Punto capital
La Justicia frenó diez loteos ilegales en La Plata
La jueza Marcela Garmendia ordenó paralizar por seis meses las obras en diez emprendimientos inmobiliarios investigados por presuntas irregularidades. Además, cuestionó la falta de avances de la fiscalía en una causa que también involucra a exfuncionarios de la gestión de Julio Garro.
La Justicia bonaerense ordenó la suspensión por seis meses de las obras en diez emprendimientos inmobiliarios investigados por presuntos loteos ilegales en La Plata, en una resolución que también expuso fuertes cuestionamientos al avance de la investigación judicial.
La medida fue dictada por la titular del Juzgado de Garantías N.º 5, Marcela Garmendia, quien hizo lugar al pedido de medidas cautelares presentado por la Municipalidad de La Plata y dispuso el cese de los trabajos de movimiento de suelo, apertura de calles y cualquier otra intervención en los barrios alcanzados por la causa.
Sin embargo, el aspecto más llamativo del fallo fue el extenso análisis sobre la actuación del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, a quien la magistrada le atribuyó la falta de avances concretos en una investigación que ya lleva cerca de dos años y que todavía no registra imputaciones formales.
La causa se originó tras una denuncia presentada por la gestión del intendente Julio Alak, luego de un relevamiento realizado durante 2024 que detectó 435 barrios y proyectos de loteo presuntamente irregulares distribuidos en unas 3.380 hectáreas del partido.
Según los datos aportados por el Municipio, en esos desarrollos ya existen más de 6.800 viviendas construidas, con capacidad potencial para albergar a unas 165.000 personas.La administración comunal sostiene que muchos de esos emprendimientos fueron comercializados sin cumplir los requisitos urbanísticos y provinciales correspondientes.
Garro, entre los investigados
Entre las personas alcanzadas por la investigación aparecen el exintendente Julio Garro, exfuncionarios municipales y empresarios vinculados al desarrollo inmobiliario.La pesquisa busca determinar si durante la gestión anterior se habilitaron barrios y loteos sin contar con las convalidaciones provinciales exigidas por la normativa vigente.
Además de Garro, la causa incluye a otros exfuncionarios y particulares que permanecen bajo investigación judicial.
En su resolución, Garmendia sostuvo que la investigación presenta escasos avances y señaló que varias medidas que impulsó el juzgado debieron haber sido promovidas previamente por la fiscalía.
Incluso, la magistrada resolvió la acumulación de distintos expedientes vinculados con la causa, una decisión que, según remarcó en el fallo, correspondía al Ministerio Público Fiscal.
Más allá del conflicto político y judicial, el expediente involucra una problemática de fuerte impacto urbano y social. Muchos de los barrios cuestionados fueron adquiridos por familias que compraron lotes de buena fe y que hoy enfrentan incertidumbre respecto de la posibilidad de obtener la escritura de sus propiedades.
Además, parte de esos desarrollos se encuentran ubicados en sectores con riesgo hídrico o sin infraestructura básica de agua, cloacas, electricidad y servicios esenciales.
Mientras la investigación continúa, las obras permanecerán paralizadas por decisión judicial y la causa seguirá avanzando para determinar las eventuales responsabilidades penales y administrativas de los involucrados.
