Política

El Gobierno decretó la implementación del Código Procesal Penal Federal: qué significa

El Gobierno nacional delegó en la cartera de Mariano Cúneo Libarona la instrumentación en todo el país del Código Procesal Penal Federal, que estaba a cargo de una Comisión Bicameral definida por el Parlamento.

El Gobierno nacional dispuso este lunes, por medio de un decreto, la implementación en todo el país del Código Procesal Penal Federal y dejó la responsabilidad de su aplicación al Ministerio de Justicia, que reemplazará en esa función a una Comisión Bicameral creada para tal fin en el Congreso.

"El Código Procesal Penal Federal entrará en vigencia de conformidad con el cronograma de implementación progresiva que establezca el Ministerio de Justicia", que tendrá la responsabilidad de ponerlo "en funcionamiento en el país", indicó el Decreto 188/2024 firmado por el presidente Javier Milei y todo su gabinete, y publicado hoy en el Boletín Oficial.

Entre sus funciones, el Ministerio de Justicia tendrá, además, la de implementar "en forma progresiva" el Código Procesal "en los distritos de la Justicia Federal y Nacional Penal", como también "coordinar las actividades interinstitucionales necesarias para la puesta en marcha de las nuevas estructuras organizacionales".

Asimismo, la cartera a cargo del ministro Mariano Cúneo Libarona diseñará las "propuestas de readecuación edilicia, recursos y de personal en razón de los requerimientos del proceso de implementación del Código", al igual que los "programas de capacitación de los operadores" de la medida.

En ese sentido, el Ministerio de Justicia promoverá "la celebración de convenios de asistencia técnica y cooperación con entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales"; garantizará "el acceso a la información sobre los avances del proceso de implementación"; y constituirá "un consejo asesor interinstitucional y consultivo al que se informará periódicamente acerca de los avances del proceso de implementación" del Código.

Ese consejo asesor estará integrado por representantes del Consejo de la Magistratura, de los Colegios de abogados, de los magistrados del Poder Judicial de la Nación, del Ministerio Público Fiscal, del Ministerio Público de la Defensa y de las organizaciones de la sociedad civil y gremiales vinculadas a la Justicia.

El Ministerio de Justicia también establecerá, según el decreto, "el criterio de asignación y distribución de los juzgados de garantías respecto a las oficinas judiciales".