Política
Aerolíneas Argentinas: el Gobierno avanza con la privatización por decreto
La polémica en torno a Aerolíneas Argentinas sigue creciendo. Tras varios intentos por parte del Gobierno Nacional, finalmente salió el Decreto 873/24 que declara a la aerolínea "sujeta a privatización". Este movimiento, que ya había sido anticipado la semana pasada, fue formalizado este miércoles con la publicación en el Boletín Oficial.
El conflicto con los gremios aeronáuticos parece haber acelerado la decisión del presidente Javier Milei, quien desde el comienzo de su mandato había mostrado interés en privatizar la compañía. Inicialmente, se discutió la posibilidad de gerenciarla y luego se abrió el debate en el Congreso, pero ante la falta de avances, el Ejecutivo resolvió la situación con un decreto.
Este decreto se apoya en la Ley de Reforma del Estado (23696), que permite declarar a las empresas estatales "sujetas a privatización", paso previo para una venta parcial, total o incluso la liquidación. Aunque por ley este tipo de medidas deberían pasar por el Congreso, el Gobierno se respaldó en el DNU 70/23, que había declarado la emergencia en varias áreas, y en la Ley Bases para evitar trabas legislativas.
Según Milei, la privatización permitirá que Aerolíneas funcione bajo "condiciones de mercado", lo que resultaría en un mejor servicio, la reducción del gasto público y la eliminación de un déficit que, según el presidente, es financiado por todos los argentinos.
La privatización de Aerolíneas no es una idea nueva. En su primera ley ómnibus, Milei ya había incluido a la aerolínea dentro de un listado de 40 empresas estatales a privatizar. Sin embargo, había quedado fuera de la lista final durante las negociaciones por la Ley Bases. El tema volvió a estar sobre la mesa luego de que la semana pasada el conflicto con los gremios aeronáuticos escalara y funcionarios libertarios confirmaran que ya había conversaciones con empresas privadas latinoamericanas interesadas en operar Aerolíneas.
A su vez, el Congreso había comenzado a tratar un proyecto de ley sobre el tema, pero al no lograr los consensos necesarios, el Gobierno optó por avanzar por decreto.
