Sociedad

Fentanilo contaminado: la AGN convocó a familiares y auditará a la ANMAT

La Auditoría General de la Nación pondrá bajo la lupa la actuación de la ANMAT en el caso del fentanilo contaminado, en una causa que ya se convirtió en uno de los mayores escándalos sanitarios de la historia reciente del país.

Este jueves 26 de marzo, desde las 10.30, familiares, allegados y sobrevivientes fueron convocados a un taller de planificación participativa en el edificio Presidente Dr. Raúl Ricardo Alfonsín, paso previo a una auditoría de gestión que buscará revisar cómo funcionaron los sistemas de alerta, control y fiscalización frente al opioide adulterado.

Según la convocatoria difundida en torno al proceso, la auditoría fue impulsada a pedido del Congreso y tendrá como foco la gestión de la ANMAT entre el 1° de enero de 2023 y el 31 de agosto de 2025. El objetivo será analizar los procedimientos y sistemas de alerta, los controles preventivos y de seguridad en la producción, y también la fiscalización y distribución de medicamentos. La propia AGN aclaró que no se trata de un expediente judicial, sino de un control de gestión orientado a identificar fallas significativas y recomendar cambios para que una tragedia de este tipo no vuelva a repetirse.

La auditoría avanza mientras la causa penal que instruye el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, sigue ampliando su dimensión. A fines de enero, el magistrado remitió al Cuerpo Médico Forense un listado de 159 casos vinculados al fentanilo adulterado: 111 corresponden a pacientes fallecidos y 48 a sobrevivientes. Ese relevamiento, elaborado a partir de historias clínicas y estudios bacteriológicos, expuso la magnitud del desastre y dejó abierta la posibilidad de nuevas pericias complementarias.

La investigación también apunta a reconstruir por qué fallaron los mecanismos de detección temprana y retiro del producto. En paralelo al avance judicial, las familias vienen reclamando que se determine si hubo responsabilidades estatales en la cadena de control, con foco no solo en la ANMAT sino también en el INAME y en el Ministerio de Salud. En la documentación conocida alrededor de la convocatoria a la AGN, se menciona una “secuencia crítica de fallas” en la detección, en los controles preventivos y en la trazabilidad del medicamento cuestionado.

En el expediente judicial, uno de los puntos centrales pasa por el lote 31202 de Fentanilo HLB / Citrato de Fentanilo, cuya prohibición fue dispuesta por la ANMAT el 13 de mayo de 2025. En esa disposición oficial, el organismo vedó el uso, la distribución y la comercialización del producto en todo el país, y además ordenó a HLB Pharma Group S.A. retirarlo del mercado.

La causa penal ya tiene 14 procesados, entre ellos Ariel García Furfaro, señalado como propietario de HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo S.A.. Según la investigación, ambas firmas quedaron en el centro del caso por la fabricación y distribución del opioide contaminado. El juzgado sostiene que el medicamento adulterado fue suministrado en hospitales y clínicas de distintas provincias, y que las bacterias detectadas en las ampollas incrementaron el riesgo de muerte de los pacientes afectados.

En ese contexto, la intervención de la AGN suma una dimensión institucional distinta a la causa. Ya no se trata solo de establecer responsabilidades penales de empresarios, directivos y técnicos, sino también de revisar qué hizo —o dejó de hacer— el sistema estatal de control mientras el producto circulaba. La participación de familiares y sobrevivientes en la etapa de planificación apunta, justamente, a que la auditoría no quede reducida a una revisión administrativa, sino que incorpore la experiencia directa de quienes atravesaron las consecuencias de la tragedia.

Con 111 muertes incluidas en el relevamiento judicial y una auditoría nacional en marcha sobre la ANMAT, la causa del fentanilo contaminado entra en una etapa clave. Por un lado, la Justicia busca consolidar pruebas y definir el alcance de las imputaciones. Por el otro, la AGN intentará establecer si hubo fallas estructurales en los organismos que debían prevenir una catástrofe sanitaria de esta magnitud.