Política
Reforma de la Ley 15.513: un paso hacia una justicia alimentaria más ágil en la provincia
Un informe de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de La Plata analiza los alcances de la nueva normativa, que busca acelerar los procesos judiciales y garantizar el cumplimiento efectivo de las cuotas alimentarias, incorporando perspectiva de género y herramientas tecnológicas.
En un contexto donde el incumplimiento de la cuota alimentaria continúa siendo un problema estructural que afecta a miles de familias en la provincia de Buenos Aires, la reforma de la Ley 15.513 se presenta como una respuesta normativa orientada a modernizar y agilizar los procesos judiciales. Así lo sostiene un reciente informe elaborado por la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de La Plata (UCALP), a partir del trabajo de la Dra. María Donato, directora de posgrados.
El estudio —publicado en el Repositorio Institucional de la UCALP— analiza cómo esta reforma apunta a superar barreras burocráticas históricas y reducir desigualdades que, en la práctica, han demorado la protección de niños, niñas y adolescentes.
Uno de los ejes centrales del trabajo es que la modificación legal no implica únicamente un cambio formal, sino una transformación en las herramientas disponibles para los jueces. Entre las principales innovaciones, se destaca la posibilidad de fijar alimentos provisorios desde el primer despacho judicial, lo que permite garantizar una tutela urgente sin dilaciones.
Así mismo, se introduce la figura de la prueba indiciaria, una herramienta clave en contextos de informalidad laboral, ya que habilita a los magistrados a inferir la capacidad económica del alimentante a partir de indicios, ante la dificultad de contar con comprobantes formales de ingresos.
En materia procedimental, la ley también incorpora mecanismos de notificación más ágiles mediante el uso de medios electrónicos y mensajería instantánea, dejando atrás la dependencia exclusiva del soporte papel, que históricamente generaba demoras significativas.
Otro aspecto relevante es el endurecimiento de las sanciones frente al incumplimiento. La reforma prevé la inscripción automática en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM) y la imposición de multas más elevadas en casos de incomparecencia, con el objetivo de reforzar el carácter coercitivo del sistema.
El informe subraya que la cuestión alimentaria no debe ser entendida únicamente en términos patrimoniales, sino como un derecho humano fundamental. En ese sentido, retoma datos de 2022 que evidencian que el 52 % de los progenitores varones no participa en tareas de cuidado, lo que implica una sobrecarga económica y emocional que recae mayoritariamente en las mujeres.
En línea con este diagnóstico, la Ley 15.513 incorpora de manera explícita la perspectiva de género, al reconocer el incumplimiento alimentario como una forma de violencia económica. A su vez, refuerza el principio del interés superior del niño, incorporando parámetros objetivos —como la Canasta de Crianza del INDEC— para establecer cuotas más justas y acordes a la realidad.
No obstante, el trabajo advierte que los avances legislativos no garantizan por sí solos resultados efectivos. La Dra. Donato señala que la implementación de la reforma requiere de un cambio cultural y profesional dentro del sistema judicial.
Entre los principales desafíos, se destaca la necesidad de uniformar criterios entre los distintos juzgados de familia, promover la capacitación continua de operadores judiciales y equipos interdisciplinarios, y asegurar un compromiso institucional que otorgue eficacia real a las sanciones previstas.
“La eficacia de la reforma no depende únicamente de su texto, sino de la voluntad institucional y el compromiso social para asegurar que el derecho alimentario se traduzca en una protección material”, concluye la especialista.
