Punto capital
Las empresas de micros del AMBA advierten que podrían volver a recortar servicios
Las cámaras empresarias del transporte automotor de pasajeros del AMBA se declararon en estado de emergencia y alertaron que, si no reciben respuestas oficiales antes del 30 de abril, podrían profundizar la racionalización del servicio. El reclamo apunta al aumento del gasoil, otros costos operativos y una deuda que estiman en $128.000 millones.
El planteo fue firmado por la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA), la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA) y la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (CEUTUPBA). Según expresaron, esperan recibir respuestas “concretas, inmediatas y verificables” en una reunión convocada para el jueves 30 de abril en la Secretaría de Transporte de la Nación.
El conflicto no es nuevo. A comienzos de abril, las empresas ya habían reducido frecuencias como respuesta al fuerte encarecimiento del gasoil, una decisión que generó complicaciones para miles de usuarios, sobre todo en horarios de alta demanda. Ahora, si no aparece una salida en la reunión del jueves, las cámaras avisaron que podrían profundizar esas medidas de racionalización, especialmente en los servicios de menor demanda, como los nocturnos.
Uno de los ejes del reclamo pasa por la deuda acumulada con el sector. Las empresas sostienen que el Estado mantiene atrasos por más de $128.000 millones en concepto de compensaciones y subsidios, y que eso, sumado a la suba de costos operativos, dejó al sistema al borde del colapso. En esa línea, plantean que vienen sosteniendo el servicio con un esfuerzo financiero cada vez más difícil de soportar.
El combustible aparece como uno de los factores más pesados de la discusión. Según datos citados por Infobae y atribuidos a la AAETA, el valor de mercado del gasoil se mueve entre $2.100 y $2.444 por litro, mientras que la estructura de costos oficial vigente desde enero reconoce unos $1.750. Esa brecha, dicen las empresas, termina desacomodando toda la ecuación económica del servicio.
Por ahora no hay una nueva reducción efectivizada, pero sí una advertencia formal que vuelve a poner en tensión al transporte metropolitano.
