Política
La Justicia bonaerense ordenó al Estado garantizar un ingreso mínimo a una madre con hijos a cargo
La Suprema Corte provincial confirmó una sentencia que obliga a otorgar una prestación equivalente al salario mínimo ante un cuadro de extrema vulnerabilidad.
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ratificó un fallo que ordena al Estado provincial otorgar un ingreso mensual equivalente al salario mínimo, vital y móvil a una mujer en situación de indigencia, con el objetivo de asegurar condiciones básicas de subsistencia para ella y sus cuatro hijos.
El caso se originó a partir de una demanda presentada por la madre, quien acreditó ser el único sostén del hogar y atravesar una situación de extrema vulnerabilidad. Según se detalló en el expediente, tres de sus hijos tienen discapacidades severas y sus ingresos provenían únicamente de trabajos domésticos informales.
Un fallo confirmado en todas las instancias
La medida había sido dispuesta en primera instancia por el Juzgado Contencioso Administrativo N°4 y luego confirmada por la Cámara de Apelación de La Plata. Frente a esto, la Fiscalía de Estado presentó un recurso para revertir la decisión, argumentando una supuesta intromisión del Poder Judicial en facultades del Ejecutivo.
Sin embargo, el máximo tribunal bonaerense rechazó ese planteo por considerar que no aportaba fundamentos suficientes y que reiteraba argumentos ya analizados en instancias previas.
Garantía de derechos fundamentales
En su resolución, la Corte sostuvo que la intervención judicial en este tipo de casos no implica una invasión de competencias, sino el cumplimiento de su rol de garantizar derechos fundamentales cuando existen situaciones de vulneración.
Además, remarcó que el Estado tiene la obligación de adoptar medidas concretas, especialmente cuando están en juego derechos de niños, niñas y personas con discapacidad, y cuando las políticas públicas existentes no alcanzan para revertir la situación.
Un criterio excepcional
Si bien uno de los votos calificó la solución como “heterodoxa” por tomar como referencia el salario mínimo, los jueces consideraron que se trata de una medida razonable frente a la falta de respuestas adecuadas por parte del Estado.
No obstante, dejaron abierta la posibilidad de que la administración provincial, en la etapa de ejecución, pueda reemplazar esta modalidad por otras prestaciones que resulten eficaces para garantizar los derechos de la familia.
El fallo sienta un precedente relevante en materia de derechos sociales, al reafirmar el deber estatal de intervenir en contextos de extrema vulnerabilidad.
