UNLP
El impacto del ajuste en la UNLP: qué cambió en salarios, obras, investigación y asistencia estudiantil
La Justicia le dio cinco días al Gobierno nacional para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. Mientras el conflicto vuelve a los tribunales, la Universidad Nacional de La Plata atraviesa un escenario de fuerte deterioro presupuestario: el financiamiento perdió poder de compra, los salarios universitarios quedaron por detrás de la inflación y las partidas destinadas a funcionamiento, becas, ciencia e infraestructura siguen bajo presión.
La disputa por el financiamiento de las universidades nacionales volvió a quedar en manos de la Justicia. El juez federal Martín Cormick intimó al Gobierno nacional a cumplir en un plazo de cinco días con la Ley 27.795 y advirtió que podría aplicar multas diarias si no lo hace. La medida alcanza, entre otros puntos, a la recomposición de los salarios docentes y no docentes y a la actualización de las becas estudiantiles.
El conflicto tiene una traducción concreta en La Plata. La Universidad Nacional de La Plata es una de las instituciones más grandes del sistema universitario argentino y cuenta con una comunidad de más de 200.000 personas. Para sostenerla, su presupuesto aprobado para 2026 asciende a $322.996 millones, financiados por aportes del Tesoro Nacional.
El problema es que el aumento nominal de los recursos no alcanza para compensar el deterioro acumulado.
Un presupuesto que crece en pesos, pero pierde capacidad de compra
El presupuesto aprobado por la UNLP para 2026 es de $322.996.335.363. La cifra incluye las erogaciones corrientes y de capital destinadas a las facultades, colegios, dependencias y Presidencia de la Universidad. Como referencia, durante 2025 la Universidad cerró el ejercicio con $294.192 millones devengados y $278.782 millones efectivamente pagados. El crédito total de ese ejercicio había sido de $305.061 millones.
Es decir: entre el crédito total de 2025 y el presupuesto aprobado para 2026 hubo una suba nominal de apenas 5,9%. En un contexto inflacionario, un incremento de ese tamaño no representa una expansión equivalente de los recursos disponibles.
De hecho, el propio Consejo Interuniversitario Nacional había advertido al discutir el Presupuesto 2026 que el proyecto nacional implicaba una caída real del financiamiento universitario y que, para sostener el funcionamiento del sistema en condiciones similares a las existentes, eran necesarios recursos significativamente mayores. El CIN estimó en $7,2 billones el piso necesario para el sistema universitario nacional, frente a los $4,87 billones contemplados originalmente por el proyecto de Presupuesto 2026.
La diferencia no es menor: se trata de una brecha de aproximadamente $2,3 billones respecto del monto que las universidades consideraban necesario para sostener el funcionamiento del sistema.
El salario universitario, uno de los principales puntos de la crisis
El deterioro no se explica solamente por lo que reciben las universidades para pagar las facturas, mantener edificios o comprar insumos. El principal componente del presupuesto universitario son los salarios. En la UNLP, la planta presupuestada para 2026 contempla 15.749 cargos docentes universitarios, 566 cargos docentes preuniversitarios y 3.510 cargos nodocentes.
A nivel nacional, el CIN calculó que entre noviembre de 2023 y febrero de 2026 los salarios universitarios aumentaron 158%, mientras que en el mismo período la inflación acumulada llegó al 280%. Según ese cálculo, los trabajadores universitarios perdieron alrededor de 32% de poder adquisitivo.
Otro análisis, realizado por Chequeado sobre datos de 2026, ubicó la pérdida salarial docente en 34,2% en términos reales desde noviembre de 2023. Para abril de 2026, un docente universitario con dedicación simple y diez años de antigüedad tenía un salario bruto de alrededor de $332.000, según datos de Conadu citados por el medio.
La consecuencia para una universidad como la UNLP es directa: cuando los salarios pierden frente a la inflación, una parte cada vez mayor de los recursos disponibles debe destinarse a sostener una estructura salarial que también perdió capacidad de compra. Eso deja menos margen para el resto de las políticas universitarias.
Funcionamiento: luz, mantenimiento, insumos y edificios
El ajuste también aparece en algo menos visible: los gastos necesarios para que una universidad pueda abrir sus puertas todos los días.
El CIN señaló que el poder adquisitivo de las partidas destinadas a gastos de funcionamiento de las universidades se encuentra actualmente en torno al 40% del valor que tenían en enero de 2023. El organismo calculó además que, en relación con el promedio de las transferencias de funcionamiento de enero-noviembre de 2023, durante la actual gestión se acumuló una pérdida equivalente a casi nueve meses de transferencias.
La UNLP recibió en 2024 un refuerzo extraordinario que elevó en 270% las partidas de funcionamiento respecto de los valores previos, pero ese aumento fue planteado justamente como una recomposición frente a la fuerte pérdida provocada por la inflación.
El problema reaparece cuando esos fondos deben enfrentar costos que continúan aumentando: servicios, mantenimiento, limpieza, seguridad, insumos para laboratorios, equipamiento y funcionamiento cotidiano de las distintas facultades y dependencias.
Las becas también forman parte del problema
La otra cara del ajuste está en los estudiantes. La Ley 27.795 estableció la recomposición de los programas de becas estudiantiles según la inflación acumulada y dispuso además un incremento progresivo de la cantidad de beneficiarios.
En la UNLP, el sistema propio de bienestar universitario alcanza a miles de estudiantes. A junio de 2026 había 1.456 becas vigentes de comedor, mientras que el sistema de becas universitarias registraba 1.857 becas activas, a las que se sumaron otras 253 otorgadas durante 2026.
La Universidad también sostiene ayudas económicas, becas para estudiantes inquilinos, estudiantes con hijos, personas con discapacidad, conectividad, bicicletas, notebooks y otros programas destinados a garantizar la permanencia en las carreras.
El comedor universitario es otro ejemplo concreto. La UNLP subsidia más del 60% del costo del menú y mantiene durante 2026 un precio de $2.800 para estudiantes. Además, más de 10.000 estudiantes, docentes y nodocentes concurren diariamente a alguna de sus cuatro sedes.
En este punto, el deterioro del financiamiento nacional no significa solamente menos dinero para una administración. Significa mayor presión sobre una estructura de contención que la propia Universidad utiliza para sostener las trayectorias educativas.
Ciencia, investigación e infraestructura: el recorte que no siempre se ve
La discusión presupuestaria tampoco termina en las aulas. El sistema universitario nacional sostiene una parte importante de la investigación científica, la formación de investigadores, los laboratorios, los proyectos de extensión y la infraestructura universitaria.
Según el relevamiento presentado por el CIN, en 2025 el poder adquisitivo de las partidas nacionales ejecutadas para fortalecimiento de la ciencia y la técnica en las universidades equivalió al 38,05% del nivel de 2023.
Para extensión universitaria, el porcentaje fue todavía menor: 1,02% del nivel de 2023. En infraestructura universitaria y algunas líneas de acompañamiento de estudiantes vinculadas al programa Progresar, el CIN informó una ejecución equivalente a 0% del nivel de 2023.
La UNLP forma parte de ese sistema científico. Durante 2026, por ejemplo, mantiene convocatorias para estudiantes que buscan iniciar su formación en investigación en áreas que van desde ingeniería y tecnología hasta ciencias médicas, naturales, exactas, sociales y humanidades.
El deterioro presupuestario, entonces, no afecta solamente al funcionamiento inmediato de las facultades. También condiciona la posibilidad de financiar investigación, incorporar equipamiento, sostener becas y desarrollar infraestructura.
La Justicia vuelve a poner el conflicto en el centro
La Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada por el Congreso en 2025 y establece mecanismos de actualización de los gastos de funcionamiento, recomposición salarial y actualización de becas. El Gobierno la vetó, pero ambas cámaras del Congreso insistieron con la norma y la ley quedó registrada bajo el número 27.795.
Ahora, el juez Cormick volvió a exigir su cumplimiento. El Gobierno tiene cinco días para acreditar que avanzó con las medidas ordenadas, bajo apercibimiento de multas diarias. Mientras tanto, el sistema universitario continúa reclamando una recomposición que vaya más allá de aumentos nominales.
Para la UNLP, el problema puede resumirse en una cifra y en una realidad cotidiana: $322.996 millones de presupuesto para 2026, pero con una pérdida acumulada de capacidad de compra que atraviesa salarios, funcionamiento, becas, investigación e infraestructura.
La discusión ya no pasa solamente por cuánto dinero figura en una planilla. La pregunta es cuánto de ese presupuesto permite sostener, en términos reales, la universidad que funciona todos los días en La Plata.
