Política
Milei recorta y avanza en el desguace de la energía nuclear
Recortes profundos, pérdida de personal calificado y apertura a capitales extranjeros marcan el nuevo rumbo del área nuclear bajo la gestión nacional.
La política de recorte impulsada por el gobierno de Javier Milei atraviesa con fuerza al sector nuclear argentino, un área considerada estratégica y en la que el país construyó capacidades durante más de siete décadas.
La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), eje del desarrollo tecnológico en la materia, registra una caída superior al 45% en su presupuesto real en los últimos años. A esto se suma una fuerte pérdida del poder adquisitivo de los salarios y la paralización de proyectos clave, incluyendo reactores que ya estaban en construcción.
El impacto del ajuste no solo se refleja en los números, sino también en la estructura humana del organismo. Desde 2023, alrededor de 400 trabajadores dejaron la CNEA, y si se consideran otras empresas del sector como Nucleoeléctrica y Dioxitek, la cifra de salidas supera los 800 puestos.
En ese contexto, el Gobierno avanzó recientemente con el despido de 62 empleados bajo régimen de contrato. Desde el Ejecutivo justificaron la medida señalando que se trataba, en su mayoría, de personal administrativo o casos sin funciones activas.
Sin embargo, desde los gremios desmienten esa versión y advierten que entre los cesanteados hay perfiles técnicos y científicos difíciles de reemplazar. “Se están perdiendo capacidades clave”, sostienen, y denuncian que las decisiones se tomaron sin criterios claros ni consulta interna.
Mientras este ajuste golpea al sistema público, el Gobierno impulsa un viraje hacia la privatización del desarrollo nuclear con el anuncio de un reactor modular pequeño (SMR) de unos 300 MW en el predio de Atucha, a cargo de Meitner Energy Latam y financiado íntegramente por capitales privados con una inversión cercana a los 1.200 millones de dólares.
La iniciativa, presentada por el ministro de Economía, Luis Caputo, promete generación de empleo y tecnología de punta, pero se da en paralelo a recortes, despidos y paralización de proyectos estatales. Mientras se desfinancia la estructura pública que durante décadas sostuvo el desarrollo nuclear argentino, el nuevo esquema abre la puerta a que un área estratégica quede condicionada por intereses privados y beneficios fiscales, en lugar de responder a una planificación energética de largo plazo.
Críticas por el impacto en la soberanía tecnológica
El rumbo adoptado generó fuertes cuestionamientos desde distintos sectores. Especialistas, trabajadores y referentes políticos advierten que el recorte y la pérdida de personal calificado podrían afectar la autonomía tecnológica del país.
Desde el ámbito científico alertan que Argentina forma parte de un grupo reducido de países con desarrollo nuclear propio y que ese posicionamiento podría deteriorarse si se profundiza el desfinanciamiento.
A su vez, voces opositoras señalan que la apertura al capital privado podría traducirse en mayores costos en servicios vinculados, tanto en la generación de energía como en aplicaciones médicas.
Un sector en alerta
En medio del ajuste, los sindicatos se declararon en estado de alerta y reclaman la reincorporación de los despedidos. También denuncian un deterioro general en las condiciones de funcionamiento del organismo.
El escenario actual combina recortes, conflicto laboral y un cambio estructural en el modelo de desarrollo nuclear, en un contexto donde el futuro del sector aparece atravesado por tensiones políticas, económicas y estratégicas.
