Política
Bullrich se corta sola y negocia cambios al Súper RIGI para conseguir los votos
El Gobierno busca aprobar el régimen de incentivos sin modificaciones, pero La Libertad Avanza no reúne por sí sola las mayorías necesarias. Los bloques aliados reclaman mayores garantías para la industria nacional y condiciones energéticas especiales para los grandes proyectos vinculados con inteligencia artificial.
El oficialismo enfrenta una nueva negociación en el Senado para intentar destrabar el proyecto del denominado Súper RIGI, una de las principales apuestas económicas del Gobierno para atraer grandes inversiones. Aunque la Casa Rosada pretende que la iniciativa sea aprobada sin cambios, La Libertad Avanza no cuenta con los votos suficientes para imponer su versión y Patricia Bullrich abrió conversaciones con los bloques aliados para alcanzar un acuerdo.
La negociación se concentra principalmente en dos puntos: la protección de los proveedores y las industrias nacionales y el abastecimiento energético de los grandes proyectos electrointensivos, entre ellos los centros de datos destinados al desarrollo de inteligencia artificial.
La jefa del bloque de LLA reconoció ante sus allegados las dificultades que enfrenta para reunir las mayorías necesarias. “Me encantaría tener 37 votos, pero lamentablemente tengo 21, con lo cual tengo que cerrar acuerdos para las leyes”, habría señalado Bullrich, en una frase que sintetiza el escenario parlamentario del oficialismo.
Uno de los principales planteos apunta a modificar las condiciones de contratación de proveedores locales establecidas en el proyecto aprobado por Diputados.
La iniciativa establece que los planes de inversión incluidos en el régimen deberán contemplar un compromiso de contratación de proveedores locales equivalente, como mínimo, al 20% del monto destinado al pago de proveedores, siempre que exista oferta nacional en condiciones de mercado en materia de precio y calidad.
Los bloques aliados pretenden precisar que ese porcentaje se aplique exclusivamente a bienes efectivamente producidos en la Argentina, con el objetivo de evitar que empresas radicadas en el país pero que importan sus productos sean consideradas proveedores nacionales.
Durante una de las reuniones de trabajo, Diego Leal, presidente del Departamento PyME y Desarrollo Regional de la Unión Industrial Argentina, respaldó la apertura comercial, aunque reclamó condiciones que permitan proteger a la producción local.
“Hoy la industria es un sector transable que compite con el mundo y estamos a favor de una economía abierta, pero de forma inteligente”, sostuvo.
La discusión expone uno de los principales interrogantes alrededor del Súper RIGI: si los beneficios otorgados a las grandes inversiones estarán destinados exclusivamente a atraer capitales o si también contemplarán mecanismos que garanticen un impacto sobre la producción y las empresas nacionales.
El segundo eje de la negociación está relacionado con los denominados inversores electrodependientes.
Los bloques provinciales reclaman que los grandes proyectos que demanden volúmenes extraordinarios de electricidad, especialmente los megacentros de datos vinculados con inteligencia artificial, cuenten con sistemas propios de generación energética.
La preocupación está vinculada con el impacto que podrían tener estas nuevas industrias sobre las redes eléctricas existentes. Para las provincias, el interrogante central es quién deberá financiar las obras y la infraestructura necesaria para garantizar el suministro de esos emprendimientos sin afectar el servicio destinado al resto de la población.
El Gobierno, en cambio, advierte que la incorporación de demasiadas exigencias podría reducir el atractivo del régimen y desalentar las inversiones tecnológicas que busca captar.
El punto genera además diferencias dentro del propio oficialismo. Mientras Bullrich avanzó durante las últimas semanas en conversaciones con los bloques aliados para reunir los votos, el equipo económico encabezado por el ministro Luis Caputo no habría participado de esas negociaciones y tomó conocimiento de algunas de las modificaciones cuando ya habían trascendido públicamente.
Desde la Casa Rosada expresaron reparos sobre determinados cambios, particularmente sobre la obligación de que las nuevas industrias electrointensivas desarrollen mecanismos propios de generación eléctrica.
La eventual incorporación de modificaciones en el Senado tendrá una consecuencia parlamentaria directa: el proyecto deberá regresar a la Cámara de Diputados para que los cambios sean revisados.
En ese escenario, todavía no estaba definido si el plenario de las comisiones de Presupuesto, Economía e Inversión y Legislación General avanzaría con el dictamen necesario para intentar llevar la iniciativa al recinto el próximo 10 de septiembre.
Las comisiones están presididas por Agustín Monteverde (LLA), Martín Goerling Lara (PRO) y Nadia Márquez (LLA).
El oficialismo busca evitar que el proyecto vuelva a quedar trabado en el Congreso, mientras sus aliados intentan aprovechar la negociación para incorporar modificaciones que consideran necesarias para proteger los intereses de las provincias y de la industria nacional.
Qué establece el Súper RIGI
El proyecto busca ampliar el esquema de incentivos para grandes inversiones mediante un régimen especial de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios. Entre sus principales medidas contempla:
- Impuesto a las Ganancias del 15%, acompañado por un esquema de amortización acelerada de las inversiones.
- Certificados de crédito fiscal para cancelar IVA y contribuciones patronales, con una alícuota única del 10%.
- Deducción de quebrantos sin límite temporal.
- Reducción progresiva de la carga sobre dividendos: del 7% al 3,5% después de cuatro años de adhesión.
- Exención de derechos de importación.
- Eliminación de derechos de exportación.
- Supresión de determinadas restricciones y cupos para operar.
- Disponibilidad progresiva de las divisas generadas por exportaciones, hasta alcanzar el 100% a partir del tercer año.
El desafío para Bullrich será ahora alcanzar un punto de equilibrio entre las exigencias de los bloques aliados y la posición de la Casa Rosada, que considera al Súper RIGI una herramienta clave para atraer inversiones de grandes compañías tecnológicas, proyectos de inteligencia artificial y emprendimientos vinculados con minerales críticos.
