Sociedad
Nuevo capítulo del caso Generación Zoe
La defensa de Leonardo Cositorto apelará el procesamiento y denuncia un “incumplimiento forzado”.
La causa judicial contra Leonardo Cositorto sumará un nuevo capítulo en la Justicia Federal. La defensa del líder de Generación Zoe presentará una apelación contra el procesamiento por asociación ilícita y estafas reiteradas, en el marco de una audiencia prevista ante la Sala II de la Cámara Criminal y Correccional Federal.
Según la presentación realizada por los abogados defensores, Aixa Petriati y Martín Bagala, el colapso financiero de la firma no habría sido producto de una maniobra fraudulenta inicial sino consecuencia directa de la intervención judicial y administrativa que bloqueó cuentas y paralizó operaciones de la empresa.
La estrategia judicial de la defensa apunta a desmontar una de las acusaciones centrales de la causa: la existencia de una asociación ilícita. Los abogados sostienen que Generación Zoe funcionaba como una estructura empresarial “lícita” con más de 37 rubros comerciales activos, entre ellos educación, gastronomía, minería y real estate.
En ese sentido, citarán jurisprudencia de la Corte Suprema para argumentar que la multiplicidad de operaciones comerciales no implica necesariamente la existencia de una organización criminal.
Uno de los ejes más fuertes del planteo será la denominada teoría del “incumplimiento forzado”. Según la defensa, Zoe cumplió durante 31 meses consecutivos con pagos y retornos prometidos a sus inversores, hasta que las medidas judiciales y administrativas generaron una corrida financiera que terminó afectando la liquidez de la compañía.
Además, los abogados aseguran que sí existía una contraprestación concreta para los clientes. En el escrito sostienen que la plataforma educativa de Generación Zoe ofrecía 33 cursos de coaching y liderazgo que funcionaban de manera efectiva y contaban con miles de alumnos activos.
Otro de los puntos que promete generar fuerte repercusión es la denuncia vinculada a la desaparición de activos digitales de la empresa. La defensa afirma que durante el período en el que Cositorto permanecía incomunicado habrían desaparecido 611 bitcoins valuados en aproximadamente 70 millones de dólares, además de fondos depositados en cuentas bancarias.
En ese contexto, solicitarán que la Justicia Federal investigue el presunto desvío de capitales pertenecientes al holding y a los ahorristas afectados.
La apelación también cuestiona duramente la actuación de la fiscal de Villa María, Juliana Companys. Según el documento presentado, la instrucción de la causa habría sido transformada en un “show mediático” vinculado al documental de Netflix sobre Generación Zoe.
Por otra parte, la defensa insistirá con el pedido de unificación de las distintas investigaciones abiertas en el país dentro del Juzgado Federal N°12, cuestionando lo que consideran una “fragmentación” de causas judiciales en distintas provincias.
El caso Generación Zoe tuvo un fuerte impacto en todo el país y también repercutió en la provincia de Buenos Aires, donde cientos de personas denunciaron pérdidas económicas tras el derrumbe de la estructura financiera encabezada por Cositorto.
La audiencia clave ante la Cámara Federal está prevista para el 19 de mayo y podría marcar un punto importante en el futuro judicial del empresario, detenido desde 2022 y acusado de liderar una presunta megaestafa piramidal.
