Punto capital

Condenaron al último secuestrador de Rodolfo Walsh

El exintegrante del Grupo de Tareas 3.3.2 fue declarado culpable por 178 secuestros durante la última dictadura. Había permanecido prófugo durante 15 años en Brasil, donde reconstruyó su vida como ingeniero naval y pastor evangélico.

Gonzalo “Chispa” Sánchez, exagente de Inteligencia de la Prefectura Naval e integrante del aparato represivo que funcionó en la ESMA durante la última dictadura cívico-militar, fue condenado a 16 años y ocho meses de prisión por crímenes de lesa humanidad.

El Tribunal Oral Federal N° 5 de la Ciudad de Buenos Aires lo encontró responsable de haber participado en 178 secuestros, entre ellos el del periodista y militante Rodolfo Walsh, y le impuso además la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos.

La sentencia fue dictada por unanimidad por los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Germán Castelli. La Fiscalía y las querellas habían solicitado una pena de 25 años de prisión. Los fundamentos completos del fallo se conocerán el próximo 22 de octubre.

El juicio, correspondiente al noveno tramo de la megacausa ESMA, había comenzado en octubre de 2025 y tuvo a Sánchez como único acusado. Entre los casos analizados estuvieron los secuestros de Walsh, Norma Arrostito, Dagmar Hagelin, Patricia Roisinblit y Carlos Poblete.

Diecinueve de las víctimas están vinculadas a investigaciones de Abuelas de Plaza de Mayo.

Un hombre de Inteligencia dentro de la ESMA

Sánchez ingresó a la Prefectura Naval Argentina el 1° de enero de 1975, cuando tenía 23 años. Aunque pertenecía al escalafón técnico como constructor naval, rápidamente fue destinado al área de Inteligencia.

En 1977 realizó el curso de ingreso al Servicio de Inteligencia Naval y al año siguiente se incorporó formalmente a esa estructura. Permaneció en la fuerza hasta 1985.

Durante el juicio, la Fiscalía sostuvo que la actividad de Inteligencia era una pieza fundamental del sistema represivo, ya que permitía identificar personas consideradas “subversivas”, recopilar información y organizar los operativos destinados a secuestrarlas.

Aunque su destino en la ESMA no aparece expresamente consignado en su legajo, la acusación logró acreditar su participación mediante documentación, testimonios de sobrevivientes y registros de la propia Armada.

Al menos 33 sobrevivientes lo identificaron dentro del centro clandestino de detención. Los testimonios lo ubicaron circulando por sectores como el sótano, El Dorado, Capucha, Capuchita y La Pecera.

También fue señalado como integrante de las patotas que realizaban los operativos de secuestro y como participante de sesiones de tortura.

Durante el juicio, distintos sobrevivientes reconstruyeron el papel que habría desempeñado Sánchez dentro de la ESMA.

Sara Solarz de Osatinsky recordó que el propio Sánchez se presentó ante ella durante una sesión de tortura y le dijo: “Yo soy uno de los que te secuestró”.

Otros sobrevivientes también lo reconocieron como integrante de los grupos que realizaban los procedimientos. Ana “Rosita” Soffiantini declaró que “Chispa” había participado del operativo contra Rodolfo Walsh.

El fiscal Félix Crous sostuvo durante su alegato que no existían dudas sobre su pertenencia al Grupo de Tareas 3.3.2 y su actuación dentro del centro clandestino.

La documentación incorporada al expediente también fue determinante. Entre ella apareció una resolución secreta de 1978 mediante la cual la Armada distinguió a integrantes que habían participado en “operaciones reales de combate”. Entre los oficiales de Prefectura reconocidos figuraban Héctor Febres y Gonzalo Sánchez.

Dos fugas a Brasil y sus nuevas vidas

Después de la dictadura, Sánchez continuó vinculado a la Prefectura hasta 1985. Años después se instaló en Brasil y comenzó una nueva vida.

Cuando el juez Sergio Torres lo citó a indagatoria en 2005 por la causa relacionada con el secuestro y asesinato de Rodolfo Walsh, ya no se encontraba en Argentina. Fue declarado en rebeldía y en 2009 Interpol emitió una notificación roja para localizarlo.

Sánchez había logrado establecerse en la región de la Costa Verde de Río de Janeiro. Allí volvió a trabajar como ingeniero naval y participó en la creación de un astillero.

El 7 de febrero de 2013 fue detenido en Paraty por la Policía Federal brasileña e Interpol. Solicitó asilo político, pero el pedido fue rechazado.

En 2016 obtuvo prisión domiciliaria, aunque posteriormente violó esa medida mientras continuaba el proceso de extradición.

Finalmente, en 2017 el Supremo Tribunal Federal de Brasil autorizó parcialmente su extradición. La decisión estableció que podía ser juzgado en Argentina por delitos vinculados con la privación ilegítima de la libertad, pero no por otros hechos como las torturas y homicidios, debido a las condiciones jurídicas de la extradición.

A comienzos de 2020, cuando las autoridades brasileñas fueron nuevamente a buscarlo, Sánchez había vuelto a escapar.

Interpol inició entonces un operativo que se extendió durante tres meses. Los investigadores siguieron los movimientos de personas de su entorno familiar y religioso y descubrieron que el exintegrante de la ESMA llevaba una vida como pastor evangélico en una congregación denominada Ministerio Vida.

El 11 de mayo de 2020 fue localizado en una zona rural de Paraty, acompañado por familiares y allegados. Fue detenido nuevamente sin ofrecer resistencia.

Tres días después fue trasladado hasta Foz do Iguaçu en un avión de la Policía Federal brasileña y entregado a las autoridades argentinas en Puerto Iguazú.Desde entonces permanecía detenido en la Unidad Penal 34 de Campo de Mayo.

La condena

Durante el proceso, Sánchez intentó despegarse de las acusaciones. Uno de sus principales testigos de defensa fue su hijo mayor, quien describió la trayectoria profesional de su padre como ingeniero naval, gerente de una flota pesquera, docente y fundador de un astillero en Brasil.

También relató que Sánchez había sido pastor evangélico y que continuaba desarrollando esa actividad dentro de la cárcel.

Antes de conocer la sentencia, el propio acusado sostuvo que quería “finalizar esta etapa que tanto dolor le causa” a su familia y afirmó que nunca había lastimado a nadie.

“Jamás le hice daño a nadie, absolutamente a nadie”, declaró.

Sin embargo, inmediatamente después pidió disculpas y perdón por lo expuesto durante el juicio.

El Tribunal Oral Federal N° 5 finalmente lo declaró culpable y le impuso una pena de 16 años y ocho meses de prisión, cerrando así uno de los procesos que durante años permaneció pendiente contra integrantes del aparato represivo de la ESMA.