Política

Karina Milei bajo presión por los gastos y el sector VIP de la misa del Papa

El diputado Esteban Paulón presentó un pedido de informes para que el Gobierno explique las contrataciones por más de $20.350 millones vinculadas al acto encabezado por León XIV en Buenos Aires. Entre los puntos cuestionados figuran el uso de procedimientos de urgencia, los servicios de catering y seguridad, la participación de DF Entertainment y la contratación de Tech Security por parte de esa empresa.

Los gastos y la organización del sector VIP durante la misa que encabezó el papa León XIV en Buenos Aires quedaron bajo cuestionamiento político. El diputado nacional Esteban Paulón impulsó un pedido de informes dirigido a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al canciller Pablo Quirno, para que brinden explicaciones sobre las contrataciones y los recursos destinados al evento religioso.

El planteo apunta a esclarecer el destino de más de $20.350 millones comprometidos en distintos servicios para la realización del acto, entre ellos la instalación de generadores eléctricos, vallas, pantallas, equipos de sonido, transmisión y seguridad privada. También busca conocer los criterios utilizados para contratar a las empresas involucradas y determinar cómo se organizó el acceso a los espacios reservados para invitados especiales.

Uno de los puntos señalados es la contratación de DF Entertainment por $8.690 millones, mediante un procedimiento de contratación directa por urgencia identificado como 79-0012-CDI26. Según los cuestionamientos incluidos en el pedido, pese a que el acontecimiento estaba previsto con anticipación, se recurrió a un mecanismo excepcional y solo se presentó una oferta, después de que se invitara a tres empresas.

La contratación de Tech Security y los servicios de seguridad

Entre los aspectos que también deben quedar aclarados se encuentra la participación de la empresa vinculada a Martín y Eduardo Menem, Tech Security, contratada por DF Entertainment para prestar servicios vinculados con la organización del evento. La relación entre ambas empresas forma parte de los puntos relevantes para reconstruir cómo se distribuyeron las tareas y los costos asociados a la seguridad.

El pedido de informes busca que el Gobierno detalle las contrataciones realizadas, las prestaciones incluidas y los montos correspondientes a cada servicio. La información resulta central para distinguir las obligaciones asumidas directamente por el Estado de aquellas canalizadas mediante empresas contratistas y los proveedores que estas incorporaron.

Además de la seguridad privada, los recursos destinados al montaje y funcionamiento del predio incluyeron infraestructura eléctrica, pantallas, sonido, transmisión y elementos para ordenar la circulación de los asistentes. El planteo legislativo apunta a obtener documentación que permita conocer las condiciones de contratación y los fundamentos de los procedimientos administrativos utilizados.

Los invitados VIP y el acceso al sector reservado

Otro de los ejes de la presentación está relacionado con la organización del espacio VIP durante la misa. Entre las personas que habrían integrado ese sector se mencionaron figuras del espectáculo, los exjefes de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y Aníbal Ibarra, y los jueces de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz.

En ese marco, Paulón solicitó precisiones sobre la nómina de aproximadamente 4.000 invitados especiales, los criterios utilizados para definir quiénes podían acceder al área reservada y las autoridades responsables de confeccionar la lista. También pidió información sobre los gastos de catering y los mecanismos implementados para distribuir las acreditaciones.

La controversia incluyó, además, versiones sobre la situación de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien presuntamente no habría recibido el código QR necesario para ingresar al sector. Ese episodio abrió interrogantes sobre la organización de las invitaciones y el funcionamiento del sistema de acreditación.

Un pedido de explicaciones sobre los fondos públicos

La iniciativa legislativa busca que los funcionarios involucrados respondan sobre los montos destinados al acto, las empresas que participaron de la organización y los procedimientos administrativos que permitieron adjudicar los contratos.

El cuestionamiento se concentra tanto en la magnitud de los recursos comprometidos como en la utilización de mecanismos de urgencia para una actividad cuya realización se conocía con antelación. A su vez, pretende esclarecer la intervención de las empresas contratistas y sus proveedores, entre ellos Tech Security, contratada por DF Entertainment.

El pedido de informes no constituye por sí mismo una determinación de irregularidades, sino una solicitud de información para que el Gobierno documente las decisiones adoptadas y permita evaluar el uso de los recursos públicos destinados a la misa del Papa.