Sociedad
Fentanilo Contaminado: Kreplak apartó al Ministerio de Salud como querellante y apuntó a los organismos de control
El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, resolvió que el Ministerio de Salud de la Nación no podrá intervenir como querellante en la investigación por las muertes vinculadas a la distribución de medicamentos adulterados. La decisión abre la puerta a indagar sobre posibles responsabilidades de los entes de fiscalización bajo la órbita del Ejecutivo.
En el marco de la causa que investiga la comercialización de fármacos adulterados y el fallecimiento de varios pacientes, el juez federal Ernesto Kreplak dictó una resolución clave: rechazó la participación del Ministerio de Salud como parte querellante y sostuvo que el expediente debe avanzar sobre las responsabilidades de los organismos de control.
En su fallo, el magistrado indicó que la información reunida hasta el momento “ha generado el grado de sospecha suficiente para orientar la continuidad de la investigación hacia las posibles responsabilidades derivadas de omisiones y/o connivencias” dentro de las áreas de fiscalización dependientes del Poder Ejecutivo Nacional.
La decisión judicial se produce en paralelo a una medida administrativa adoptada por el Gobierno nacional. En las últimas horas, fue apartada de su cargo Gabriela Mantecón Fumadó, directora del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname) desde diciembre de 2022 y funcionaria de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat). La funcionaria estaba a cargo del control directo sobre HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, firmas bajo investigación en este expediente.
Con el Ministerio de Salud fuera del rol de querellante, la pesquisa se concentrará en determinar si existieron irregularidades, fallas u omisiones en el sistema de fiscalización que permitieron que los medicamentos adulterados llegaran a pacientes.
La causa sigue en etapa de instrucción en el Juzgado Federal N° 3 de La Plata y se espera que en los próximos días se definan nuevas medidas probatorias sobre las empresas implicadas y los eventuales responsables de los controles que no se aplicaron.
