Política
La Justicia confirmó la responsabilidad de Provincia en el femicidio de Sandra Ayala Gamboa
A casi dos décadas del crimen ocurrido en un edificio estatal de La Plata, la Cámara de Apelación ratificó que el Estado bonaerense incurrió en una falta de servicio por la ausencia de controles y vigilancia. Además, dispuso una mayor reparación económica para los familiares de la joven migrante asesinada en 2007.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata confirmó la responsabilidad de la Provincia de Buenos Aires por el femicidio de Sandra Ayala Gamboa, la joven migrante peruana asesinada el 22 de febrero de 2007 dentro de un edificio estatal ubicado en pleno centro platense. Además, el tribunal resolvió incrementar las indemnizaciones otorgadas a sus familiares al considerar insuficiente la reparación fijada en primera instancia.
La decisión fue adoptada por mayoría por la Sala I de la Cámara, integrada por la jueza Claudia Milanta y el juez Gustavo Spacarotel, quienes concluyeron que el Estado provincial incumplió con sus deberes básicos de control y vigilancia en el inmueble donde ocurrió el crimen.
Sandra Ayala Gamboa tenía 21 años y había llegado a La Plata en busca de oportunidades laborales. Fue asesinada dentro del ex Archivo del Ministerio de Economía bonaerense, ubicado en calle 7 entre 45 y 46, durante la gestión de Felipe Solá. El hecho conmocionó a la sociedad y derivó, pocos días después, en la renuncia del entonces ministro de Economía, Gerardo Otero.
La demanda civil fue impulsada por los familiares de la víctima, quienes reclamaron una reparación económica por los daños sufridos. En primera instancia, la Justicia ya había reconocido una responsabilidad parcial del Estado por la falta de controles en el edificio, aunque tanto la Fiscalía de Estado como los demandantes apelaron aquella resolución.
Al revisar el caso, la Cámara rechazó los argumentos de la Provincia, que intentó desligarse de responsabilidad atribuyendo el hecho exclusivamente a la conducta del autor material del femicidio. Los magistrados entendieron que el inmueble se encontraba bajo control directo del Estado y que la ausencia de medidas mínimas de seguridad facilitó la comisión del crimen.
Según el fallo, el edificio carecía de vigilancia efectiva, personal de custodia y mecanismos adecuados para controlar el ingreso y permanencia de personas, circunstancias que configuraron una falta de servicio estatal.
En su voto, la jueza Milanta destacó además que el análisis debía realizarse con perspectiva de género y conforme a los estándares nacionales e internacionales de protección contra la violencia hacia las mujeres. En ese marco, remarcó que Sandra era una mujer joven, migrante y en situación de vulnerabilidad, condiciones que imponían al Estado obligaciones reforzadas de prevención y protección.
Respecto de la reparación económica, la Cámara consideró que los montos fijados originalmente no reflejaban de manera adecuada el daño sufrido por la familia. Por ello, resolvió aumentar las indemnizaciones por pérdida de chance y daño moral.
Asimismo, el tribunal reconoció el reclamo por daño psíquico y tratamiento psicológico presentado por Nelly Gamboa, madre de Sandra, al considerar acreditadas las graves secuelas emocionales derivadas del asesinato de su hija.
El fallo representa un nuevo avance en la búsqueda de justicia para Sandra Ayala Gamboa, cuyo nombre permanece como símbolo de la lucha contra la violencia de género y la exigencia de responsabilidad estatal ante hechos ocurridos bajo su órbita de control.
