Política

Nueva denuncia contra Manuel Adorni por contrataciones irregulares y anomalías en la concesión de Tecnópolis

Nueva denuncia contra Manuel Adorni por contrataciones irregulares y anomalías en la concesión de Tecnópolis
Leonel Sánchez Alpino
20 Mar, 2026

La presentación judicial fue impulsada por la diputada Marcela Pagano y apunta a posibles delitos vinculados a licitaciones y conflictos de interés.

Una nueva denuncia judicial vuelve a poner el foco sobre el Gobierno nacional. En esta oportunidad, la diputada Marcela Pagano acusó al funcionario Manuel Adorni por presuntas irregularidades en contrataciones públicas y en el proceso de concesión del predio de Tecnópolis.

La presentación, que se conoció en las últimas horas, investiga posibles delitos contra la administración pública relacionados con licitaciones de servicios de mensajería masiva y con la gestión del complejo Tecnópolis durante el período 2025-2026.

Según el escrito, una licitación impulsada desde el área de Comunicación y Medios habría adjudicado un contrato por más de $3.650 millones a la empresa ATX S.A. para el envío de mensajes de texto, correos electrónicos y llamadas automatizadas. En ese proceso, se advierten presuntos vínculos societarios entre distintas firmas participantes, lo que podría haber afectado la transparencia y la competencia.

La denuncia también menciona variaciones en los montos de contrataciones similares y la reiteración de empresas relacionadas en distintos procesos, lo que podría configurar una “simulación de competencia” en perjuicio del Estado.

En paralelo, el foco está puesto en la concesión de Tecnópolis, un proceso millonario que se encuentra bajo la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado. En este punto, se señala un posible conflicto de interés por vínculos entre una consultora vinculada al entorno familiar del funcionario y empresas que participan del proceso.

De acuerdo a la presentación, estas relaciones podrían ser incompatibles con el ejercicio de la función pública. Por ello, se plantea la posible comisión de delitos como fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles, abuso de autoridad y enriquecimiento ilícito.

Finalmente, la denunciante solicitó a la Justicia la apertura de una investigación penal y la producción de medidas de prueba para determinar si existieron responsabilidades por parte de funcionarios y empresarios involucrados.

Comentarios