sociales, sindicales, universitarios y ambientales.
Mientras el oficialismo defiende la medida como parte de una política de desarrollo productivo y mayor autonomía provincial, la oposición y los movimientos ambientales denuncian una desregulación que favorece intereses extractivos por sobre la protección de bienes comunes.
