Política
Subsidios al transporte: la Corte Suprema intervendrá en el reclamo de Kicillof contra el Gobierno nacional
El máximo tribunal aceptó su competencia para analizar la demanda de la Provincia de Buenos Aires por la eliminación del Fondo de Compensación al Transporte del interior. Le dio 60 días al Gobierno de Javier Milei para responder antes de resolver si dicta una medida cautelar.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación aceptó intervenir en el conflicto entre la provincia de Buenos Aires y el Gobierno nacional por la eliminación de los subsidios al transporte público del interior del país. La demanda fue presentada por la administración de Axel Kicillof, que cuestiona el cese del Fondo de Compensación al Transporte y reclama la restitución de los recursos.
Como primer paso, el máximo tribunal le otorgó al Estado nacional un plazo de 60 días para contestar la presentación. Una vez cumplido ese trámite o vencido el período establecido, los jueces evaluarán si corresponde dictar una medida cautelar, según el fallo al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.
El reclamo provincial apunta contra la eliminación del Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País, conocido como FCI. La medida fue anunciada en febrero de 2024 mediante un comunicado del Ministerio de Economía y formalizada en marzo de ese año a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 280/2024.
Qué reclama Kicillof ante la Corte Suprema
En su presentación, el Gobierno bonaerense solicitó que se declare la «invalidez, ineficacia e inoponibilidad jurídica» del comunicado que anunció la eliminación del fondo y la inconstitucionalidad del artículo 18 del DNU 280/2024, que estableció el cese de las transferencias.
Además, pidió una medida cautelar para que el Estado nacional transfiera de manera «inmediata y efectiva» los fondos que considera adeudados, junto con los intereses correspondientes.
La Provincia sostiene que la eliminación de los subsidios provocó una «grave afectación para la previsibilidad presupuestaria provincial y los derechos de los usuarios del transporte público». En ese sentido, argumentó que la quita de los recursos tuvo consecuencias sobre las tarifas de colectivos en las jurisdicciones del interior, donde se registraron fuertes aumentos del boleto.
También cuestionó la constitucionalidad de la decisión nacional. Según la demanda, la medida vulnera los principios de legalidad, división de poderes y lealtad federal, además de afectar la coordinación y cooperación entre los distintos niveles de gobierno.
Cómo funcionaba el Fondo de Compensación al Transporte
El Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País fue creado en 2018 mediante la Ley 27.467.
La normativa estableció una partida de 6.500 millones de pesos destinada a compensar los desequilibrios financieros de los sistemas de transporte de pasajeros que funcionan fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
La eliminación de ese mecanismo de asistencia, dispuesta por el Gobierno de Javier Milei en 2024, abrió una disputa entre la Nación y distintas jurisdicciones por el financiamiento del transporte público.
Ahora, con la aceptación de su competencia, la Corte Suprema deberá analizar los argumentos presentados por la administración bonaerense y, luego de recibir la respuesta del Estado nacional, resolver si corresponde avanzar con una medida cautelar.
