Política
La Justicia analiza los movimientos bancarios y patrimoniales de Julio Garro
La investigación por la presunta asociación ilícita vinculada con emprendimientos inmobiliarios irregulares avanza con el análisis de información bancaria, fiscal y patrimonial de ex funcionarios municipales. La medida también alcanza a otros integrantes de la gestión anterior.
La causa que investiga presuntas irregularidades en loteos y desarrollos inmobiliarios de La Plata sumó una nueva etapa de análisis patrimonial. La Justicia comenzó a reunir información bancaria, fiscal, societaria y sobre bienes registrables de Julio César Garro y otros ex funcionarios de la Municipalidad, con el objetivo de determinar si existen movimientos o activos que puedan resultar relevantes para la investigación.
Según trascendió de fuentes vinculadas al expediente, desde principios de 2025, por orden de la jueza Marcela Garmendia, se dispuso el levantamiento del secreto fiscal, bursátil y bancario de Garro y de otros ex integrantes de su administración.
La medida alcanza también a la ex titular de Planeamiento, María José Botta; el ex secretario de Obras Públicas, Luis Esteban Barbier; el ex subsecretario del área, Leandro David Ronga; y el ex subsecretario de Tierras, Hábitat y Viviendas, Augusto Sciarretta.
El levantamiento de los secretos no implica por sí mismo la existencia de un delito ni acredita irregularidades patrimoniales. Se trata de una herramienta de investigación destinada a reconstruir la situación económica de las personas alcanzadas por la medida.
Los investigadores solicitaron información a distintos organismos públicos para reconstruir bienes, sociedades, operaciones y movimientos vinculados con los imputados.
Entre los organismos requeridos figuran el Registro de la Propiedad de la Provincia de Buenos Aires, el Registro del Automotor y Créditos Prendarios, ARBA, la Inspección General de Justicia, la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, ARCA y el Registro Nacional de Buques de la Prefectura Naval Argentina, entre otros.
El objetivo es establecer qué bienes registrables existen, qué sociedades aparecen vinculadas con los investigados y si existen operaciones patrimoniales que puedan tener relación con los hechos que se encuentran bajo análisis.
La información reunida será incorporada a una investigación que ya acumula más de 14 cuerpos.
Una causa que involucra a ex funcionarios y empresarios
El expediente tramita bajo la denominación “Garro, Julio y otros s/Fraude en perjuicio de la administración pública” y también incluye a otros ex funcionarios y particulares.
Entre los nombres vinculados a la investigación aparecen Oscar Negrelli, ex secretario de Coordinación; Marcelo Genoro; Ariel Bordigoni; Cecilia Mayochi; Leandro Arrechea; Facundo Dadín; Nahuel Julián Paradela; Melisa Soledad Bonfiglio; Luis Ernesto Bianchi y María Eugenia Castillo.
La instrucción se encuentra actualmente en la etapa de recolección de elementos y está a cargo de la UFI N° 5, cuyo titular es el fiscal Juan Menucci.
La investigación apunta a determinar si existió una estructura destinada a favorecer o participar de la comercialización de emprendimientos inmobiliarios que no contaban con las autorizaciones correspondientes.
Cómo comenzó la investigación por los loteos
La causa tuvo impulso a partir de una denuncia presentada en octubre de 2024 por la entonces gestión municipal de Julio Alak. La presentación judicial apuntó contra funcionarios que integraron el Departamento Ejecutivo entre el 10 de diciembre de 2015 y el 10 de diciembre de 2023, período correspondiente a la administración de Garro.
Según la denuncia, durante esos años se habrían autorizado o permitido desarrollos urbanos sin contar con las correspondientes convalidaciones legales y técnicas exigidas por la normativa provincial.
El planteo también puso bajo análisis el supuesto incumplimiento de controles municipales y las objeciones que, según la presentación, habían sido realizadas por organismos provinciales vinculados con el ordenamiento territorial.
Otro de los aspectos investigados es el posible avance de urbanizaciones sobre sectores del cordón frutihortícola de La Plata y el eventual incumplimiento de normas ambientales.
Estas acusaciones forman parte de la hipótesis investigativa y deberán ser acreditadas durante el proceso judicial.
De acuerdo con estimaciones difundidas por la actual administración municipal, en La Plata existirían alrededor de 450 desarrollos considerados irregulares, distribuidos en diferentes barrios y localidades.
El relevamiento oficial mencionado en la causa calcula que esos emprendimientos abarcan unas 3.380 hectáreas, con aproximadamente 6.876 viviendas construidas y capacidad potencial para más de 32.800 parcelas.
Según esas estimaciones, el crecimiento de esos desarrollos podría involucrar a unas 165.000 personas.
El fenómeno no solamente plantea una discusión sobre el ordenamiento urbano de la ciudad. También genera problemas para las familias que adquirieron terrenos creyendo que se trataba de lotes habilitados para construir y escriturar.
Familias que compraron terrenos y quedaron atrapadas en la incertidumbre
Uno de los principales efectos del fenómeno es la situación de quienes adquirieron de buena fe terrenos ofrecidos como lotes urbanos.
En algunos casos, según la información incorporada a la investigación, las operaciones podrían haber involucrado porcentajes indivisos de parcelas rurales o inmuebles que no reunían las condiciones necesarias para ser subdivididos y urbanizados legalmente.
Para esas familias, la consecuencia es una situación de incertidumbre jurídica que puede extenderse durante años: terrenos que fueron comprados con la expectativa de construir una vivienda pueden no contar con las condiciones necesarias para ser escriturados o incorporados formalmente al tejido urbano.
Mientras la Justicia continúa reuniendo documentación y analizando los movimientos patrimoniales de los imputados, el expediente busca determinar si detrás de esos desarrollos existió una estructura organizada, qué responsabilidades correspondieron a funcionarios y empresarios y cuál fue el circuito económico de las operaciones.
Por ahora, el análisis patrimonial constituye una medida dentro de una investigación en curso y no una conclusión sobre la responsabilidad penal de Garro ni de los demás involucrados.
