Política
Kicillof consiguió el despacho para sus dos leyes de salud y prepara el camino al Senado bonaerense
La comisión de Legislación General de la Cámara alta bonaerense dio dictamen a los proyectos para crear una empresa estatal de medicamentos y un Sistema Integrado de Salud. Las iniciativas completaron así su recorrido por comisiones y quedaron habilitadas para ser debatidas en el recinto.
El gobierno de Axel Kicillof logró avanzar con dos de sus principales proyectos en materia sanitaria dentro de la Legislatura bonaerense. La comisión de Legislación General del Senado de la provincia de Buenos Aires otorgó este lunes el despacho definitivo a las iniciativas que proponen crear una empresa de medicamentos con participación estatal mayoritaria y poner en marcha un Sistema Integrado de Salud bonaerense.
Con este paso, ambos proyectos quedaron en condiciones de ser incluidos en el temario de una próxima sesión de la Cámara alta. El oficialismo cuenta con los votos necesarios para avanzar con las iniciativas si son tratadas en una sesión ordinaria, aunque el escenario sería diferente si intentara incorporarlas de manera inmediata a una sesión ya convocada, ya que para modificar el orden del día se requiere una mayoría especial.
El avance legislativo se produjo después de varias semanas de negociaciones dentro del peronismo bonaerense. Las diferencias entre el sector que responde a Kicillof y La Cámpora habían impedido inicialmente que los proyectos avanzaran, pero las modificaciones incorporadas en la comisión de Salud permitieron destrabar el tratamiento y encaminar el acuerdo interno.
Los proyectos de salud de Kicillof avanzaron en el Senado
El primero de los proyectos establece las bases para crear el Sistema Integrado de Salud de la provincia de Buenos Aires, conocido como SIPBA. La iniciativa apunta a articular los distintos componentes del sistema sanitario y establecer una red que permita coordinar la atención entre hospitales y centros públicos, municipios y prestadores privados.
El texto sufrió modificaciones respecto de la versión original enviada por el Ejecutivo. Uno de los principales objetivos de los cambios fue precisar las atribuciones de la Provincia y limitar aspectos que habían generado cuestionamientos entre sectores de la oposición, municipios y representantes de establecimientos privados.
Entre otras modificaciones, fueron eliminadas disposiciones que otorgaban al Ejecutivo provincial mayores facultades para definir la ubicación de establecimientos sanitarios y determinar la necesidad de incorporar nuevas instituciones o tecnologías en función de criterios geográficos, epidemiológicos y demográficos.
También se eliminó la exigencia de una aprobación del SIPBA para la construcción de hospitales y centros de salud o para la incorporación de determinados servicios. De esta manera, se buscó despejar las dudas sobre una posible superposición entre las atribuciones de la Provincia y las competencias de los municipios.
Otro de los cambios importantes estuvo relacionado con la participación municipal. El nuevo texto establece que la incorporación de los municipios a la Red Bonaerense de Atención y Cuidados en Salud será voluntaria, mientras que también contempla expresamente la posibilidad de que los establecimientos privados formen parte de esa red.
Qué pasó con la participación del sector privado
Uno de los puntos que mayor discusión generó durante el tratamiento fue el vínculo entre el sistema público y los prestadores privados. La redacción original contemplaba facultades que podían permitir al Ejecutivo requerir determinadas acciones al sector privado ante situaciones excepcionales de demanda sanitaria.
Ese punto fue eliminado durante el debate en comisiones. También se modificaron artículos vinculados con el funcionamiento del Consejo de Salud de la Provincia de Buenos Aires (COSAPRO) y los Consejos Regionales de Salud (CORESA).
Los cambios buscaron reducir las objeciones planteadas durante las negociaciones y establecer con mayor precisión qué actores pueden participar de los distintos ámbitos de coordinación sanitaria. En el caso del COSAPRO, el proyecto mantiene la posibilidad de convocar a otros integrantes del sistema cuando el Ministerio de Salud lo considere necesario.
En paralelo, se redujeron algunas de las facultades que el texto original otorgaba a los organismos de coordinación respecto de instituciones privadas, obras sociales y otros actores del sistema sanitario.
La empresa estatal de medicamentos también quedó habilitada
El segundo proyecto que obtuvo despacho plantea la creación de una empresa de medicamentos de gestión estatal. La iniciativa contempla la constitución de una Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (SAPEM), que tendrá entre sus funciones la investigación, desarrollo, producción, adquisición, importación, exportación, distribución y comercialización de medicamentos y otros productos vinculados con la salud.
El proyecto también fue modificado durante su tratamiento legislativo. Uno de los puntos discutidos estuvo relacionado con la posibilidad de que la futura empresa pueda acceder a financiamiento y contraer deuda.
La nueva redacción mantiene la posibilidad de que la compañía tome préstamos y emita títulos de deuda, pero establece que esas operaciones deberán estar vinculadas con su objeto social, contempladas dentro de su presupuesto y sujetas a los límites establecidos por la normativa provincial de administración financiera y control.
Además, durante el debate apareció la posibilidad de establecer mecanismos específicos de seguimiento parlamentario sobre el funcionamiento de la empresa y sus operaciones financieras.
En cuanto a la composición accionaria, el texto establece que el Estado provincial tendrá el 99% del capital social mediante acciones de clase A, mientras que el 1% restante corresponderá a acciones de clase B, que podrán quedar en manos de actores públicos o privados.
El acuerdo dentro de Fuerza Patria destrabó las iniciativas
El avance de las dos leyes sanitarias está directamente relacionado con las negociaciones que el oficialismo bonaerense mantuvo durante las últimas semanas. La Cámpora había planteado reparos sobre distintos aspectos de los proyectos, especialmente respecto del funcionamiento del sistema integrado y la relación entre los prestadores públicos y privados.
Las modificaciones realizadas en la comisión de Salud permitieron acercar posiciones entre los distintos sectores del peronismo y evitar que las diferencias internas volvieran a bloquear el tratamiento legislativo.
Con el despacho de Legislación General, las iniciativas completaron el recorrido por las comisiones y quedaron listas para llegar al recinto. El oficialismo deberá ahora definir cuándo buscará su tratamiento.
La oposición cuestionó el alcance de las nuevas estructuras
Los bloques opositores votaron en contra de los dos proyectos y centraron sus críticas en la situación del sistema sanitario bonaerense y en el impacto administrativo y financiero que podrían tener las nuevas estructuras.
Desde esos sectores también cuestionaron que el Ejecutivo provincial vincule las dificultades del sistema de salud con las políticas implementadas por el Gobierno nacional y plantearon que problemas como los relacionados con el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) requieren soluciones específicas.
Los cuestionamientos también estuvieron dirigidos a la creación de una nueva empresa estatal. Para la oposición, la Provincia debería resolver primero las dificultades existentes en organismos y estructuras sanitarias antes de sumar una nueva compañía con participación estatal.
Desde el oficialismo, en cambio, defendieron las iniciativas como herramientas para ampliar la capacidad de respuesta del sistema público, coordinar recursos y reducir los costos de acceso a medicamentos.
Con los dos proyectos ya despachados, el próximo paso será su llegada al recinto del Senado bonaerense. Allí se definirá si las modificaciones alcanzan para consolidar el acuerdo dentro de Fuerza Patria y convertir las iniciativas impulsadas por Kicillof y Nicolás Kreplak en ley.
