Sociedad
Caso Loan: la fiscalía volvió a pedir que se fije con urgencia la fecha del juicio oral
Los fiscales federales que intervienen en la causa reclamaron al Tribunal Oral Federal de Corrientes que avance sin más demoras con el inicio del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña. El expediente sigue sin novedades concretas desde la última audiencia preliminar, realizada a fines de febrero.
La causa por la desaparición de Loan Danilo Peña volvió a quedar en el centro de la escena judicial después de que la fiscalía reclamara, otra vez, que se fije de manera urgente la fecha para el inicio del juicio oral. El pedido fue presentado por los fiscales generales Carlos Schaefer y Tamara Ahumada Pourcel ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes, en un contexto de fuerte malestar por la falta de avances concretos en el expediente.
Según trascendió, la causa permanece prácticamente inmóvil desde la última audiencia preliminar, que se realizó a fines de febrero. En aquel momento, el tribunal había informado que iba a reconsiderar la fecha del 7 de octubre de 2026 para el inicio del debate oral, pero desde entonces no hubo una definición firme.
Loan fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 en el paraje Algarrobal, en la localidad correntina de 9 de Julio, durante un almuerzo familiar en la casa de su abuela. La hipótesis principal de la acusación sostiene que el niño fue apartado por un grupo de adultos bajo la excusa de ir a buscar frutas a un naranjal cercano, y que luego fue sustraído y ocultado deliberadamente.
En su presentación, la fiscalía también pidió que intervenga en el juicio un equipo ampliado de siete fiscales y auxiliares, junto con la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX). El planteo generó objeciones por parte de algunas defensas, que interpretaron que esa participación múltiple podría provocar un desequilibrio procesal.
Frente a eso, el Ministerio Público Fiscal respondió que la magnitud y complejidad del caso justifican una intervención reforzada. Entre otros argumentos, señalaron que el expediente reúne dos causas acumuladas, más de 90 cuerpos y cerca de 900 páginas de prueba digitalizada, por lo que entienden que el debate oral necesita una estructura acorde a ese volumen.
Además, la fiscalía remarcó que la ley no limita la cantidad de fiscales que pueden actuar en un juicio y que el Ministerio Público funciona como un “órgano único e indivisible”. Según ese criterio, la actuación conjunta no afecta garantías constitucionales y se ajusta al sistema acusatorio que rige en la jurisdicción desde diciembre de 2025.
En contraste, algunos defensores plantearon que debería aplicarse una lógica similar a la que restringe a dos los defensores por imputado. Sin embargo, la fiscalía citó antecedentes judiciales que avalan la presencia simultánea de varios representantes del Ministerio Público cuando la complejidad del caso así lo exige.
Dentro del escrito presentado al tribunal, los fiscales subrayaron que la demora no solo afecta a la investigación, sino también a los derechos de todas las partes involucradas. En ese punto, remarcaron que la familia de Loan sigue sin acceder a una respuesta judicial de fondo, mientras el niño continúa desaparecido y los imputados permanecen sometidos a un proceso que no termina de avanzar hacia la etapa oral.
Los siete principales acusados por la desaparición son Antonio Benítez, Daniel “Fierrito” Ramírez, Mónica Millapi, Laudelina Peña, María Victoria Caillava, Carlos Pérez y el excomisario Walter Maciel. A todos se les atribuyen maniobras vinculadas con la sustracción, el ocultamiento y el posible traslado ilegal de Loan, además de acciones orientadas a entorpecer la investigación.
La causa también incluye a un segundo grupo de imputados relacionados con la llamada Fundación Dupuy. Según la fiscalía, esas personas habrían desplegado maniobras para interferir en el expediente, manipular testimonios y retener a menores y adultos bajo supuestos fines de protección, además de otras conductas investigadas como presunta estafa a la administración pública, encubrimiento y usurpación de títulos.
