Política
La Corte Suprema ratificó una medida clave sobre el financiamiento universitario
El máximo tribunal rechazó un planteo del Gobierno y mantuvo vigente la cautelar que obliga a aplicar parcialmente la ley vinculada a salarios y programas estudiantiles.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió no hacer lugar a un recurso presentado por el Poder Ejecutivo y dejó firme una medida cautelar que ordena cumplir con dos artículos de la Ley de Financiamiento Universitario.
Con esta decisión, se sostiene esta etapa del proceso la obligación del Estado de actualizar los salarios de docentes y nodocentes, además de avanzar en la recomposición de programas dirigidos a estudiantes.
El fallo fue firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes consideraron inadmisible la presentación oficial al no existir aún una sentencia definitiva sobre el fondo del conflicto.
Qué establece la cautelar
La resolución judicial obliga a aplicar de manera inmediata los artículos 5 y 6 de la ley. Estos puntos contemplan la actualización salarial del personal universitario desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma, así como la recuperación de partidas destinadas al estudiantado.
En cambio, otros aspectos incluidos en la legislación quedaron fuera de esta instancia provisoria, como la recomposición presupuestaria para los años 2024 y 2025 y diversas partidas orientadas a programas de fortalecimiento institucional.
El origen del conflicto
La causa se inició a partir de un amparo colectivo promovido por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) junto a distintas universidades del país.
El reclamo cuestiona el decreto 759/2025, a través del cual el Gobierno había condicionado la implementación de la Ley 27.795 a la definición de fuentes específicas de financiamiento.
En instancias previas, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal había señalado que el Estado no logró refutar los argumentos presentados por las universidades y remarcó que el Congreso había ratificado la norma.
Argumentos de la Justicia
Entre los fundamentos, los jueces advirtieron que la falta de aplicación de la ley podía derivar en un deterioro de los salarios y afectar el derecho a enseñar y aprender.
Además, consideraron que el impacto fiscal de cumplir con la normativa no representaría una incidencia significativa dentro del presupuesto nacional.
Un acuerdo previo con el sistema universitario
Antes de este fallo, el Gobierno había firmado un acta el 10 de junio de 2026 junto a autoridades universitarias y gremios para avanzar en una recomposición salarial del 24,33%.
El entendimiento también incluyó un aumento del 20% en los gastos de funcionamiento, la ampliación de fondos para hospitales universitarios hasta los 50.000 millones de pesos y una suba del 50% en las Becas Manuela Belgrano.
Asimismo, se estableció una nueva instancia de negociación paritaria para el 15 de septiembre, donde se volverá a discutir la actualización de salarios y la recuperación del poder adquisitivo.
