Sociedad
Qué dice la Ley Lucio tras la muerte de Ángel en Comodoro Rivadavia
La investigación por la muerte del nene de 4 años en Comodoro Rivadavia reavivó la discusión sobre la Ley 27.709, conocida como Ley Lucio, una norma sancionada en 2023 tras el crimen de Lucio Dupuy y pensada para fortalecer la detección temprana de situaciones de violencia contra chicos y chicas.
Mientras la Justicia intenta determinar qué pasó con el nene de 4 años en Chubut, el caso reavivó el recuerdo de Lucio Dupuy y de la ley que nació después de ese crimen.
Aunque en el debate público suele presentarse como una ley de prevención del maltrato infantil, el texto sancionado en el Congreso tiene un nombre más preciso: Ley 27.709 de Creación del Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Fue aprobada el 13 de abril de 2023 y estableció una capacitación continua, permanente y obligatoria para quienes trabajan en áreas y dependencias de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial que integran el sistema de protección de derechos de las infancias.
La norma, conocida popularmente como Ley Lucio, apunta a que el Estado llegue antes. En concreto, obliga a formar a agentes públicos para reconocer señales de vulneración de derechos, actuar con enfoque de niñez y evitar que denuncias o advertencias queden invisibilizadas. Además, permite extender esas capacitaciones a provincias, municipios y también a organizaciones sociales, deportivas, recreativas y culturales mediante convenios con la autoridad de aplicación.
Entre sus principios rectores, la ley plantea el respeto a la Convención sobre los Derechos del Niño y a la Ley 26.061 de protección integral, promueve el “buen trato”, exige generar condiciones para que niños, niñas y adolescentes sean escuchados en procesos administrativos y judiciales, incorpora perspectiva de género y diversidades, y recomienda proteger la identidad de quienes denuncian posibles vulneraciones de derechos. También prevé campañas de concientización y obliga a difundir públicamente el grado de cumplimiento de la norma.
La autoridad de aplicación es la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, y la reglamentación de la ley fue aprobada por el Decreto 360/2023. Esa reglamentación facultó a la SENNAF a firmar acuerdos con organismos nacionales, provinciales, municipales y entidades de la sociedad civil para implementar las capacitaciones y avanzar en una aplicación más federal de la norma.
En otras palabras, la Ley Lucio no reemplaza una investigación penal ni resuelve por sí sola las fallas de juzgados, áreas de niñez, escuelas, hospitales o fuerzas de seguridad. Su apuesta pasa por otro lado: que quienes están en contacto cotidiano con chicos y chicas puedan detectar indicadores de riesgo, activar mecanismos de protección y evitar que una situación de violencia escale hasta el extremo. Esa es la discusión que vuelve cada vez que un caso expone posibles señales previas que no alcanzaron para proteger a una víctima.
El nombre de la ley remite al caso de Lucio Dupuy, el nene asesinado en noviembre de 2021 en Santa Rosa, La Pampa. El crimen derivó en condenas a prisión perpetua para su madre, Magdalena Espósito Valenti, y su pareja, Abigail Páez, y se convirtió en un punto de inflexión para empujar una norma que buscara reducir la omisión estatal frente a hechos de violencia infantil.
