Política
El Gobierno derogó la norma que regulaba las cuotas de los colegios privados
El decreto elimina un régimen vigente desde hace más de 30 años y habilita a las instituciones con subsidio estatal a ajustar sus aranceles libremente.
El gobierno de Javier Milei dio un nuevo paso en su política de desregulación. A través del Decreto 787/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, se dispuso la derogación del Decreto 2417/1993, que desde hace más de tres décadas regulaba las cuotas y matrículas de los colegios privados con aportes del Estado.
La medida, firmada por el presidente Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni, y los ministros Sandra Pettovello (Capital Humano) y Luis Caputo (Economía), permitirá que los establecimientos educativos fijen los aumentos de manera autónoma y sin necesidad de autorización estatal, siguiendo —según el texto oficial— “las reglas del mercado”.
Un régimen que duró tres décadas
Hasta ahora, los colegios privados que recibían subsidios estatales estaban obligados a informar y solicitar aprobación previa para cualquier cambio en sus aranceles. Esa disposición formaba parte de un sistema de control que buscaba evitar incrementos desmedidos y garantizar cierta previsibilidad a las familias.
Con la derogación del decreto de 1993, cada institución podrá determinar libremente los montos y la frecuencia de los aumentos, sin rendir cuentas al Estado.
Los argumentos del Gobierno
En los considerandos, el Ejecutivo argumenta que el régimen anterior imponía “limitaciones y requerimientos que dificultan la adaptación de los institutos de enseñanza privada a las realidades económicas del país”.
Además, sostiene que “la intervención estatal en la fijación de aranceles ha generado efectos contraproducentes que afectan el funcionamiento y la viabilidad económica de las instituciones”.
El texto subraya que la exigencia de autorización previa “limita la capacidad de adaptación a las fluctuaciones del mercado”, impidiendo que las escuelas “ajusten sus precios en función de los costos operativos”.
“Libertad de contratación y derecho de propiedad”
El decreto también hace referencia al derecho de propiedad de las instituciones privadas, señalando que “deberían tener la libertad de fijar sus condiciones de contratación y los salarios de sus empleados sin necesidad de autorización estatal”.
Según el Gobierno, la regulación vigente podía “llevar a una precarización de la calidad educativa”, ya que las escuelas “no podían responder adecuadamente a los aumentos de insumos, salarios y gastos operativos” sin aprobación del Estado.
