Sociedad
Quince penitenciarios fueron detenidos por las denuncias de torturas y abusos en la cárcel de Magdalena
La Justicia de La Plata ordenó detener a 15 agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense acusados por graves hechos ocurridos en la Unidad N°51 de Magdalena. La investigación, a cargo del fiscal Álvaro Garganta, busca determinar las responsabilidades individuales por las presuntas torturas, abusos sexuales y otros actos de violencia denunciados por mujeres privadas de la libertad.
La investigación judicial por las graves denuncias ocurridas en la Unidad Penitenciaria N°51 de Magdalena dio un nuevo y significativo paso. Durante la madrugada de este martes fueron detenidos 15 integrantes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), acusados de distintos grados de participación en los hechos que son investigados por la Justicia de La Plata.
Los procedimientos fueron ordenados por el juez de Garantías N°4, Juan Pablo Masi, y se realizaron en distintas dependencias del SPB. Los detenidos quedaron a disposición del fiscal Álvaro Garganta, titular de la UFI N°11 de La Plata, quien comenzará a tomarles declaración indagatoria en las próximas horas.
La causa se inició a partir de los testimonios de mujeres alojadas en la cárcel de Magdalena, quienes denunciaron haber sido víctimas de golpes, amenazas, utilización de gas pimienta, desnudez forzada, humillaciones y abusos sexuales durante un operativo realizado el 3 de junio pasado.
Según la investigación, todo comenzó después de una pelea entre dos internas. Un grupo de agentes ingresó a uno de los pabellones y, de acuerdo con los testimonios incorporados al expediente, varias mujeres fueron retiradas por la fuerza y trasladadas hacia distintos sectores de la unidad.
Las denunciantes describieron una secuencia de violencia que habría incluido golpes, amenazas, exposición prolongada al gas pimienta, privación de agua y alimentos y distintas formas de castigo y humillación. También se investigan graves denuncias de violencia sexual cometida presuntamente durante el procedimiento.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que intervino como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, relevó los testimonios de las víctimas y documentó lesiones y otros elementos que posteriormente fueron incorporados a la investigación judicial.
La nómina de detenidos está integrada por Daiana Belén Balmaceda, María Belén Toledo, Daiana Ayelén Villafañe, Antonela Belén Cingolani, Agustina Ailén Orona, Florencia Anahí Ortiz, Raquel Noemí Boccardo, Gisela Mailin Iguarán, Carlos Miguel Tocci, Juan Manuel Villena, Miguel Ángel Eduardo Villotta, Facundo Sebastián Medina, Lucas Germán Dama, Carlos Alberto Salice y Juan Antonio Juanena.
Entre los acusados hay personas que cumplían diferentes funciones dentro de la Unidad N°51, incluidas autoridades jerárquicas, integrantes del Grupo de Intervención ante Emergencias (GIE) y personal relacionado con el área de sanidad.
La imputación contempla, entre otros delitos, presuntas torturas y abusos sexuales con acceso carnal, gravemente ultrajantes y agravados por haber sido cometidos por integrantes de una fuerza de seguridad en ocasión de sus funciones. La calificación legal podrá ser revisada y precisada a medida que avance el expediente.
Los hechos denunciados generaron rápidamente medidas dentro del Servicio Penitenciario. En junio, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense había dispuesto la separación preventiva de diez agentes señalados por su presunta vinculación con los episodios.
Con las nuevas detenciones, el expediente ingresó en una instancia penal de mayor gravedad. Ahora será la Justicia la que deberá establecer qué participación tuvo cada uno de los imputados y si las distintas acusaciones pueden ser acreditadas con las pruebas reunidas.
La causa también contempla lo ocurrido después del operativo. Dos días más tarde, las internas realizaron una protesta para denunciar las agresiones y reclamar por sus condiciones de alojamiento. Según los organismos que intervinieron, esa manifestación también habría sido reprimida.
La CPM denunció haber encontrado posteriormente a mujeres con lesiones y señaló posibles inconsistencias en algunos informes médicos confeccionados después de los episodios.
Uno de los puntos centrales de la investigación será reconstruir qué ocurrió dentro de la Unidad N°51 y determinar no solamente quiénes habrían participado directamente de las agresiones, sino también qué responsabilidad pudieron haber tenido quienes ejercían funciones de mando o pertenecían a áreas que pudieron intervenir durante o después de los hechos.
En ese marco, las declaraciones indagatorias de los 15 detenidos serán una instancia clave. Allí conocerán formalmente las acusaciones en su contra y podrán ejercer su derecho de defensa.
La Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, además, reconoció a la Comisión Provincial por la Memoria como particular damnificado institucional, lo que permitirá al organismo participar en el seguimiento de la investigación.
Desde el Gobierno bonaerense señalaron que las medidas buscan asegurar elementos de prueba y poner a disposición de la Justicia a quienes pudieran estar involucrados. También reafirmaron su compromiso con el esclarecimiento de los hechos y con el cumplimiento de las normas constitucionales y convencionales.
La investigación, que comenzó con los relatos de mujeres privadas de la libertad, entra ahora en una etapa decisiva. Con 15 agentes detenidos, la Justicia deberá avanzar sobre las pruebas, las indagatorias y la reconstrucción de los procedimientos para determinar qué ocurrió puertas adentro de la cárcel de Magdalena y hasta dónde llegó la eventual cadena de responsabilidades.
