Política

Fin de los celulares en las cárceles: el Gobierno autorizó el bloqueo total en todo el país

A través de una nueva resolución, se habilitó el uso de tecnología para detectar y anular dispositivos móviles dentro de los penales federales. Buscan frenar delitos organizados desde el encierro.

El Gobierno nacional avanzó con una medida clave en materia de seguridad: autorizó la instalación de sistemas para bloquear el uso de celulares en cárceles federales de todo el país, con el objetivo de impedir que los detenidos cometan cometiendo delitos desde el interior de los penales. La decisión fue formalizada mediante la Resolución 336/2026 del Ministerio de Seguridad, que habilita al Servicio Penitenciario Federal a implementar tecnología específica para este fin.

Aunque el uso de celulares ya estaba prohibido por la normativa vigente, en la práctica, muchos internos lograban acceder a dispositivos y los controles resultaban insuficientes, siendo una de las principales preocupaciones del sistema penitenciario, ya que según fuentes oficiales, estos dispositivos son utilizados para estafas telefónicas, extorsiones, organización de bandas delictivas y coordinación de narcotráfico

De esta manera la medida apunta a reducir la capacidad operativa de organizaciones criminales que siguen actuando desde el encierro, con un nuevo sistema que permitirá detectar celulares activos dentro de las cárceles, identificar dispositivos mediante códigos IMEI (equipo) e IMSI (línea), y anular su funcionamiento en tiempo real.

Estos mecanismos buscan cortar de raíz cualquier tipo de comunicación ilegal desde los penales. Además, el protocolo establece un monitoreo constante y coordinación con empresas de telecomunicaciones para asegurar el bloqueo efectivo. Con esta resolución, el Estado suma herramientas tecnológicas concretas para hacer cumplir esa prohibición.

La medida no elimina el derecho a la comunicación de los detenidos, quienes podrán seguir en contacto con el exterior, pero únicamente a través de líneas telefónicas fijas controladas y sistemas autorizados dentro del penal, buscando garantizar derechos básicos sin comprometer la seguridad.

La decisión marca un cambio importante en la política penitenciaria: el foco ya no está solo en prohibir, sino en impedir efectivamente el uso de tecnología ilegal dentro de las cárceles. Un paso que busca cerrar una de las principales grietas del sistema de seguridad.