Política
Fallo contra la fórmula jubilatoria de Alberto Fernández: la Justicia ordenó recalcular un haber y pagar diferencias
La Cámara Federal de la Seguridad Social declaró inconstitucional el mecanismo de actualización establecido por la Ley 27.609 en una causa individual contra la ANSES. Según el tribunal, la fórmula generó una pérdida de poder adquisitivo del 46,83%. La resolución no implica un aumento automático para todos los jubilados, sino que abre la posibilidad de nuevos reclamos judiciales.
La Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social declaró inconstitucional la fórmula de movilidad jubilatoria establecida por la Ley 27.609, sancionada durante el gobierno de Alberto Fernández, y ordenó recalcular los haberes de un jubilado que inició una demanda contra la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
El tribunal consideró que el mecanismo de actualización aplicado entre 2021 y 2024 provocó un deterioro significativo de los ingresos previsionales frente a la inflación. A partir de esa evaluación, dispuso que se vuelva a calcular la prestación del demandante y que se abonen las diferencias que resulten de la nueva liquidación.
El fallo fue firmado por los jueces Nora Carmen Dorado y Juan Alberto Fantini Albarenque. De acuerdo con el análisis de la Cámara, la pérdida del poder adquisitivo atribuida a la fórmula cuestionada alcanzó el 46,83%.
La diferencia entre la fórmula jubilatoria y la inflación
Para fundamentar su decisión, los magistrados compararon la evolución acumulada de los haberes bajo el sistema establecido por la Ley 27.609 con la que habría resultado de aplicar un mecanismo vinculado a los precios.
Según los números consignados en la sentencia, las prestaciones aumentaron un 553,55% entre marzo de 2021 y marzo de 2024 mediante la fórmula cuestionada. En cambio, de haberse utilizado como referencia la variación de precios, el incremento acumulado habría llegado al 1.129,07%.
La Ley 27.609 estableció un esquema de actualizaciones trimestrales basado en la evolución de los salarios y de la recaudación tributaria destinada al sistema previsional. A diferencia de otros mecanismos de movilidad, no contemplaba una referencia directa a la inflación ni un piso que garantizara el mantenimiento del valor real de los haberes ante una aceleración de los precios.
La Cámara sostuvo que ese diseño comenzó a mostrar sus limitaciones a partir de 2022, cuando la inflación se intensificó y se profundizó la distancia entre los aumentos jubilatorios y el costo de vida.
En su análisis, los jueces señalaron que la fórmula no resultaba necesariamente cuestionable al momento de su aprobación, pero que las condiciones económicas posteriores evidenciaron un desfasaje que terminó afectando los ingresos de los beneficiarios.
Qué resolvió la Cámara sobre los bonos y los refuerzos
Otro de los puntos examinados fue el efecto de los bonos, refuerzos y ayudas extraordinarias que el Gobierno otorgó a determinados sectores de jubilados durante ese período.
El tribunal consideró que esos pagos no debían incorporarse a la comparación utilizada para evaluar la evolución de los haberes, debido a que no forman parte de la prestación ordinaria y no alcanzaron de manera uniforme a todos los beneficiarios del sistema previsional.
En ese sentido, la resolución remarcó que la aceleración inflacionaria dejó en evidencia las limitaciones de un esquema de movilidad que no contemplaba una variable directamente vinculada con los precios.
A partir de ese razonamiento, los magistrados declararon la inconstitucionalidad de la fórmula para el caso analizado y ordenaron recomponer el haber del demandante, con el correspondiente pago de las diferencias que se determinen.
¿El fallo implica un aumento para todos los jubilados?
La decisión no establece una actualización automática para la totalidad de los jubilados y pensionados. Se trata de una sentencia dictada en el marco de una demanda individual, por lo que sus efectos directos alcanzan al beneficiario involucrado en esa causa.
El abogado previsionalista Adrián Tróccoli explicó que el demandante ya había obtenido una resolución favorable en otro juicio contra la ANSES, en el que cuestionó el cálculo del haber inicial con el que ingresó al sistema previsional.
El especialista también planteó que, para determinados jubilados que se retiraron antes de 2020 y perciben haberes medios o altos sin cobrar el bono destinado a reforzar la jubilación mínima, el resultado de este tipo de reclamos podría representar una mejora considerable. Sin embargo, el alcance económico concreto depende de las características de cada caso y de la liquidación que corresponda realizar.
En materia previsional, la jurisprudencia contempla el análisis individual de las situaciones, por lo que la sentencia no garantiza que otros beneficiarios obtengan el mismo resultado ni que reciban un incremento equivalente.
Un nuevo antecedente contra la Ley 27.609
En su resolución, la Cámara sostuvo que la constitucionalidad de una norma no queda definida de manera inalterable desde el momento de su sanción, sino que también debe evaluarse a la luz de sus efectos y de las circunstancias en las que se aplica.
El fallo constituye un nuevo antecedente judicial contra la fórmula de movilidad de la Ley 27.609. La nota original también menciona una resolución de la Cámara Federal de Mendoza que cuestionó el mismo mecanismo y cuyo expediente se encuentra ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El alcance definitivo de estos cuestionamientos dependerá de la evolución de las causas y de los criterios que adopten los tribunales superiores si las decisiones son apeladas. Mientras tanto, el nuevo pronunciamiento refuerza la posibilidad de que los jubilados afectados por la pérdida de poder adquisitivo busquen una revisión judicial de sus haberes, sin que ello implique una modificación general y automática del sistema previsional.
