Política
La Justicia de La Plata falló contra el Gobierno y las petroleras volverán a informar aumentos
Un fallo del juez federal Alejo Ramos Padilla declaró inconstitucional la resolución que había eliminado la obligación de informar las subas de nafta y gasoil antes de su aplicación. La medida restablece un sistema de control sobre los precios de los combustibles.
La Justicia Federal de La Plata declaró inconstitucional la resolución del Gobierno nacional que había eliminado la obligación de las petroleras de informar previamente los aumentos en los precios de los combustibles y ordenó restablecer ese mecanismo de control.
La decisión fue tomada por el titular del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de La Plata, Alejo Ramos Padilla, al hacer lugar a un amparo colectivo presentado por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis).
La demanda cuestionó la Resolución 717/2025, que había derogado la Resolución 314/2016, norma que creó el Sistema en Línea de Información de Precios de Combustibles en Surtidor.
Ese sistema permitía que las empresas notificaran cada modificación de precios, además de ofrecer una herramienta para que los consumidores compararan valores y denunciaran diferencias entre los montos publicados y los cobrados en las estaciones de servicio.
Según el fallo, la eliminación de ese régimen podría afectar derechos de incidencia colectiva vinculados con el acceso a la información y la protección de los consumidores. En ese sentido, Ramos Padilla consideró que el planteo presenta una cuestión de interés para todos los usuarios de combustibles del país.
Desde el Gobierno nacional habían defendido la derogación al sostener que la información sobre los precios continúa disponible mediante otros mecanismos oficiales y plataformas digitales, por lo que, a su entender, no existía una afectación al derecho de acceso a la información.
Mientras tanto, en la Legislatura bonaerense avanza un proyecto impulsado por la diputada Ayelén Rasquetti que propone obligar a las estaciones de servicio a informar las actualizaciones de los precios con 72 horas de anticipación.
