Punto capital
Transportistas escolares de La Plata piden extender a 22 años la antigüedad de los vehículos
La Asociación de Transportistas de Buenos Aires presentó un pedido ante el Concejo Deliberante para modificar la normativa vigente. Buscan equiparar las condiciones con Berisso y Ensenada y sostienen que los altos costos de renovación dificultan la continuidad de la actividad.
Los transportistas escolares de La Plata solicitaron al Concejo Deliberante una modificación de la normativa que regula la actividad para ampliar de manera general a 22 años la antigüedad máxima permitida para los vehículos que prestan el servicio.
El planteo fue presentado por la Asociación de Transportistas de Buenos Aires (ATBA) ante el presidente del cuerpo deliberativo, Marcelo Galland. La entidad busca modificar la Ordenanza 10.325, vigente desde 2007, y particularmente el artículo que establece el límite de antigüedad de las unidades.
La propuesta todavía deberá ser analizada por los concejales y apunta a equiparar la regulación platense con la que, según señalaron desde el sector, rige actualmente en Berisso y Ensenada.
Desde ATBA explicaron que el principal objetivo es permitir que los vehículos habilitados puedan continuar trabajando durante más tiempo, ante las dificultades económicas que atraviesan los prestadores para renovar las unidades.
Los transportistas remarcaron que una eventual ampliación de la antigüedad no significaría eliminar los controles de seguridad. Los vehículos continuarían sujetos a las inspecciones y habilitaciones correspondientes.
En ese sentido, mencionaron también la Resolución 122/2018 del Ministerio de Transporte bonaerense, que establece requisitos y controles específicos para este tipo de servicio.
La intención, según explicaron, es modificar exclusivamente el límite de antigüedad y mantener las exigencias técnicas necesarias para garantizar la seguridad de los estudiantes.
Uno de los principales argumentos de los transportistas está relacionado con el costo que implica reemplazar un vehículo.
Desde la asociación señalaron que la actividad no cuenta con subsidios suficientes ni con alternativas de financiamiento accesibles que permitan afrontar con facilidad la renovación de las unidades cuando alcanzan el límite establecido por la normativa.
Además, sostienen que el transporte escolar presenta características particulares: recorridos generalmente cortos, horarios determinados y trayectos conocidos, con una utilización diferente a la de otros servicios de transporte de pasajeros.
Por ese motivo, consideran que debería contemplarse la situación de los prestadores que ya se encuentran habilitados y que dependen de esta actividad como principal fuente de ingresos.
Otro de los puntos centrales del pedido es la diferencia que existe entre las normativas de los municipios de la región.
Según ATBA, Berisso y Ensenada permiten unidades escolares de hasta 22 años, mientras que La Plata mantiene un límite menor. Por eso, buscan que la capital bonaerense adopte el mismo criterio.
La diferencia puede convertirse en un inconveniente para quienes realizan recorridos que atraviesan distintas localidades de la región, especialmente cuando un mismo servicio vincula establecimientos educativos y barrios de La Plata, Berisso y Ensenada.
Para los transportistas, establecer un límite común permitiría reducir las diferencias regulatorias entre trabajadores que desarrollan la misma actividad dentro del área metropolitana platense.
Ante la posibilidad de que se extienda la vida útil de los vehículos, el sector aclaró que el pedido no implica una flexibilización de las condiciones de seguridad.
Las unidades que continúen prestando el servicio deberían seguir cumpliendo con las inspecciones, habilitaciones y requisitos técnicos establecidos por las autoridades.
El planteo de ATBA se limita, de esta manera, a modificar la antigüedad máxima permitida y llevarla a 22 años.
Ahora será el Concejo Deliberante de La Plata el que deberá analizar la propuesta y definir si avanza una modificación de la Ordenanza 10.325.
Para los transportistas, la medida permitiría sostener recorridos y fuentes laborales en un contexto de fuertes dificultades para renovar el parque automotor. Para que la extensión sea posible, deberán mantenerse, al mismo tiempo, los controles destinados a garantizar que los vehículos que trasladan a los estudiantes se encuentren en condiciones adecuadas de seguridad.
