Política

Infraestructura pública: no invertir no es estancarse sino retroceder

El reciente choque frontal protagonizado por un colectivo y un camión en el kilómetro 132 de la Ruta Nacional 3, volvió a encender las alarmas sobre el grave deterioro de la red vial provincial como parte vital de la infraestructura nacional.

Este siniestro que ocurrió en la madrugada del martes 13 de mayo, en cercanías de la localidad de San Miguel del Monte, cuando un micro de la empresa Cóndor Estrella colisionó de frente con un camión que circulaba en sentido contrario, sería resultado (según lo declarado por testigos y sobrevivientes) del desastroso estado de desgaste del pavimento, agravado por una demarcación poco visible con señalización deficiente, a lo que se debe sumar la incidencia de la neblina. Es pertinente recordar que una de las pasajeras mencionó que el cinturón de seguridad del colectivo no funcionaba correctamente.

Cabe señalar que este tipo de vehículos debe tener al día la Revisión Técnica obligatoria (RTO) para circular, por lo que si las anomalías son ciertas debe llevar a las autoridades nacionales a plantearse si el actual monopolio de unos pocos profesionales de la Ingeniería agrupados en la Asociación de Ingenieros y Técnicos del Automotor (AITA), habilitados por el Estado Nacional a tal fin, resulta ser un sistema o si se ha convertido en un simple requisito burocrático y sin utilidad, y pensar en habilitar dicha tarea a todos los profesionales del país generando un control más efectivo.

La Ruta Nacional 3 es uno de los corredores estratégicos no solo de nuestra provincia sino del país, ya que atraviesa una extensa zona productiva conectando logísticamente localidades claves del interior con el área metropolitana de Buenos Aires. Sin embargo, a pesar de su importancia, desde hace años presenta un estado crítico: calzadas angostas, baches, obras inconclusas y escasa señalización. Recordemos que, durante la gestión del Pte. Mauricio Macri, se anunciaron inversiones privadas para poder convertir esta ruta -junto con otras- en autopistas con peajes para optimizar su mantenimiento, pero esto lamentablemente no ocurrió, como tantas otras medidas anunciadas.

También el Pte. Dr. Alberto Fernández, junto con el Dr. Sergio Massa y el actual Ministro de Obras Públicas provincial, Gabriel Katopodis, en mayo de 2022 relanzaron las obras, las que en realidad avanzaron con diversos problemas de financiamiento y pago que generaron ritmos variados e interrupciones sin que se concluyeran, hasta llegar a la actual administración donde directamente se han detenido la mayoría por afectación presupuestaria por parte del Gobierno Nacional.

Este lamentable hecho no resulta único sino que se suma a los que ocurren diariamente en nuestras rutas y calles, situaciones que a su vez se ven potenciadas por fenómenos meteorológicos como el ocurrido en Bahía Blanca y zonas aledañas el 07 de marzo pasado o como las inundaciones que se aprecian actualmente en los campos de nuestra provincia y la más reciente inundación de este fin de semana de las región de Zárate-Campana; a lo que tampoco escapan otras localidades del interior y del conurbano bonaerense. Todos estos acontecimientos, si bien poseen una cuota de fuerza mayor, no resultan ser aislados, sino que son el resultado claro de la desatención de nuestras autoridades y funcionarios por este tema.

Es necesario resaltar que, en la administración de nuestra provincia, durante por lo menos los últimos veinte años pasaron diferentes gobernadores que hoy aún militan y se solapan en cada uno de los tres sectores mayoritarios de la política nacional, en tanto que los ciudadanos seguimos sufriendo los mismos males que padecíamos cuando cada uno de ellos fueron electos para solucionarlos.

Es por esto que, desde el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires (CIPBA), como voz técnica autorizada, advertimos una vez más que este tipo de episodios se producen como consecuencia directa de años de baja inversión en el mantenimiento y ampliación de la infraestructura pública, agravados por la actual paralización casi total de las obras públicas con financiamiento nacional, a lo que se suma la escasa posibilidad económica de la Provincia (independientemente de sus causas o razones). En este contexto, reiteramos el llamado a delinear e implementar un plan integral de recuperación, ampliación y modernización de la infraestructura bonaerense y nacional.

Todo este escenario de paralización por falta de planificación, inversión y continuidad genera que lo que se presenta como un estancamiento sea en realidad un gran retroceso porque mientras no se invierte en el sector por otro lado la economía se estabiliza para comenzar a crecer, se producen fenómenos meteorológicos cada vez más intensos y las ciudades aumentan su ejido, entonces tenemos como consecuencia que la logística necesaria obliga a tener una infraestructura mayor, con mejores mantenimientos y que sea acorde a los tiempos que vivimos y no a la realidad que había a mediados del siglo pasado.

Este estado de cosas, que afecta no solo a la vida de las personas sino al desarrollo integral de las regiones que componen el País, no se modifica con enrolarse en peleas ideológicas ya que todos coincidimos en la necesidad de hacer crecer nuestra economía y mejorar las condiciones de vida de nuestra población.

Por ello, no logramos comprender ¿Por qué aquellos que piensan en que solo debe haber obras por inversión privada no articulan un plan de crecimiento y mejora de nuestra infraestructura, sustentado en dichos principios? Recordemos que no hay situación laboral más flexibilizada que la de los obreros de la construcción (tomada como ejemplo del Gobierno Nacional para replicar en otros sectores) en tanto que los profesionales siempre hemos acompañado bajando costos colegiales y honorarios ante planes de ejecución de obras como el ProCreAr.

Entonces, si podemos implementar políticas fiscales de déficit cero, ¿Por qué no podemos hacerlo con modelos de participación privada en infraestructura? como por ejemplo se ha incentivado la inversión en el sector energético, donde tras la mejora tarifaria y la libre disponibilidad de beneficios, se han articulado proyectos que actualmente están en estudio o en ejecución. Si se fomenta la inversión privada mediante políticas activas que hagan más atractivo este campo no caben dudas que parte del capital ocioso buscará generar beneficios en estos emprendimientos.

Al contrario, aquellos que ven a la obra de infraestructura solamente posible desde la inversión estatal, ¿Por qué no revisan la manera en que gastan los recursos para readecuar sus presupuestos re-direccionando dinero a este sector?

Se debe dejar de culpar siempre a los eventos climáticos extraordinarios, lamentándose como siempre de manera posterior al hecho tras la aparición de víctimas, para en cambio generar un círculo virtuoso que debe terminar con la improvisación que genera salir a atender los problemas cuando los eventos ocurren para en cambio tratar de evitarlos mediante la planificación de un cronograma a largo plazo, con hitos de cumplimiento que trasciendan gestiones y que se mejore continuamente.

Para ello los actores del sector deberemos consensuar las acciones a implementar de manera mancomunada e inteligente que aplique en cada ocasión la fórmula más efectiva y transparente para solucionar los problemas, dejando de lado posturas mezquinas, tendenciosas e intransigentes, que solo buscan el beneficio de aquellos interesados en algún aspecto del proceso.

Nosotros, como entidad profesional especializada y única con vinculación directa en la esencia del desarrollo productivo, estamos siempre dispuestos a participar, llevando nuestra mirada técnica desprendida de intereses sectoriales.

Nunca es tarde para empezar lo que no se hizo ni tampoco para modificar lo hecho mal.