Política
Caso AFA: quién es Diego Amarante, el juez que quedó en el centro de la polémica tras la suspensión del fútbol
El titular del Juzgado en lo Penal Económico Nº 5 citó a indagatoria a Claudio “Chiqui” Tapia y le prohibió salir del país en una causa impulsada por ARCA. Su trayectoria judicial, los concursos para ascender y sus antecedentes familiares volvieron a quedar bajo la lupa.
La decisión del juez Diego Amarante de citar a indagatoria al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y prohibirle la salida del país generó un fuerte impacto institucional que derivó en la suspensión de una fecha completa del fútbol argentino.
La medida fue adoptada en el marco de una causa por presunta retención indebida de aportes, impulsada por ARCA (ex AFIP), y se conoció el mismo día en que el Congreso debatía la Reforma Laboral. La coincidencia política y la rapidez con la que avanzó el expediente desataron cuestionamientos desde distintos sectores del ámbito deportivo y judicial.
El magistrado y su recorrido en Comodoro Py
Diego Amarante está al frente del Juzgado en lo Penal Económico Nº 5 desde fines de 2014. Antes de asumir ese cargo, se desempeñó durante más de 15 años como secretario del entonces camarista Eduardo Riggi en la Cámara Federal de Casación Penal.
Su carrera judicial se desarrolló mayormente en esa órbita. En la actualidad, participa en tres concursos ante el Consejo de la Magistratura para ascender a cargos de mayor jerarquía: en la Cámara Federal de Casación Penal, en la Cámara Nacional en lo Penal Económico y en la Cámara Federal porteña.
En el concurso para integrar la Casación Penal —la máxima instancia penal del país— figura octavo en el orden de mérito provisorio. De mantenerse esa posición, podría integrar una de las ternas que luego deben ser elevadas al Poder Ejecutivo para su designación.
La causa contra Tapia y la reacción de la AFA
En el expediente que involucra a la AFA, Amarante citó a indagatoria a Tapia para el 5 de marzo y lo acusó de una supuesta retención de aportes por más de 19.000 millones de pesos. También dispuso la prohibición de salida del país para el dirigente, aunque posteriormente habilitó un viaje oficial a Colombia y Brasil bajo determinadas restricciones.
La convocatoria alcanza además a otros dirigentes, entre ellos el tesorero Pablo Toviggino, y a la propia AFA como persona jurídica.
Desde la entidad del fútbol argentino sostienen que no existe deuda exigible y que las obligaciones fiscales mencionadas fueron abonadas antes de su vencimiento. En ese contexto, calificaron la denuncia como improcedente y anunciaron la suspensión de la fecha 9 de la Liga Profesional en señal de repudio.
La defensa de Tapia presentó una excepción de falta de acción, recurso que fue concedido por el propio juez y que ahora deberá resolver la Cámara de Apelaciones.
Antecedentes y vínculos familiares
El nombre de Amarante también volvió a escena por su historia personal y profesional. Es hijo de Juan José Amarante, mayor retirado del Ejército, quien fue acusado por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en La Pampa. El militar, que se desempeñó como jefe de inteligencia en esa provincia, recibió falta de mérito y no fue condenado.
En su momento, Diego Amarante solicitó licencia en la Cámara de Casación para asumir la defensa legal de su padre, situación que generó cuestionamientos dentro del ámbito judicial.
Además, su trayectoria está ligada a la figura de Eduardo Riggi, ex camarista que fue investigado por presuntas irregularidades en la causa por el asesinato de Mariano Ferreyra. En ese expediente, Amarante declaró como testigo y reconoció la existencia de contactos entre Riggi y el ex agente de inteligencia Juan José Riquelme.
Un juez bajo la lupa
El reciente avance en la causa AFA volvió a colocar a Amarante en el centro de la agenda pública. Su decisión tuvo consecuencias directas en la actividad deportiva nacional y abrió un nuevo frente de tensión entre el gobierno y la conducción del fútbol argentino.
Mientras el expediente continúa su curso y la Cámara deberá pronunciarse sobre los planteos de la defensa, el magistrado transita en paralelo concursos clave para su eventual ascenso en la estructura judicial. En ese escenario, cada movimiento procesal adquiere una dimensión política que trasciende lo estrictamente jurídico.
