Política
Reforma electoral: Milei busca el apoyo de los gobernadores para suspender las PASO en 2027
El Gobierno postergó hasta este miércoles el intento de conseguir dictamen en el Senado, ante la falta de firmas suficientes. Las negociaciones están atravesadas por la posible habilitación de listas colectoras, el proyecto de Ficha Limpia y los reclamos de recursos por parte de las provincias.
El Gobierno de Javier Milei enfrenta dificultades para avanzar con su reforma electoral en el Senado, donde busca suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) previstas para 2027. La Comisión de Asuntos Constitucionales pasó a un cuarto intermedio hasta el mediodía de este miércoles, luego de que La Libertad Avanza no consiguiera los apoyos necesarios para emitir dictamen.
El oficialismo necesita reunir diez firmas para habilitar esa instancia, pero, según la información difundida sobre las negociaciones, hasta el martes contaba con ocho respaldos asegurados. La falta de acuerdos con sectores aliados y las conversaciones con los gobernadores complicaron el cronograma que la Casa Rosada esperaba cumplir.
En ese escenario, las tratativas no se limitan al contenido de la reforma. Los mandatarios provinciales también reclaman mayores recursos para sus distritos como parte de las conversaciones políticas, una demanda que suma presión sobre el Gobierno en su intento de reunir los votos.
Suspensión de las PASO y discusión por las listas colectoras
La eliminación de las primarias para las elecciones de 2027 constituye uno de los ejes centrales de la iniciativa oficial. Sin embargo, el proyecto contempla otros cambios en las reglas electorales, entre ellos modificaciones vinculadas con la presentación de candidaturas y el sistema de Boleta Única de Papel.
Uno de los puntos que generó mayores diferencias es la posibilidad de habilitar listas colectoras. El borrador en discusión permitiría que una misma candidatura presidencial de un partido nacional reciba el respaldo de hasta dos agrupaciones adicionales en un distrito, cada una con sus propias listas legislativas.
De esa manera, diferentes espacios políticos podrían apoyar al mismo candidato a presidente y, al mismo tiempo, competir por separado en las categorías correspondientes al Congreso. El mecanismo podría modificar los acuerdos electorales entre las fuerzas que integran alianzas o mantienen vínculos políticos.
La incorporación de esta alternativa surgió a partir de planteos de gobernadores aliados, especialmente de sectores del radicalismo. Sin embargo, la propuesta abrió nuevas discusiones dentro de las negociaciones y todavía no había consenso sobre su inclusión definitiva.
Por ese motivo, el oficialismo buscaba acercar posiciones antes de retomar el debate en comisión, con el objetivo de presentar una versión del proyecto que permita reunir las adhesiones necesarias.
Ficha Limpia, otro componente de la reforma
El texto también incorpora el régimen de Ficha Limpia, una iniciativa impulsada por el PRO que establece restricciones para las candidaturas de personas con determinadas condenas penales.
De acuerdo con el borrador difundido, no podrían postularse a cargos electivos nacionales quienes tengan una condena por un delito doloso confirmada en segunda instancia antes del 31 de diciembre del año previo a los comicios.
La propuesta, además, extiende las restricciones a distintos puestos del Poder Ejecutivo nacional, entre ellos ministerios, secretarías y autoridades de organismos estatales.
El PRO anunció que sus tres senadores acompañarán la reforma. Ese respaldo representa un apoyo adicional para el oficialismo en el recinto, aunque no alcanza por sí solo para resolver el problema que enfrenta La Libertad Avanza en la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde no cuenta con representación propia.
Fondos provinciales y acuerdos políticos, en el centro de la negociación
La discusión continuará este miércoles, cuando el oficialismo intente destrabar las diferencias y conseguir las firmas necesarias para avanzar con el proyecto. Para ello, el Gobierno trabaja sobre una nueva versión de la iniciativa, con modificaciones destinadas a responder a los planteos de los sectores aliados.
Las conversaciones incluyen tanto aspectos de la legislación electoral como reclamos por fondos para las provincias. También forman parte de la negociación otros acuerdos políticos, entre ellos cuestiones vinculadas con cargos y eventuales reelecciones de gobernadores.
El respaldo de los senadores que todavía no definieron su posición dependerá, en parte, de las señales que reciban de sus respectivos mandatarios provinciales. Esa situación mantiene abierta la discusión y obliga a la Casa Rosada a sostener las conversaciones para evitar que el proyecto vuelva a quedar trabado.
Aunque la suspensión de las PASO aparece como uno de los puntos con mayores posibilidades de reunir apoyos, la habilitación de las colectoras y el resto de los cambios propuestos continúan sujetos a la negociación parlamentaria. El resultado de las conversaciones será clave para determinar si el oficialismo consigue avanzar con la reforma electoral de cara a los comicios de 2027.