Política
La Justicia intimó al Gobierno a cumplir la Ley de Financiamiento Universitario
El juez federal Martín Cormick le dio cinco días al Poder Ejecutivo para cumplir de manera efectiva con la medida cautelar vinculada a la Ley 27.795 y advirtió que podría aplicar multas por cada día de demora. La decisión se conoce en medio del conflicto que mantiene paralizada a la UNLP y de la convocatoria a una nueva Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre.
La disputa por el financiamiento de las universidades públicas sumó un nuevo capítulo judicial que tiene impacto directo en la comunidad universitaria de La Plata. El juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, intimó al Gobierno nacional a cumplir en un plazo de cinco días con la medida cautelar vigente vinculada a la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente (Ley 27.795).
La resolución establece que el Estado nacional y el Poder Ejecutivo deberán dar “efectivo cumplimiento” a lo dispuesto judicialmente. En caso de que la orden no sea cumplida dentro del plazo establecido, el magistrado advirtió que podrá aplicar astreintes, es decir, multas económicas por cada día de demora.
La decisión se conoció mientras docentes y nodocentes de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) continúan con medidas de fuerza por el conflicto salarial y presupuestario. ADULP confirmó su adhesión al paro del 22 de septiembre y forma parte del plan de lucha que tiene como próxima fecha central la Marcha Federal Universitaria del 15 de octubre.
Qué ordenó el juez Martín Cormick
La intimación judicial fue emitida luego de que el magistrado analizara las actuaciones realizadas en el expediente y concluyera que la medida cautelar dictada previamente no había sido cumplida de manera total.
Cormick estableció un plazo perentorio de cinco días para que el Poder Ejecutivo complete las medidas ordenadas. La advertencia sobre las astreintes implica que, vencido ese período, la Justicia podría establecer una sanción económica vinculada a cada jornada de incumplimiento.
La medida cautelar está relacionada particularmente con los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, que contemplan mecanismos vinculados con la recomposición de los salarios del personal docente y no docente y con las becas destinadas a estudiantes universitarios.
La ley había sido sancionada por el Congreso en 2025 y posteriormente promulgada mediante el Decreto 759/2025. Su objeto general es garantizar el financiamiento de la educación universitaria pública y contempla distintas herramientas presupuestarias y salariales para el sistema universitario nacional.
Un conflicto que también golpea a la UNLP
La resolución judicial llega en un momento de fuerte tensión en las universidades nacionales y tiene una consecuencia concreta para La Plata, donde la UNLP atraviesa nuevas jornadas de protesta.
Los gremios docentes y nodocentes de la Universidad Nacional de La Plata adhirieron a los paros nacionales de septiembre en reclamo de una recomposición salarial, la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y mayores recursos para las universidades, la ciencia y la tecnología.
El martes 22 de septiembre se llevó adelante una nueva jornada de paro en la UNLP, en el marco de un plan de lucha nacional. La Asociación de Docentes de la Universidad de La Plata (ADULP) confirmó además su participación en la convocatoria a la próxima Marcha Federal Universitaria, prevista para el jueves 15 de octubre.
De esta manera, el fallo judicial se incorpora a un conflicto que en La Plata ya se viene expresando en paros, movilizaciones y actividades públicas de docentes, nodocentes y estudiantes.
Qué reclaman las universidades
El reclamo de las universidades está centrado en la aplicación efectiva de la Ley 27.795 y en la recomposición de los salarios del personal universitario. Los gremios sostienen que existe una pérdida acumulada del poder adquisitivo y reclaman que se implemente el mecanismo previsto por la legislación.
Según información difundida por ADULP, el sector reclama una recomposición del 33,4% y el cumplimiento de otros componentes salariales previstos en la normativa.
El Gobierno nacional, en cambio, sostiene que viene cumpliendo con compromisos presupuestarios y salariales asumidos durante 2026. El Ministerio de Capital Humano informó en agosto que había transferido fondos correspondientes a gastos en personal e incrementos salariales y afirmó que continuaba ejecutando el acta paritaria acordada el 10 de junio.
La diferencia entre ambas posiciones es uno de los principales puntos que mantienen abierto el conflicto. Mientras universidades y sindicatos reclaman la aplicación integral de la ley, el Gobierno afirma que realizó transferencias y actualizaciones durante el año.
La situación judicial de la Ley de Financiamiento Universitario
El expediente judicial tiene varios antecedentes. En diciembre de 2025, el juez Cormick había dictado una medida cautelar que ordenaba al Gobierno cumplir con determinados artículos de la Ley 27.795. La decisión se encuentra firme y constituye la base de la intimación conocida ahora.
Durante 2026, el Gobierno solicitó que esa medida fuera dejada sin efecto, mientras que las universidades sostuvieron que las transferencias realizadas no significaban un cumplimiento integral de la normativa. A comienzos de septiembre, Cormick volvió a intervenir en el conflicto al ordenar al Ejecutivo ejecutar las partidas previstas en la Ley 27.795 a partir de una cautelar solicitada por la Universidad de Buenos Aires.
Ahora, la nueva resolución establece un plazo concreto de cinco días y agrega la posibilidad de aplicar sanciones económicas si persiste el incumplimiento.
Qué viene para las universidades y la UNLP
La resolución judicial se conoce mientras continúa el calendario de medidas de fuerza de las universidades nacionales. En La Plata, ADULP ya confirmó su adhesión al plan nacional y la participación de la comunidad universitaria en las próximas acciones de protesta.
La próxima fecha de relevancia será el 15 de octubre, cuando está prevista la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada frente al Palacio de Tribunales. La movilización estará acompañada por un esquema de paros y actividades de visibilización en distintas universidades del país.
En paralelo, el debate también alcanza al Presupuesto 2027. El Consejo Interuniversitario Nacional y las universidades cuestionan el nivel de recursos previsto para el próximo ejercicio, mientras el Gobierno sostiene su propia proyección presupuestaria. En ese escenario, la resolución de Cormick agrega una nueva instancia institucional al conflicto: el Ejecutivo tiene ahora cinco días para acreditar el cumplimiento de la medida cautelar o quedar expuesto a las sanciones económicas advertidas por la Justicia.
