Política
Dictaron la prisión preventiva para Albertina Mangini y otros dos acusados por juego clandestino y lavado
El juez de Garantías Agustín Crispo convirtió en prisión preventiva las detenciones de Albertina Mangini, Mauro Perrotta e Ignacio Leonel Marchioni. La investigación apunta a una presunta organización dedicada al juego ilegal, el uso de identidades de terceros y el movimiento de fondos.
La Justicia de La Plata dictó la prisión preventiva para Albertina Mangini, Mauro Perrotta e Ignacio Leonel Marchioni, en el marco de una investigación que busca determinar el funcionamiento de una presunta organización vinculada con el juego clandestino, la utilización de datos de terceros y el lavado de activos.
La decisión fue tomada por el juez de Garantías N° 6 de La Plata, Agustín Crispo, a pedido de la fiscal Betina Lacki, titular de la UFI N° 2.De acuerdo con la resolución judicial, los hechos investigados se habrían desarrollado, con distintos niveles de participación atribuidos a los acusados, entre noviembre de 2023 y junio de 2024.
La causa contempla posibles delitos de asociación ilícita, defraudación mediante uso indebido de datos y lavado de activos agravado.
Según la reconstrucción incorporada al expediente, la estructura investigada habría utilizado distintos paneles de casino virtual clandestino para captar jugadores, administrar fichas, recibir apuestas y efectuar pagos de premios.
La investigación sostiene que quienes administraban esos paneles también transferían parte del dinero obtenido hacia personas encargadas de proveer la infraestructura necesaria para el funcionamiento de las plataformas.
Uno de los aspectos centrales del expediente está relacionado con la presunta utilización de cuentas bancarias y billeteras virtuales registradas a nombre de terceras personas.
De acuerdo con la resolución, para abrir y utilizar esas cuentas se habrían empleado teléfonos celulares con aplicaciones financieras preactivadas, además de documentación y datos biométricos pertenecientes a otras personas.
Qué lugar ocupa Albertina Mangini en la investigación
En el caso de Albertina Mangini, quien se desempeñaba como secretaria de la Oficina de Coordinación con el Patronato de Liberados del Departamento Judicial La Plata, el juez consideró que existen elementos para sostener provisoriamente que habría intervenido en la captación de personas en situación de vulnerabilidad.
Según la investigación, Mangini habría ofrecido dinero a cambio de documentación y datos biométricos que posteriormente serían utilizados para la creación de cuentas digitales.
Uno de los testimonios incorporados al expediente corresponde a una mujer que declaró que Mangini le habló de un hombre llamado “Mauro”, quien supuestamente podía pagarle $80.000 por una cuenta.La mujer relató que fue citada a un bar ubicado en la zona de 7 y 56, donde otras dos personas le solicitaron su documento y realizaron un escaneo de su rostro mediante un teléfono celular.
Según ese testimonio, inicialmente recibió $20.000 y posteriormente Mangini le transfirió otros $60.000. Además, los investigadores incorporaron informes financieros que señalan que Mangini recibió cuatro transferencias por un total de $370.000 desde una cuenta abierta a nombre de la mujer.
El expediente también reconstruyó movimientos registrados durante junio de 2024 entre esa cuenta, Perrotta y posteriormente Mangini.
La acusación contra Mauro Perrotta
En cuanto a Mauro Perrotta, la Justicia valoró distintos elementos que, según la resolución, lo vincularían con la administración de uno de los paneles utilizados para el juego clandestino.
Entre las pruebas analizadas aparece una billetera virtual de Ualá abierta a nombre de una de las víctimas y vinculada a un teléfono registrado a nombre de Perrotta.
También se analizaron conexiones realizadas desde direcciones IP correspondientes a un servicio contratado por el acusado.Durante la investigación, Perrotta declaró y describió el funcionamiento del panel que administraba. Según su relato, se utilizaban cuentas pertenecientes a terceros para cobrar apuestas y pagar premios, mientras que las instrucciones eran recibidas mediante la aplicación Signal.
También hizo referencia a la intervención que la investigación atribuye a Mangini para conseguir nuevas cuentas.
A partir de esos elementos, el juez consideró que existe el grado de probabilidad requerido para esta etapa para atribuirle los delitos de asociación ilícita, defraudación mediante uso indebido de datos y lavado de activos agravado.
Una cuenta registró movimientos por más de $27 mil millones
La investigación también puso el foco en Ignacio Leonel Marchioni, a quien la resolución ubica principalmente en una etapa vinculada con la recepción, circulación y conversión de fondos.
Para analizar su presunta participación fueron consideradas múltiples cuentas bancarias y billeteras virtuales, además de movimientos con otros investigados y operaciones con activos digitales.
Uno de los datos más relevantes del expediente surge de una cuenta de la plataforma Haz Pagos, donde se habría registrado un flujo bruto de $27.149.888.153,28.
Según la resolución, el movimiento estuvo compuesto por más de $13.574 millones en ingresos y una cifra prácticamente equivalente en egresos, con apenas $3 de saldo residual.
El fallo también menciona operaciones relacionadas con Catriel Taubenschlag y movimientos realizados mediante activos virtuales que, de acuerdo con los informes incorporados a la causa, alcanzaron un volumen combinado de 8.390.722,78 USDT, valuado en el análisis judicial en más de $10.868 millones.
En el caso de Marchioni, Crispo consideró provisoriamente acreditada su probable participación en asociación ilícita y lavado de activos.
Sin embargo, el magistrado descartó en esta instancia atribuirle el delito de defraudación informática, al considerar que no había elementos suficientes para vincularlo directamente con la captación de personas, la obtención de datos biométricos o la apertura de las cuentas investigadas.
Prisión preventiva e inhibición de bienes
La situación de Mangini también fue diferenciada en la resolución judicial. El juez mantuvo la imputación por asociación ilícita y defraudación informática, pero consideró que por el momento no existen elementos suficientes para atribuirle responsabilidad penal por el delito de lavado de activos.
Al analizar los pedidos de libertad, Crispo sostuvo que existen riesgos procesales de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Entre otros aspectos, consideró la posibilidad de que los acusados puedan influir sobre testigos y la cantidad de personas que habrían intervenido en la maniobra investigada.
En relación con Mangini, el magistrado también tuvo en cuenta su condición de agente judicial y el contacto que habría mantenido con personas en situación de vulnerabilidad.
Finalmente, el juez convirtió las tres detenciones en prisión preventiva y solicitó al Servicio Penitenciario Bonaerense los correspondientes cupos para su alojamiento en unidades carcelarias.
Además, dispuso la inhibición general de bienes de Mangini, Marchioni y Perrotta mientras continúe el proceso o hasta que exista una resolución que disponga lo contrario.La medida patrimonial tiene carácter cautelar y no implica una condena ni un pronunciamiento definitivo sobre la responsabilidad penal de los acusados.
