Internacional
Terremoto político en Paraguay: renunció el presidente en medio de una crisis financiera
Santiago Peña presentó su dimisión este jueves, luego del colapso de Ueno Bank, una entidad financiera vinculada a su pasado empresarial. La crisis dejó a millones de clientes sin acceso a sus depósitos, desató protestas y aceleró un intento de juicio político en el Congreso.
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó este jueves 5 de noviembre su renuncia a la Presidencia de la República, en medio de una profunda crisis política y financiera que sacude al país. La decisión se produjo luego de la intervención de Ueno Bank por parte del Banco Central, las movilizaciones de ahorristas y el avance de un pedido de juicio político impulsado en el Congreso.
El propio mandatario comunicó su decisión mediante un mensaje grabado que difundió en sus redes sociales. En su intervención, sostuvo que la medida buscaba preservar la estabilidad del país, la paz social y las instituciones democráticas.
"He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la República. Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas", expresó.
Además, pidió disculpas a la ciudadanía por las posibles fallas de su administración y aseguró que su prioridad era garantizar que los depositantes pudieran recuperar sus ahorros.
La dimisión se produjo cuando el Congreso paraguayo avanzaba en el tratamiento de un proceso de juicio político contra el jefe de Estado, en un escenario de creciente aislamiento político.
El escándalo bancario que desató la crisis
El detonante de la crisis fue la situación de Ueno Bank, una de las principales entidades financieras digitales de Paraguay, que quedó bajo intervención del Banco Central tras detectarse graves problemas de solvencia.
La entidad, que había experimentado un crecimiento acelerado durante los últimos años, contaba con más de tres millones de clientes y administraba importantes recursos públicos, entre ellos depósitos vinculados a fondos previsionales y organismos estatales.
Según informó la agencia Associated Press, el Banco Central detectó operaciones crediticias de riesgo con empresas vinculadas a los propietarios de la entidad, además de deficiencias en la documentación de préstamos y activos registrados incorrectamente.
La revisión de los balances dejó al banco con un nivel de capital inferior a la mitad del mínimo exigido por la normativa, lo que derivó en la intervención y el inicio de un proceso para reorganizar sus operaciones.
La decisión tuvo un impacto inmediato: la aplicación, las tarjetas y las transferencias dejaron de funcionar, mientras que las sucursales cerraron sus puertas. Miles de personas se encontraron sin posibilidad de acceder a sus depósitos, lo que provocó largas filas y protestas en Asunción.
El caso adquirió una dimensión política debido a los vínculos empresariales que Peña había mantenido con el grupo propietario de la entidad. El mandatario había sido accionista de la sociedad controlante de Ueno hasta marzo de 2025, cuando todavía ejercía la Presidencia.
Además, durante su gestión, el banco recibió importantes depósitos de organismos públicos. De acuerdo con AP, hacia octubre de 2026 la entidad administraba aproximadamente 800 millones de dólares provenientes de fondos públicos, cerca de una cuarta parte de sus depósitos totales.
El juicio político y la ruptura dentro del oficialismo
La crisis financiera rápidamente se trasladó al terreno institucional.
Legisladores de la oposición presentaron un pedido de juicio político contra Peña, con acusaciones vinculadas a presuntos conflictos de intereses, utilización de fondos previsionales y encubrimiento institucional en torno a las operaciones de Ueno Bank.
La iniciativa reunió inicialmente 35 firmas en la Cámara de Diputados, que cuenta con 80 integrantes.
Sin embargo, el escenario cambió cuando figuras centrales del oficialismo comenzaron a retirar su respaldo al presidente. Entre ellas se encontraron el titular del Congreso, Basilio Núñez, y el líder del Partido Colorado, Horacio Cartes.
Núñez reclamó públicamente la renuncia de Peña y advirtió que, de no producirse, acompañaría el proceso de juicio político. La pérdida de ese respaldo profundizó el aislamiento del mandatario y aceleró la crisis dentro de su propio espacio político.
Mientras tanto, las protestas se extendieron por Asunción. Ahorristas, jubilados, trabajadores y otros sectores de la sociedad reclamaron respuestas y la devolución de los fondos que permanecían inaccesibles.
En paralelo, las autoridades ordenaron la detención de ocho directivos de la entidad y la Fiscalía avanzó con imputaciones contra 27 personas vinculadas al banco y sus operaciones.
¿Quién asumirá la Presidencia de Paraguay?
Con la renuncia de Peña, la atención se trasladó a la sucesión presidencial.
De acuerdo con el artículo 234 de la Constitución paraguaya, ante la renuncia del presidente, el vicepresidente debe asumir la titularidad del Poder Ejecutivo.
En este caso, el lugar corresponde a Pedro Alliana, quien deberá completar el período constitucional iniciado en agosto de 2023 y previsto hasta 2028.
El Congreso deberá avanzar con el procedimiento institucional correspondiente para formalizar la dimisión y concretar el traspaso de mando.
Una crisis que trasciende al Gobierno
La salida de Santiago Peña abre un nuevo escenario político en Paraguay, donde la crisis bancaria puso bajo cuestionamiento los vínculos entre el poder político, los organismos de regulación financiera y el sector privado.
El desafío inmediato será garantizar que los ahorristas recuperen sus depósitos, esclarecer las responsabilidades en torno a la caída de Ueno Bank y restablecer la confianza en el sistema financiero.
La renuncia de Peña marca un punto de inflexión para el Partido Colorado, que gobierna Paraguay desde hace décadas con interrupciones, y deja interrogantes sobre el futuro político del oficialismo y la capacidad de las instituciones para dar respuesta a una crisis que ya trascendió el ámbito económico.
