Política
Causa $LIBRA: sobreseyeron a Javier Milei y quedaron interrogantes sobre el recorrido del dinero
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dictó el sobreseimiento del Presidente, Karina Milei y otros nueve investigados al considerar que los hechos denunciados no encuadraban en una figura penal. Sin embargo, la resolución dejó puntos sin esclarecer sobre las comunicaciones entre los involucrados, la trazabilidad de los fondos y el manejo de pruebas digitales. Tras el fallo, Milei celebró la decisión y denunció un intento de desestabilización institucional.
La causa judicial por el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA tuvo un giro decisivo con la resolución del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien dispuso el sobreseimiento del presidente Javier Milei, de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y de otros nueve investigados. El magistrado consideró que los hechos analizados no encuadraban en una figura penal y ordenó el cierre del expediente, en el que se investigaba la promoción del criptoactivo por parte del mandatario y el posterior desplome de su cotización.
La decisión alcanzó también al empresario y lobista Mauricio Novelli, su madre, María Alicia Rafaele, su hermana, María Pía Novelli, su socio Manuel Terrones Godoy, el exasesor de la Comisión Nacional de Valores Sergio Morales, el creador de la criptomoneda, Hayden Davis, el CEO de Kip Protocol, Julian Peh, y Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino, señalados por sus presuntos vínculos con una estructura financiera relacionada con el mundo cripto.
Uno de los aspectos más relevantes de la resolución es que el Presidente y su hermana fueron sobreseídos sin haber sido indagados en el expediente. El fallo sostuvo que, si bien la publicación de Milei en la red social X pudo influir en la confianza de algunos compradores, esa circunstancia no alcanzaba por sí sola para demostrar la existencia de una maniobra delictiva.
La investigación había buscado determinar si la promoción de $LIBRA estuvo vinculada con un posible fraude, negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias o transferencias de dinero hacia funcionarios. Según el juez, las pruebas reunidas no permitieron acreditar los elementos necesarios para sostener esas hipótesis penales.
Por qué la Justicia sobreseyó a Javier Milei
En su resolución, Martínez de Giorgi reconoció que la difusión de $LIBRA por parte del Presidente pudo darle al proyecto una visibilidad particular y generar confianza entre quienes decidieron invertir. Sin embargo, distinguió ese efecto de la existencia de un engaño penalmente relevante.
El magistrado sostuvo que, para considerar que hubo una maniobra defraudatoria, era necesario identificar qué aspecto del proyecto había sido presentado de manera engañosa o qué información relevante se había ocultado a los compradores. La generación de expectativas favorables o el incentivo a adquirir un activo, según el razonamiento expuesto en el fallo, no resultaban suficientes para demostrar una estafa.
Otro de los puntos examinados fue la posibilidad de que la promoción de la criptomoneda configurara negociaciones incompatibles con la función pública. Para descartar esa hipótesis, la resolución hizo referencia a un dictamen de la Oficina Anticorrupción, organismo que funciona bajo la órbita del Poder Ejecutivo nacional.
Ese dictamen consideró que, para atribuir una conducta al ejercicio de la función pública, debía existir un acto administrativo formal, una expresión institucional o, al menos, una utilización de recursos públicos. También señaló que la publicación cuestionada no había sido difundida desde las cuentas oficiales de la Presidencia.
En relación con Karina Milei, el juez consideró que tampoco se había acreditado que hubiera solicitado o recibido dinero para facilitar reuniones con el jefe de Estado. Asimismo, la investigación no logró demostrar que fondos provenientes de las operaciones vinculadas con $LIBRA hubieran sido transferidos a funcionarios públicos.
De esta manera, la resolución concluyó que no existían elementos suficientes para sostener las imputaciones penales examinadas. No obstante, el expediente dejó expuestas varias cuestiones que la investigación no consiguió reconstruir de manera completa.
Las llamadas entre Milei, Karina y Mauricio Novelli
Uno de los interrogantes centrales está relacionado con las comunicaciones entre el Presidente y Mauricio Novelli, uno de los principales investigados en la causa. El peritaje del teléfono del empresario identificó llamadas entre ambos, algunas realizadas el mismo día del lanzamiento de $LIBRA, pero no logró establecer el contenido de esas conversaciones.
La extracción de información del dispositivo también permitió identificar dos conversaciones eliminadas con un contacto denominado “Karina Milei RRPP”. La existencia de esos registros formó parte del material analizado, aunque los elementos difundidos no permitieron reconstruir por completo su contenido ni establecer qué se había hablado.
Estos puntos resultaban relevantes para determinar qué comunicaciones existieron entre los protagonistas, en qué momento se produjeron y si guardaban relación con el lanzamiento y la promoción del criptoactivo. Sin embargo, la imposibilidad de conocer el contenido de las llamadas no constituyó, por sí misma, una prueba de la existencia de un delito.
La resolución cerró el expediente al considerar que no se habían reunido elementos suficientes para acreditar las hipótesis investigadas. Las comunicaciones identificadas por los peritajes quedaron, de ese modo, entre los aspectos que no pudieron esclarecerse de manera concluyente.
La trazabilidad del dinero y las limitaciones técnicas
Otro de los puntos que quedaron pendientes fue la reconstrucción integral del recorrido de los fondos vinculados con $LIBRA. La Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) logró identificar billeteras digitales relacionadas con la emisión y distribución inicial de la criptomoneda y reconstruyó distintos movimientos de dinero.
Sin embargo, algunas ampliaciones del análisis no pudieron completarse por la falta de herramientas técnicas bajo licencia. Posteriormente, intervino el Departamento Técnico del Cibercrimen de la Policía Federal, que continuó con las tareas de trazabilidad y solicitó información a empresas y plataformas involucradas. Según la resolución, algunas de las respuestas recibidas fueron parciales.
La Justicia argentina también solicitó cooperación a Estados Unidos para acceder a registros de distintas plataformas y empresas tecnológicas. De acuerdo con la información citada en el fallo, las autoridades estadounidenses consideraron que no se habían aportado elementos suficientes para atender esos requerimientos y cerraron su expediente.
Estas limitaciones dificultaron reconstruir la totalidad de los movimientos financieros y establecer de forma concluyente el destino de todos los fondos. La investigación consiguió identificar operaciones y billeteras vinculadas con el proyecto, pero no pudo completar cada tramo del circuito económico bajo análisis.
Los archivos de Novelli y las cajas de seguridad
El teléfono de Mauricio Novelli contenía documentación relacionada con propuestas de acuerdos, comisiones y actividades empresariales. Sin embargo, en varios casos no fue posible acreditar que esos documentos hubieran sido enviados a otras personas, aceptados o ejecutados.
La existencia de archivos en un dispositivo no permitió establecer, por sí sola, que los acuerdos mencionados se hubieran concretado. Para determinar su relevancia penal era necesario contar con elementos adicionales que demostraran su circulación, aceptación o materialización, algo que no pudo verificarse de manera concluyente en todos los casos.
La investigación también examinó los movimientos de las cajas de seguridad vinculadas con el empresario. La Justicia comprobó ingresos y egresos en fechas cercanas al lanzamiento de $LIBRA, pero las cajas estaban vacías cuando fueron allanadas.
Por lo tanto, esos registros permitieron establecer que hubo movimientos en un período relevante para la causa, aunque no bastaron para reconstruir qué elementos habían sido guardados ni cuál habría sido su destino.
Las irregularidades denunciadas en el manejo de la prueba digital
La resolución también hizo referencia a cuestionamientos sobre el tratamiento de parte de la prueba informática. Según el fallo, un sumario administrativo detectó que una empleada de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), organismo de la Procuración encargado de analizar dispositivos secuestrados, había tenido acceso a documentación reservada de la causa y que parte de ese material llegó posteriormente a la prensa.
Martínez de Giorgi señaló que no existió un control riguroso sobre el trabajo realizado y que esa situación afectó la cadena de custodia de parte del material, lo que debilitaba su valor probatorio.
La cadena de custodia es el procedimiento que permite documentar quién tuvo acceso a una evidencia, cómo fue preservada y qué intervenciones se realizaron sobre ella. Su integridad resulta fundamental para garantizar que los elementos digitales incorporados a una investigación mantengan su autenticidad y puedan ser evaluados de manera confiable.
Los cuestionamientos sobre el tratamiento de esas pruebas se sumaron a las dificultades técnicas para reconstruir las operaciones y al carácter incompleto de algunas respuestas obtenidas durante la investigación. El fallo tuvo en cuenta esos límites al evaluar el material reunido en el expediente.
Milei celebró el fallo y denunció un intento de golpe institucional
Horas después de conocerse la resolución, Javier Milei utilizó su participación en una cena de gala de la Fundación Faro para reivindicar su actuación y cuestionar a la oposición política y a sectores del periodismo. El Presidente sostuvo que el expediente había formado parte de una operación destinada a perjudicar a su Gobierno y celebró la decisión judicial.
“Estamos limpios, intentaron un golpe de Estado”, afirmó el mandatario durante su discurso, en el que calificó la investigación como una maniobra política que habría buscado dañar la investidura presidencial.
Milei también cuestionó el tiempo durante el cual estuvo bajo investigación y preguntó quién lo compensaría por lo que describió como un período de mentiras, calumnias e injurias. Además, acusó a determinados periodistas y medios de comunicación de participar en operaciones contra su administración.
Entre los señalados por el Presidente estuvieron el diario La Nación y los periodistas Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodríguez, Natalia Volosin y Luis Novaresio. Milei lanzó fuertes descalificaciones contra ellos y sostuvo que su Gobierno no tendría contemplaciones frente a lo que considera campañas de desinformación.
El discurso incluyó, además, una defensa de su programa económico. El jefe de Estado aseguró que su gestión había devuelto a los argentinos 19 puntos del producto bruto interno mediante el ajuste fiscal y la reducción de impuestos, y reivindicó su orientación liberal.
La cena reunió a funcionarios del Gobierno, representantes diplomáticos y empresarios. Entre los asistentes mencionados estuvieron los ministros Luis Caputo, Juan Bautista Mahiques, Mario Lugones y Patricia Bullrich; el asesor presidencial Santiago Caputo; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el embajador estadounidense Peter Lamelas, y empresarios como Martín Migoya, Horacio Marín y Rubén Cherñajovsky.
Qué implica el sobreseimiento y qué quedó pendiente
La resolución de Martínez de Giorgi cerró la investigación respecto de los 11 imputados alcanzados por el fallo, al concluir que los hechos examinados no configuraban una figura penal con las pruebas reunidas. La decisión no equivale a una reconstrucción completa de todas las operaciones vinculadas con $LIBRA, sino a una conclusión judicial sobre la posibilidad de atribuir responsabilidad penal a los investigados a partir del material incorporado al expediente.
Entre las principales cuestiones que quedaron sin una respuesta concluyente figuran el contenido de las llamadas entre Milei y Novelli, el alcance de las conversaciones eliminadas, la trazabilidad total de los fondos y el destino de documentación relacionada con posibles acuerdos comerciales. También persistieron dudas sobre la integridad de parte de la prueba digital.
El caso había generado repercusiones políticas por la participación pública del Presidente en la promoción de una criptomoneda cuyo precio experimentó un fuerte aumento inicial y luego se desplomó. La decisión judicial resolvió la situación procesal de los imputados alcanzados por el sobreseimiento, pero los límites técnicos y probatorios descriptos en el fallo explican por qué varios interrogantes sobre el funcionamiento del proyecto no pudieron ser despejados de manera definitiva.
