Política
La Argentina se alineó con el rechazo en una resolución histórica sobre la esclavitud
La Asamblea General de la ONU aprobó ayer miércoles 25 de marzo una resolución que declara a la trata transatlántica de africanos esclavizados y a la esclavitud racializada como “el crimen contra la humanidad más grave”.
La votación terminó con 123 votos a favor, 52 abstenciones y apenas 3 rechazos: Estados Unidos, Israel y la Argentina. La decisión, de fuerte peso político aunque no vinculante, volvió a dejar al gobierno de Javier Milei en una posición de aislamiento frente a una definición internacional sobre memoria, reparación y derechos humanos.
La postura argentina adquiere además una carga política especial. A pocos días de haberse cumplido 50 años del golpe de Estado de 1976, y en un contexto atravesado por fuertes discusiones sobre memoria, derechos humanos y el rol del Estado frente a los crímenes del pasado, el rechazo a esta resolución aparece como un nuevo gesto de confrontación con agendas históricamente asociadas en la Argentina a las banderas de Memoria, Verdad y Justicia. Aunque se trata de hechos distintos y de planos diferentes, la votación en la ONU refuerza una línea política que vuelve a mostrar al Gobierno nacional en una posición incómoda frente a consensos democráticos construidos durante décadas.
El texto, identificado como A/80/L.48 y luego adoptado como A/RES/80/250, fue impulsado por la Unión Africana con liderazgo de Ghana. Entre sus ejes centrales, la resolución reclama avanzar en diálogos de buena fe sobre justicia reparadora, incluyendo disculpas formales, restitución, compensación, rehabilitación y garantías de no repetición, además de pedir la devolución de bienes culturales y archivos extraídos durante ese período.
La foto diplomática dejó a la Argentina en el lote más chico y más duro de la Asamblea. No se abstuvo, como hicieron el Reino Unido y buena parte de la Unión Europea, sino que votó directamente en contra y quedó alineada con Washington e Israel. En términos políticos, esa escena no pasó inadvertida: mientras una amplia mayoría acompañó una declaración con fuerte densidad histórica y moral, la Casa Rosada eligió pararse del lado del rechazo.
La resolución fue defendida por el presidente de Ghana, John Dramani Mahama, quien llamó a la comunidad internacional a colocarse “del lado correcto de la historia” y presentó la iniciativa como un paso hacia la sanación y la justicia reparadora. Según el planteo de los países impulsores, el reconocimiento formal de la verdad histórica es una condición necesaria para enfrentar las secuelas que la esclavitud dejó en forma de racismo estructural, desigualdades raciales y brechas económicas que todavía persisten.
Las principales objeciones llegaron desde Estados Unidos y desde la Unión Europea, aunque con posiciones diferentes. Washington votó en contra y sostuvo que no reconoce un derecho legal a reparaciones por hechos que, según su postura, no eran ilegales bajo el derecho internacional de la época; además cuestionó que la resolución intentara establecer una jerarquía entre crímenes contra la humanidad. La UE, en cambio, condenó con fuerza la trata esclavista, pero se abstuvo por considerar jurídicamente problemática la formulación que la define como el crimen “más grave” y por rechazar una eventual lectura retroactiva del derecho internacional.
En ese marco, la decisión argentina no puede leerse solo como un detalle diplomático. No se trató de una votación técnica perdida entre cientos de resoluciones, sino de una definición política sobre cómo pararse frente a uno de los procesos más brutales de la historia moderna. El texto no imponía sanciones ni obligaciones automáticas, pero sí fijaba una posición moral e institucional frente a la esclavitud transatlántica y sus consecuencias actuales. Y la Argentina, en una semana especialmente sensible para su propia historia en materia de derechos humanos, eligió votar en contra.
La adopción del texto marca además un nuevo capítulo en el debate internacional sobre reparaciones históricas. Para los países africanos y caribeños que empujaron la iniciativa, el pronunciamiento de la ONU no repara por sí solo siglos de violencia, saqueo y deshumanización, pero sí fortalece un reclamo que ya dejó de ser marginal en el sistema multilateral.
