Punto capital

Nuevo paro en la UNLP: este jueves no habrá clases en facultades ni colegios preuniversitarios

Docentes y nodocentes de la Universidad Nacional de La Plata realizarán una huelga de 24 horas en reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial. La medida se suma a una semana atravesada por dos feriados y a otra jornada de protesta prevista para el lunes 16 de noviembre.

La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) tendrá este jueves 12 de noviembre una nueva jornada de paro que afectará el dictado de clases en las facultades y los colegios preuniversitarios. La medida fue convocada por la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de La Plata (ATULP), que representa al personal nodocente, y la Asociación de Docentes de la UNLP (ADULP), en adhesión al plan de lucha de sus federaciones nacionales, FATUN y CONADU.

La huelga se desarrolla en una semana con actividad reducida por los feriados del lunes 9 de noviembre, a nivel nacional, y del miércoles 11, en la provincia de Buenos Aires, ambos vinculados con la visita del papa León XIV. De esta manera, el funcionamiento habitual de la universidad quedó limitado a dos jornadas: el martes y el viernes.

El conflicto se profundiza en un momento clave del calendario académico, cuando las facultades y los establecimientos educativos avanzan con el cierre de cursadas, la definición de calificaciones y la organización de las instancias de evaluación.

Financiamiento universitario y salarios, los principales reclamos

Los gremios universitarios reclaman que el Gobierno nacional aplique la Ley de Financiamiento Universitario y disponga una recomposición de los salarios docentes y nodocentes. Según los sindicatos, desde diciembre de 2023 el poder adquisitivo del sector perdió más del 30%.

En la última negociación paritaria, el Ejecutivo ofreció un incremento del 3% para los haberes correspondientes a septiembre y octubre, una propuesta que las organizaciones gremiales consideran insuficiente frente al deterioro salarial acumulado.

El Gobierno nacional mantiene su postura y sostiene que el Congreso no estableció de dónde deben salir los recursos para financiar la ley. La discusión continúa pese a las decisiones judiciales y las votaciones legislativas vinculadas con la vigencia de la norma.

Las organizaciones sindicales ya anunciaron una nueva jornada de paro para el lunes 16 de noviembre. Además, prevén movilizarse durante la semana en coincidencia con el tratamiento del tema en el Congreso, con consignas centradas en la libertad de negociación paritaria, la recuperación de los ingresos y el aumento del presupuesto destinado a las universidades, la ciencia y la tecnología.

Las protestas forman parte de un plan de lucha de tres semanas impulsado por CONADU, que busca que los recursos necesarios para implementar la ley queden incorporados al Presupuesto nacional de 2027.

La disputa judicial por la aplicación de la ley

El conflicto también tiene un capítulo en los tribunales. La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal hizo lugar a una queja presentada por el Ministerio de Capital Humano contra una decisión del juzgado de primera instancia a cargo de Martín Cormick, que había rechazado habilitar una apelación.

Ese juzgado había intimado al Estado nacional a cumplir, en un plazo de cinco días, una medida cautelar que ordenaba actualizar los fondos universitarios, bajo apercibimiento de aplicar sanciones económicas.

En su presentación, el Gobierno cuestionó que el magistrado no hubiera especificado qué obligaciones establecidas por la ley se encontraban incumplidas ni cuáles eran los montos necesarios para cumplirlas.

Por otra parte, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, apeló la multa de 100.000 pesos diarios impuesta por la falta de actualización de los salarios universitarios. También solicitó que se suspendan las astreintes —sanciones económicas destinadas a forzar el cumplimiento de una orden judicial— hasta que se resuelva el recurso.

Los rectores reclaman más fondos para 2027

En paralelo, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a las autoridades de las universidades públicas, acordó solicitar 11 billones de pesos para garantizar la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario.

El monto requerido representa un 33% más que los recursos contemplados en el proyecto de Presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo, una diferencia que las autoridades universitarias consideran significativa para sostener el funcionamiento del sistema.

Desde el CIN anticiparon que noviembre estará marcado por las gestiones ante legisladores y gobernadores para conseguir respaldo político y presupuestario.

Con un nuevo paro en marcha, otra medida de fuerza prevista para el lunes y negociaciones abiertas en el ámbito judicial y legislativo, la comunidad universitaria enfrenta semanas decisivas para el financiamiento de las instituciones, la recomposición salarial y la continuidad de las actividades académicas.