Internacional

Brasil avanza contra el juego ilegal: congelarán cuentas y destinarán fondos a seguridad

Un decreto del gobierno de Lula obliga a los bancos a bloquear dinero de plataformas clandestinas y redirigirlo al financiamiento de políticas públicas contra el delito.

El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva lanzó una nueva ofensiva contra las apuestas clandestinas al ordenar el bloqueo y embargo de fondos vinculados a plataformas que operan fuera del sistema legal. La iniciativa apunta a cortar el flujo financiero de estas empresas y reutilizar esos recursos en políticas de seguridad pública.

La medida, formalizada mediante un decreto presidencial, llega en un contexto de fuerte expansión del juego online, impulsado en parte por el interés global en el Mundial 2026. Desde el Ejecutivo consideran que el crecimiento de este mercado ilegal representa un riesgo tanto económico como social.

Según lo establecido, una vez completados los procesos legales, el dinero incautado será transferido al Fondo Nacional de Seguridad Pública. El objetivo es reforzar la lucha contra el crimen organizado, especialmente en lo que respecta a sus mecanismos de financiamiento.

Datos oficiales revelan la dimensión del problema: entre el 41% y el 51% de las plataformas de apuestas activas en Brasil no cuentan con autorización. En conjunto, concentran más de 25 millones de usuarios, lo que evidencia el alcance masivo de estas operaciones.

El esquema operativo prevé que la Secretaría de Premios y Apuestas identifique a las firmas irregulares y notifique a los bancos, que deberán inmovilizar los fondos en un plazo de hasta 48 horas. De esta manera, se busca evitar movimientos de dinero que dificulten futuras investigaciones.

Hasta ahora, se detectaron unos 300 operadores responsables de alrededor de 50.000 sitios ilegales, que canalizan sus transacciones a través de decenas de entidades financieras.

Aunque aún no hay una estimación oficial sobre el volumen de dinero que podría recuperarse, el Gobierno apuesta a que esta herramienta se convierta en una vía clave de financiamiento para reforzar las políticas de seguridad en el país. En caso de apelaciones, será la Justicia la que defina el destino final de los fondos.