Punto capital

Virginia Créimer: “Me acusan de investigar demasiado”

Emma Virginia Créimer, es reconocida por intervenir en causas de violencia institucional y delitos de lesa humanidad, enfrenta hoy una investigación judicial mientras denuncia una persecución sistemática que lleva más de veinte años. Amenazas, operaciones de desgaste, presiones políticas y expedientes cruzados atraviesan la historia de una perito que incomodó a policías, penitenciarios y sectores del Poder Judicial en algunos de los casos más sensibles de la Argentina reciente.

La historia de Emma Virginia Créimer condensa una de las discusiones más incómodas de la democracia argentina: qué ocurre cuando quienes deben aportar pruebas sobre delitos cometidos por el Estado terminan denunciando persecución por parte del propio aparato judicial.

Médica forense, especialista en medicina legal, docente universitaria y perito en algunas de las causas más sensibles de las últimas dos décadas, Créimer pasó de ser una figura requerida por familiares de víctimas y organismos de derechos humanos a convertirse en una imputada por la Justicia Federal por presunto “falso testimonio” en una causa vinculada a la investigación de la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro.

La indagatoria impulsada por la fiscalía federal de Bahía Blanca, a cargo de Ulpiano Martínez, volvió a colocarla en el centro de la escena pública. Según denunció la propia forense, la convocatoria judicial fue diseñada de manera irregular: primero debía presentarse a una audiencia para recusar al fiscal y apenas treinta minutos después declarar en la indagatoria principal, algo que —según sostuvo— vulneraba su derecho de defensa.

Pero detrás de ese expediente se despliega una trama mucho más profunda: denuncias de hostigamiento, amenazas, operaciones mediáticas, internas judiciales y una larga lista de casos donde la médica intervino señalando responsabilidades de fuerzas de seguridad y estructuras estatales.

Sin embargo, para entender y contextualizar por qué el caso genera tanta repercusión en organismos de derechos humanos y sectores judiciales, es necesario retroceder veinte años.

El comienzo: una pericia sobre torturas que cambió todo

Créimer ubica el origen de la persecución en 2005. Por entonces fue convocada por la fiscalía N°7 de La Plata para examinar a Cristian López Toledo, un detenido de la Unidad Penitenciaria N°9 del Servicio Penitenciario Bonaerense que había denunciado torturas.

La evaluación médica concluyó que las lesiones eran compatibles con tormentos y aplicación de corriente eléctrica. Lo que debía ser una pericia técnica se transformó rápidamente en un conflicto institucional.

Según explicó la médica, la propia estructura judicial que la había convocado inició luego un sumario administrativo en su contra por haberse apartado de protocolos antiguos que, según denunció, provenían de criterios establecidos durante la dictadura militar y dificultaban detectar rastros de tortura eléctrica.

Ese episodio marcó un quiebre. Desde entonces, Créimer sostiene que comenzó a sufrir distintas formas de hostigamiento: amenazas telefónicas, seguimientos, campañas de desprestigio en medios de comunicación y presiones profesionales. Con el tiempo, esos hechos se volvieron más violentos, como el asesinato de una mascota.

A diferencia de otros peritos judiciales que mantienen un perfil estrictamente técnico, la figura de Virginia Créimer se convirtió en una pública. Sus intervenciones no se limitaron a informes médicos: cuestionó investigaciones oficiales, denunció irregularidades procesales y puso en discusión prácticas históricas de las fuerzas de seguridad y del sistema judicial argentino.

Participó en causas emblemáticas como las de Luciano Arruga, Franco Casco, María de los Ángeles Paris, Facundo Astudillo Castro y Lucía Pérez. En todas ellas existían sospechas o denuncias vinculadas a violencia institucional, femicidios o responsabilidad estatal.

Uno de los episodios que más tensión generó fue su intervención en el caso del represor Miguel Etchecolatz. Créimer realizó un informe médico que concluyó que el ex director de Investigaciones de la Policía Bonaerense estaba en condiciones de continuar detenido en una cárcel común y no requería prisión domiciliaria por motivos de salud.

Según denunció después, las amenazas recrudecieron a partir de aquella pericia. Organismos de derechos humanos señalaron que el caso Etchecolatz la convirtió en un objetivo para sectores vinculados a represores y estructuras policiales.

El caso Facundo Astudillo Castro: el expediente que volvió a exponerla y su relato en primera persona

En diálogo con este medio, Virginia Créimer profundizó sobre el trasfondo de la causa judicial que enfrenta y reconstruyó, desde una mirada íntima y política, el impacto que tuvo su participación en la investigación por la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro.

La médica forense aseguró que uno de los aspectos más movilizantes del caso fue el contexto en el que se produjo la investigación: una desaparición forzada en democracia. “Eso fue lo primero que me impactó”, sostuvo. Y recordó que la propia causa fue instruida bajo esa carátula por el Ministerio Público Fiscal de la Nación.

Pero más allá de la dimensión judicial, Créimer describió el vínculo que construyó con Cristina Castro, la madre de Facundo, como uno de los momentos más fuertes que atravesó durante la investigación.

“Antes de la autopsia yo me reuní con Cristina y con sus abogados. Les dije que iba prácticamente ciega porque tenía muy pocos elementos. Estábamos en pandemia, yo no había podido ir al lugar del hecho porque estaba aislada por presunto COVID y solamente tenía acceso a fotografías y partes parciales de la causa”, relató.

Según explicó, su metodología de trabajo siempre implica estudiar el expediente completo y no solamente los informes periciales: “Yo reviso todo, desde el cartoncito con el que empieza la causa hasta la última foja. Porque muchas veces en el contexto aparecen elementos fundamentales que quedan invisibilizados”.

En ese encuentro previo a la autopsia ocurrió una escena que, todavía hoy, recuerda con emoción. “Cristina me dijo: ‘Yo estoy tranquila porque siento que Facundo confía en vos’. Y eso fue muy fuerte. Me pasa mucho con madres de chicos asesinados por fuerzas de seguridad: sienten una conexión con sus hijos, incluso después de muertos. Yo no puedo negar eso”.

Créimer también cuestionó duramente cómo se desarrolló el proceso pericial posterior a la autopsia realizada en el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

Recordó que en aquella junta participaron especialistas de distintas universidades, investigadores del CONICET, funcionarios judiciales y peritos de distintas partes. Sin embargo, denunció que cuando llegó al momento de discutir las conclusiones finales, el informe ya había sido redactado.“

Eso me llamó muchísimo la atención. Hace treinta años que hago esto y nunca me había pasado algo así. Las conclusiones se discuten entre todos los peritos después de la práctica. Pero cuando llegué, el informe ya estaba hecho sin mí”, afirmó.

La médica explicó que firmó el documento “en acuerdo parcial”, porque coincidía con gran parte de los procedimientos realizados, pero no con la conclusión taxativa de que no existían elementos compatibles con una muerte violenta.

“Uno trabaja con hipótesis. Salvo que tengas pruebas absolutamente contundentes, no podés cerrar puertas tan categóricamente. Y nosotros teníamos un cuerpo reducido prácticamente a osamenta incompleta. Decir que de ninguna manera había intervención de terceros era científicamente apresurado”, sostuvo.

La avanzada judicial y el rol de Ulpiano Martínez

Durante la entrevista, Créimer vinculó directamente las imputaciones actuales con la actuación del fiscal federal Ulpiano Martínez, a quien definió como un funcionario con un “perfil histórico claramente alineado con sectores represivos”.

La médica recordó que Martínez se apartó inicialmente de la causa por la desaparición de Facundo Astudillo Castro debido a diferencias con los fiscales especializados Andrés Heim y Horacio Azzolín, quienes investigaban el expediente bajo la hipótesis de desaparición forzada.

“Él mismo dijo que se fue porque no seguían su línea de investigación y que después el tiempo le dio la razón”, señaló.

Créimer sostuvo que, una vez que la causa perdió centralidad pública, el fiscal retomó protagonismo a través de investigaciones paralelas contra quienes participaron de la pesquisa original.

Primero avanzó contra el adiestrador canino Marcos Herrero, cuyos perros marcaron distintos elementos vinculados a Facundo durante allanamientos. Luego, las imputaciones se extendieron hacia la propia Créimer, uno de los abogados querellantes y la madre del joven desaparecido.

“Lo que yo planteo es que acá no hay una vindicta pública, sino una vindicta personal”, afirmó. Y agregó: “Como no puede vengarse de los fiscales que lo desplazaron de la investigación principal, va contra los eslabones más débiles: quienes participamos de la investigación”.

Uno de los puntos más duros de su testimonio gira alrededor de la acusación concreta que enfrenta: haber supuestamente “plantado” pruebas durante un rastrillaje.Créimer rechazó tajantemente esa hipótesis y explicó detalladamente el episodio.

Según relató, durante un allanamiento realizado tras una marcación de los perros de Herrero, ella comenzó a revisar minuciosamente el lugar porque el comportamiento del animal indicaba que podía existir evidencia relevante.

“El perro había enloquecido en ese sector, había mordido un colchón y raspado el piso. Lo mínimo que correspondía era volver a investigar. Eso dicen todos los protocolos internacionales y criminalísticos”, explicó.

La médica aseguró que la acusación en su contra se basa, paradójicamente, en haber sido “demasiado exhaustiva” durante la búsqueda.

“Lo terrible es que me están imputando por hacer bien mi trabajo. Me acusan de investigar demasiado. Y eso genera una sensación de indefensión absoluta”, expresó.

También remarcó que durante el procedimiento había efectivos de Gendarmería, policías federales, abogados y familiares presentes, lo que —según indicó— vuelve absurda la idea de una manipulación clandestina de pruebas.

Amenazas, violencia y miedo

La entrevista fue dejando al descubierto el nivel de violencia que, según Créimer, atravesó durante años por intervenir en causas sensibles vinculadas a violencia institucional y delitos de lesa humanidad.

Relató amenazas telefónicas, ataques a sus vehículos antes de juicios orales contra fuerzas de seguridad, la muerte de una mascota y uno de los episodios más traumáticos de su vida después de participar en la evaluación médica que mantuvo detenido al represor Miguel Etchecolatz: el hallazgo de un cuchillo ensangrentado incrustado en la cerradura de su casa mientras su hija adolescente dormía adentro.

“Cuando llegué pensé que esa sangre podía ser de mi hija. No sabía si la habían matado por mi trabajo. Eso me destruyó como ser humano”, recordó.

Después de aquel hecho ingresó al sistema de protección de testigos del Estado. Las medidas de seguridad incluían avisar telefónicamente qué ropa llevaba puesta cada vez que salía de su casa, para facilitar una eventual identificación del cuerpo en caso de ser asesinada.

“Ese era el mensaje que recibía del propio sistema”, dijo.

El desgaste físico y emocional

Créimer reconoció que la presión constante comenzó a afectar seriamente su salud. Contó que en agosto del año pasado sufrió un ACV y que meses después volvió a ser internada por un cuadro de taquicardia supraventricular y vértigo extremo.“Mi cuerpo ya no responde. Me explotó el cuerpo de estrés”, afirmó.

También aseguró que las imputaciones y campañas mediáticas en su contra tmafectaron directamente su vida profesional. “Ya no tomé más causas”, confesó.

Según explicó, lo que más la lastima no es únicamente la situación judicial, sino el daño moral sobre una trayectoria familiar vinculada históricamente a la defensa de los derechos humanos.

Recordó que su abuela fue una de las primeras abogadas mujeres de la Universidad Nacional de La Plata y que defendía “causas imposibles”, mientras que su madre trabajó en la protección de niños y niñas desde el Poder Judicial.

Ambas, aseguró, fueron perseguidas durante la dictadura militar. Incluso narró escenas de su infancia marcadas por allanamientos y persecuciones.

“Yo crecí viendo cómo mi mamá lloraba para que nos dejaran dormir en el piso de la casa de un vecino militar porque habían destruido nuestra casa. Entonces no puedo mirar para otro lado cuando alguien está sufriendo”, sostuvo.

“No puedo dejar de hacer esto”

Sobre el final de la entrevista, Créimer dejó una definición que resume gran parte de su recorrido profesional y personal.“No conozco otra manera de vivir que esta”, dijo. “Siento que mi mamá y mi abuela me están mirando para ver si hago las cosas bien”.

Y agregó: “Lo único que puedo dejarles a mis hijos es esto: una madre que, con todos sus errores y ausencias, se rompió el alma tratando de darle justicia a los demás. Porque cuando los otros tienen justicia, nosotros también la tenemos”.