Política

¿Para cuándo los Precios Justos en los Servicios Públicos?

Por Ariel H. Ferrari

En termino generales, son declarados como Servicios Públicos, aquellos que, en términos sociales, son necesarios y que, muy probablemente, no sean rentables como para que sean provistos por varios oferentes. En términos más sencillos, no habría empresas que fueran a competir por brindar un servicio básico, ya que en la disputa por la zona geográfica no seria rentable para ninguna de las empresas y, por ende, el servicio no se suministraría, aunque los ciudadanos los quieran, los soliciten y los necesiten.

La solución hallada es que el estado tome riendas en el asunto y suministre los servicios, o que por el contrario regule su prestación asignando zonas geográficas exclusivas.

En este grupo se servicios podríamos incluir a todos los que hoy están subsidiados asimétricamente por el gobierno nacional, pero en este articulo nos ocuparemos de el suministro de Gas, Agua y, especialmente, Electricidad.

Por lo general, la prestación de estos servicios constituye lo que en economía denominamos “monopolios naturales”, habida cuenta de que la inversión realizada por el prestador es tan importante que no podría recuperarla si tuviera un competidor. 

Esto determina, del otro lado del mostrador, que los ciudadanos están imposibilitados de elegir al prestador. Según sea la ubicación geográfica del usuario, tendrá asignado un proveedor y no otro.

Existe un problema adicional a estas prestaciones y es que las empresas solo desearan prestar servicios allí donde exista mayor concentración urbana. Es decir que no estarán interesadas a brindar el servicio en zonas rurales, poblaciones de baja densidad, ni a zonas marginales.

No hay dudas que la provisión de agua corriente y potable, suministro eléctrico y gas de red cumplen con las necesidades sociales de cualquier ejido urbano que se precie de ser relativamente desarrollado. Sin embargo, en nuestro país, existe una dramática discriminación de un servicio de calidad y en forma homogénea por todo el territorio. 

La red de gas solo cubre áreas urbanas muy concentradas, debiendo resolver el resto de la población sus necesidades de suministro mediante gas licuado envasado. Esto en un país como el nuestro con reservas gasíferas que nos ubican en el segundo o tercer puesto a nivel mundial. 

Por su parte, el agua de red no es homogénea ni distribuida solidariamente en toda la extensión de nuestro territorio, pese a ser poseedores de ingentes fuentes de agua dulce. Por su parte, el suministro eléctrico esta a cargo de grades empresas en el caso de grandes ciudades y el resto del país debe conformar cooperativas para el armado de red de suministro.

En la zona de mayor caudal electoral, digamos CABA y conurbano bonaerense, el gobierno nacional subsidia estos servicios públicos, obligando a las empresas proveedoras a no aumentar los precios. Esto per se, es altamente discriminatorio, ya que el precio no es el mismo para todos, y adicionalmente, el déficit generado por estas practicas si son socializados por toda la población ya sea por utilización de impuestos generales, ya sea por emisión monetaria e la inflación que la misma genera.

Para evitar el efecto nocivo en la macroeconomía que genera el atraso tarifario, el FMI solicita al gobierno el aumento de los precios. Considerando el efecto político contrario que genera el tarifazo, máxime en un año electoral, se ha dispuesto aumentos porcentuales sin ningún tipo de estudio especifico.

La propuesta política, es determinar zonas en las cuales el precio sería superior al resto. Esta discriminación de precios no corresponde a una asignación justa, ya que no contempla ni la formación del costo de los suministros ni la condición de los usuarios.

Para que existan precios justos en estos servicios públicos bajo análisis deberíamos determinar los costos, definir las bases de asignación y determinar los consumos específicos.

En el caso del gas, lo más justo, seria tener un plan integral de redes de suministro para poder llevar a casos muy puntuales la utilización de gas envasado. Tengamos en cuenta que esto significaría la reducción en la rentabilidad de un segmento de negocios muy importante. Pero si evaluamos al usuario, advertimos sin sorpresa, que los consumidores de gas envasado son las clases más humildes y/o marginadas.

En el caso del agua, correspondería hacer la misma sugerencia de ampliación de la red a todos los pobladores. En este rubro, la desigualdad es notoria. Gran parte de la población “pudiente” utiliza agua, por ejemplo, para llenar la pileta de natación, mientras que en bastas zonas pobladas no hay suministro. Otros ejemplos de inequidad es el cobrar suministro por metro cuadrado. Es por todos conoció el hecho de pagar agua por la posesión de un terreno o incluso una cochera que no tiene ni una canilla de suministro.

Podríamos abundar en el análisis de estos dos rubros, pero hoy analizaremos el suministro eléctrico.

Aplicando un poco de teoría de costos advertimos que el gas y el agua, son generados para almacenarlos, y luego suministrarlos. En el caso del suministro eléctrico, es distinto, ya que no podemos acumularlo. Por este motivo, el costo de la electricidad es distinto minuto a minuto, ya que depende de la demanda del suministro.

Existe un consumo constante mínimo durante el día, que será cubierto por los productores más baratos, y generalmente más ecológicos en su producción. 

A medida que los consumos se elevan, entran en producción nuevos jugadores que son más costosos y menos limpios. Por lo dicho, el costo por el Kilowatt / hora, en caso de consumo de hora pico, será el promedio de los distintos oferentes, y claramente, será mucho más caro que en un horario básico.

Pero para aumentar la injusta asignación en la facturación, se cobrará igual importe a dos vecinos con igual consumo mensual, sin importar si uno de ellos hizo un uso eficiente del servicio aprovechando los momentos de menor costo, ya que el medidor eléctrico no puede discriminar el momento del consumo, sino el consumo total entre dos fechas antojadizas. La medición se realiza en forma manual, y no pocas veces es estimada.

La asignación exacta por consumo realmente realizado es posible. Solo requiere aplicar lo ya resuelto. Hace poco más de tres años, el gobierno nacional determino la necesidad de cambiar los medidores de luz domiciliaria por nuevos medidores inteligentes. Estos últimos tienen muchas prestaciones que mejorarían el suministro, el impacto ambiental, la satisfacción del usuario y la aplicación de una tarifa justa.

Es que los medidores inteligentes brindan la información de consumo minuto a minuto, por lo cual es posible discriminar el precio según el consumo especifico en la banda de costos respectiva. Adicionalmente, son bidireccionales, es decir que permite que un usuario que genere energía propia (solar, eólica, etc.) pueda se volcada a la red en caso de no uso. También, es posible actuar en forma proactiva en el caso de corte de suministro ya que el funcionamiento del medidor es controlado mediante una plataforma de control continuo. Asimismo, seria posible generar cortes preventivos o parciales, en caso de emergencia en la red, o en caso de falta de pago. Es posible definir suministro prepago mediante la compra anticipada de Kilowatts hora, propendiendo a un mayor control por parte del usuario de sus consumos. Permitiría determinar rápidamente la fuga de electricidad ante consumos con desvíos muy marcados en relación con la media.

Es decir que el estado ya reconoció y tiene las herramientas tecnológicas necesarias para actuar en forma correcta.

Por todo lo dicho, nos surge la pregunta: ¿Para cuando los Precios Justos en los Servicios Públicos?