Política
Ensenada rechaza la extranjerización de tierras y alerta por el impacto de los megacentros de datos
El Concejo Deliberante aprobó un proyecto de resolución impulsado por el concejal Gerardo Preste, del bloque Sekista, contra la venta de tierras a capitales extranjeros y la instalación de grandes centros tecnológicos. La iniciativa advierte sobre el consumo de agua y energía de estas infraestructuras y cuestiona las políticas del Gobierno nacional vinculadas a los recursos estratégicos.
El Concejo Deliberante de Ensenada manifestó su rechazo a la extranjerización de tierras y a la instalación de megacentros de datos tecnológicos en la Argentina. La postura quedó plasmada en un proyecto de resolución presentado por el concejal Gerardo Preste, del bloque Sekista, que pone el foco en la soberanía territorial, la protección de los recursos naturales y las consecuencias ambientales de las inversiones de grandes empresas multinacionales.
La iniciativa cuestiona los cambios impulsados por el Gobierno nacional en materia de regulación de tierras rurales y advierte sobre los efectos que podría tener la radicación de grandes infraestructuras tecnológicas en zonas con recursos hídricos y energéticos estratégicos. Entre los principales puntos señalados se encuentran el consumo de agua para refrigerar servidores, la demanda eléctrica y la cantidad de puestos de trabajo que generan estos emprendimientos.
El posicionamiento del cuerpo legislativo local se suma al debate nacional sobre las condiciones para la llegada de inversiones extranjeras y el control de los recursos naturales. Sin embargo, la situación jurídica de la Ley de Tierras y los alcances de las medidas judiciales vinculadas al DNU 70/2023 deben distinguirse de la postura política expresada por el Concejo.
La Ley de Tierras y los antecedentes de la extranjerización
Durante el tratamiento del proyecto, Preste recordó antecedentes de compras de grandes extensiones rurales por parte de capitales extranjeros y los vinculó con la necesidad de establecer límites a la adquisición de tierras. Entre los casos mencionados estuvo el de una operación realizada en 2008 en la zona rural de Valle Hermoso, en La Rioja, que involucró unas 200.000 hectáreas y que, según lo expuesto por el concejal, incluyó un pueblo con alrededor de 300 habitantes, su escuela y su iglesia.
El edil sostuvo que episodios de este tipo contribuyeron al debate que derivó en la sanción de la Ley 26.737 en 2011. La norma estableció restricciones a la titularidad y posesión de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras, con el objetivo de limitar la concentración de grandes superficies en manos foráneas.
Preste también aludió a situaciones denunciadas en la Patagonia, donde habitantes y trabajadores vinculados al turismo sostienen que las compras de propiedades privadas pueden dificultar el acceso a senderos y sectores de uso histórico. En ese marco, mencionó el caso del guía Julián Pajarola y las restricciones de paso que, según su denuncia, se registraron en zonas de la cordillera neuquina.
Estos planteos forman parte de una discusión más amplia sobre los límites entre el derecho de propiedad privada, el acceso a espacios naturales y la protección de caminos y áreas de uso público. La existencia de restricciones concretas y su legalidad dependen de las características de cada lugar y de las normas aplicables.
El consumo de agua y energía de los megacentros de datos
Otro de los ejes centrales del proyecto es la instalación de grandes centros de datos, infraestructuras que alojan servidores y equipos informáticos para almacenar, procesar y distribuir información digital. Estos complejos requieren energía eléctrica de manera constante y, según su diseño y sistema de refrigeración, pueden utilizar cantidades significativas de agua para controlar la temperatura de sus instalaciones.
Preste cuestionó los argumentos que presentan estos emprendimientos como una fuente masiva de empleo. Según sostuvo durante su intervención, los puestos de trabajo permanentes serían limitados en comparación con la escala de inversión y el consumo de recursos que demandan. También afirmó que parte del personal especializado podría provenir del extranjero, aunque esa composición depende de cada proyecto y no puede generalizarse sin datos específicos.
El concejal advirtió, además, sobre el posible impacto de la demanda de agua y electricidad en las comunidades cercanas. Como ejemplo, mencionó cifras de consumo diario de agua para centros de datos y referencias a restricciones aplicadas en otros países frente a la presión sobre sus sistemas energéticos e hídricos. Esos valores, sin embargo, varían de acuerdo con el tamaño de las instalaciones, la tecnología de refrigeración y las condiciones climáticas, por lo que requieren una evaluación caso por caso.
La preocupación también alcanza a la planificación territorial. Preste cuestionó la posibilidad de que se instalen centros de datos en zonas vinculadas al desarrollo energético de Vaca Muerta y planteó interrogantes sobre el destino de los recursos naturales y la distribución de los beneficios económicos.
Soberanía territorial y cuestionamientos al Gobierno nacional
Durante el debate, el concejal relacionó la discusión sobre tierras y centros de datos con las políticas de apertura económica impulsadas por el presidente Javier Milei. También cuestionó el uso de la expresión “tierra prometida” para referirse a la Argentina y planteó que las inversiones extranjeras deben evaluarse en función de sus consecuencias sociales, ambientales y productivas.
Uno de los escenarios que expuso fue el de comunidades que, ante una eventual escasez de agua o dificultades de acceso a servicios básicos, deban enfrentar disputas legales con empresas que operan bajo contratos o marcos jurídicos complejos. Se trata de una advertencia política sobre posibles conflictos futuros, no de una descripción de un procedimiento judicial que se aplique automáticamente a todos los proyectos de inversión.
El debate sobre la regulación de tierras rurales y las inversiones tecnológicas involucra, por lo tanto, cuestiones diferentes: la propiedad del suelo, el uso de recursos naturales, las obligaciones ambientales, la jurisdicción aplicable a los contratos y los mecanismos de control estatal. Cada una requiere un análisis específico para establecer sus alcances.
La resolución aprobada en Ensenada expresa el rechazo político del Concejo Deliberante a la extranjerización de tierras y a la instalación de megacentros de datos bajo las condiciones cuestionadas por sus impulsores. El pronunciamiento se inscribe en una discusión nacional sobre soberanía territorial, protección ambiental y el papel del Estado frente a las inversiones de grandes empresas.
