Editorial

Pronunciamiento ante declaraciones estigmatizantes y el avance de la rusofobia en la República Argentina

Leonel Sánchez Alpino

06 May, 2026

Buenos Aires, Miércoles 6 de mayo de 2026

Al Señor Presidente de la Nación, Javier Milei
A la Señora Ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva
A los Señores Miembros del Honorable Congreso de la Nación
A la Opinión Pública

Señores:

Los abajo firmantes, miembros del Consejo Coordinador de las 26 organizaciones de Compatriotas de Rusia residentes en la Republica Argentina y en representación de la comunidad de ciudadanos rusos y rusoparlantes residentes en la Argentina, nos dirigimos a ustedes con profunda preocupación. Lo hacemos en el marco de lo dispuesto por la Constitución Nacional, la Ley 23.592 contra Actos Discriminatorios, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (Ley 17.722) y demás normativas de derechos humanos que protegen a todas las personas contra cualquier forma de estigmatización por razón de su nacionalidad.

Desde hace meses, observamos un preocupante incremento de manifestaciones de rusofobia en el espacio público, los medios de comunicación y, lo que resulta más grave, en declaraciones de altas autoridades del gobierno nacional.

Recientemente, la Señora Ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, formuló acusaciones públicas contra ciudadanos rusos, vinculándolos genéricamente a supuestas redes de "ciberinfluencia" y desinformación política sin presentar pruebas fehacientes ante la justicia que sustenten dichas afirmaciones. Las expresiones de la Ministra Monteoliva, replicadas y amplificadas por diversos medios de comunicación, han sido elocuentes en su intención de construir una imagen negativa y generalizada hacia las personas de origen ruso: "Este es Dmitry Novikov, ciudadano ruso. Ingresó al país como turista, pero no vino a turistear. Operaba en Argentina como parte de una red internacional de ciberinfluencia (...). Este ruso no vuelve. En Argentina hay reglas claras. El que viene a atentar contra la vida, la libertad y el orden recuperado se va".

En una línea similar, el ministerio publicó un video donde la funcionaria sostiene que el ciudadano ruso "venía a operar, desestabilizar y atentar contra nuestras instituciones" y que su presencia constituía "una amenaza para el orden democrático".

El eje central de nuestra preocupación radica en que, a partir de la investigación de un caso concreto, las declaraciones de la Ministra Monteoliva han sido utilizadas para construir un relato que generaliza sospechas hacia toda la colectividad rusa.

Esta dinámica, que la prensa ha comenzado a denominar como parte del avance de la ”rusofobia” en el país, encuentra su correlato en ataques concretos contra nuestra comunidad, como la vandalización de la Catedral Ortodoxa Rusa en el barrio de Palermo y el sabotaje a la plaza de la Federación de Rusia en Belgrano. Estos ataques son la consecuencia directa de un clima de opinión que construye al “ruso” como sinónimo de “amenaza”, “espía” o “desestabilizador”.

La legislación argentina es clara y avanzada en materia antidiscriminatoria:

La Ley 23.592 establece en su Artículo 1° que será sancionado quien arbitrariamente menoscabe el pleno ejercicio de derechos sobre bases igualitarias, considerando particularmente actos discriminatorios determinados por motivos de nacionalidad.
Su Artículo 2° agrava las penas de cualquier delito cuando sea cometido “por persecución u odio a una raza, religión o nacionalidad”.
Su Artículo 3° reprime con prisión a quienes “alentaren o incitaren a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas”.

Por su parte, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (Ley 17.722), de jerarquía constitucional, obliga al Estado argentino a condenar toda propaganda basada en la superioridad racial o de origen nacional que tenga por objeto incitar a la discriminación racial.

Cuando una ministra de Estado afirma, sin presentar pruebas judiciales concluyentes, que un ciudadano ruso “vino a atentar contra la vida, la libertad y el orden recuperado”, y sentencia que “este ruso no vuelve” haciendo de la nacionalidad el rasgo identitario que define la conducta de una persona, está construyendo una asociación indebida entre origen nacional y peligrosidad.

Esta asociación, replicada por los medios, genera consecuencias concretas para miles de ciudadanos de origen ruso que residen legalmente en el país. La caza de brujas contra todo aquel que profese la cultura rusa que ya denunciamos oportunamente se ha visto agravada en los días recientes.

Solicitamos respetuosamente a las autoridades nacionales que se abstengan de realizar declaraciones que asocien la nacionalidad de una persona con la comisión de delitos sin condena firme que así lo determine. El principio constitucional de presunción de inocencia (artículo 18 de la Constitución Nacional) debe prevalecer sobre cualquier consideración de origen nacional.
Exigimos que se investigue y sancione a los responsables de los actos de vandalismo cometidos contra los lugares de culto y espacios públicos vinculados a la comunidad rusa, en cumplimiento de la Ley 23.592 que expresamente sanciona estos actos.
Rechazamos enfáticamente cualquier intento de estigmatización colectiva. La comunidad ruso argentina es parte de este país hace décadas. Con 140 años de relaciones diplomáticas y el aporte de más de cinco olas migratorias, hemos contribuido al desarrollo nacional desde nuestra diversidad. Rechazamos con la misma energía a quienes cometan delitos, cualquiera sea su nacionalidad, como defendemos el derecho de los inocentes a no ser perseguidos por su origen étnico.
Repudiamos cualquier restricción migratoria o normativa que vulnere derechos adquiridos de familias rusoparlantes, afectando el acceso a salud y educación de personas que decidieron por cualquier motivo emigrar a la República Argentina.

Las democracias sólidas no se construyen sobre la base del señalamiento colectivo ni del odio hacia una nacionalidad determinada. El camino emprendido hacia la rusofobia institucionalizada es incompatible con el Estado de Derecho y los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina.

No aceptamos que se utilice a nuestra comunidad como chivo expiatorio de problemas políticos internos. En Argentina, juzgamos a las personas por sus actos concretos y no por su nacionalidad. Y en Argentina, la discriminación por origen nacional es un delito que debe ser perseguido de oficio, con independencia de quién sea su autor.

Esperamos que este llamado sea recibido con la atención que merece.

Sin otro particular, saludamos a ustedes atentamente.

Consejo Coordinador de Organizaciones de Compatriotas de Rusia en Argentina (CCOCRA)

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