Política

La Corte Suprema declaró inconstitucional la desregulación de las prepagas impulsada por Milei

La Corte Suprema declaró inconstitucional la desregulación de las prepagas impulsada por Milei
Luciano Neder
20 Nov, 2026

Por unanimidad, el máximo tribunal invalidó los artículos del DNU 70/2023 que eliminaron los controles estatales sobre las cuotas de la medicina privada. La resolución restablece las facultades de fiscalización de la Superintendencia de Servicios de Salud, pero dejó sin efecto el tope de aumentos atado a la inflación que había establecido la Cámara Federal de La Plata.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucionales los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023, mediante los cuales el gobierno de Javier Milei había eliminado los mecanismos de control estatal sobre los precios de las empresas de medicina prepaga. La decisión fue adoptada por unanimidad este jueves 19 de noviembre y se originó en una demanda contra Swiss Medical por los aumentos aplicados a una afiliada.

El fallo, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, determinó que el Poder Ejecutivo no justificó de manera suficiente la necesidad y urgencia de modificar por decreto las atribuciones regulatorias que establecía la legislación vigente. En consecuencia, la sentencia restituye las facultades de fiscalización y autorización de cuotas previstas en la Ley 26.682.

Sin embargo, la resolución también introdujo una precisión importante: la Corte revocó la parte del fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata que había dispuesto limitar los aumentos al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Por ese motivo, el expediente deberá regresar al tribunal de origen para que dicte una nueva sentencia conforme al criterio establecido por el máximo tribunal.

Por qué la Corte cuestionó la desregulación de las cuotas

El eje de la decisión estuvo puesto en los límites constitucionales que rigen la utilización de los decretos de necesidad y urgencia. Para los magistrados, el Gobierno no demostró que existieran circunstancias excepcionales que impidieran recurrir al procedimiento legislativo ordinario para modificar el régimen de las empresas de medicina prepaga.

En los fundamentos, la Corte señaló que el decreto se apoyó en referencias generales a la crisis del sistema sanitario y a la necesidad de aumentar la competencia mediante la liberación de precios. Sin embargo, consideró que esas explicaciones no alcanzaban para acreditar una urgencia incompatible con los tiempos habituales de debate y sanción de una ley en el Congreso.

Los jueces remarcaron que la Constitución Nacional habilita al Presidente a ejercer facultades legislativas únicamente en situaciones excepcionales. Para ello, debe acreditarse que resulta imposible reunir al Congreso por circunstancias de fuerza mayor o que existe una urgencia concreta que no permite esperar el trámite parlamentario.

En ese marco, el tribunal sostuvo que la invocación de una emergencia económica o social no basta por sí sola para justificar cualquier modificación normativa. También debe explicarse por qué las medidas específicas incluidas en el decreto requieren una aplicación inmediata.

La Corte agregó que, en este caso, las normas modificadas otorgaban atribuciones regulatorias a organismos del propio Poder Ejecutivo. Por eso, consideró que el Gobierno debía fundamentar especialmente por qué era imprescindible eliminar esos controles mediante un DNU y no simplemente una alternativa política que consideraba conveniente.

Qué cambia para las empresas de medicina prepaga

Los artículos cuestionados habían eliminado dos herramientas centrales del sistema de regulación de la medicina privada.

Por un lado, el artículo 267 del DNU 70/2023 derogó una disposición de la Ley 26.682 que facultaba al Ministerio de Salud y a la Superintendencia de Servicios de Salud a revisar los valores de las cuotas y sus modificaciones.

Por otro, el artículo 269 modificó el régimen de autorización y fiscalización de los precios, que contemplaba criterios vinculados con las variaciones de los costos y el cálculo actuarial de los riesgos cubiertos.

Con la declaración de inconstitucionalidad, la Corte dispuso que vuelvan a regir las atribuciones estatales previstas en la normativa original. De esta manera, la Superintendencia deberá reasumir las funciones correspondientes al control de los valores de los planes de salud.

No obstante, el pronunciamiento no establece un porcentaje máximo de aumento ni determina que las cuotas deban actualizarse automáticamente de acuerdo con la inflación. Esa cuestión quedó fuera del alcance de la decisión y deberá resolverse en el nuevo fallo que dicte la Cámara Federal de La Plata.

El origen de la causa contra Swiss Medical

El expediente comenzó con un amparo presentado por María del Carmen Bobbio, afiliada al plan SM02 de Swiss Medical, quien cuestionó los incrementos aplicados a su cuota entre diciembre de 2023 y febrero de 2024.

Según expuso en la demanda, el valor mensual pasó de $136.161,21 a $301.218,02, lo que representó una suba acumulada del 110%. La afiliada también sostuvo que, bajo el régimen de actualización vigente antes de la desregulación, el incremento correspondiente a enero de 2024 habría sido del 6,26%.

En primera instancia, el Juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal N.º 4 de La Plata rechazó el reclamo. Sin embargo, tras la apelación, la Sala II de la Cámara Federal revocó esa decisión, declaró inconstitucionales los artículos cuestionados del DNU y ordenó que los aumentos se ajustaran al IPC.

La Cámara también dispuso que la autoridad estatal recuperara sus funciones de regulación. Esa sentencia fue revisada posteriormente por la Corte Suprema, que confirmó la inconstitucionalidad de la desregulación, pero dejó sin efecto el mecanismo que vinculaba directamente las actualizaciones con la inflación.

El máximo tribunal también consideró que el conflicto no había perdido vigencia, pese a que existieron acuerdos para devolver montos cobrados por encima del IPC durante un período determinado. Según la resolución, esas devoluciones no resolvieron el planteo de fondo sobre la validez de las normas que eliminaron los controles estatales.

El alcance del fallo y sus límites sobre el DNU 70/2023

La Corte aclaró expresamente que su pronunciamiento se limita a los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023. Por lo tanto, no implica una definición general sobre la constitucionalidad del resto de las disposiciones incluidas en el decreto, que deberán analizarse de acuerdo con cada caso.

Además, los jueces señalaron que el trámite de revisión legislativa de los decretos de necesidad y urgencia no impide que los tribunales ejerzan el control judicial cuando una norma produce efectos concretos sobre derechos y relaciones jurídicas.

La decisión también se inscribe en una serie de pronunciamientos de la Cámara Federal de La Plata sobre la desregulación de las cuotas de las prepagas. El 30 de octubre, la Sala III de ese tribunal había declarado inconstitucionales los mismos artículos en otra causa contra Swiss Medical, con argumentos relacionados con la falta de justificación de la urgencia y la función social de las empresas de medicina privada.

Con la resolución del caso Bobbio, la Corte Suprema respaldó el cuestionamiento constitucional a la eliminación de los controles estatales. Sin embargo, el efecto práctico inmediato será la restitución de las facultades regulatorias previstas en la ley, sin que el fallo establezca por sí mismo un límite uniforme para los futuros aumentos de las cuotas.

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