Punto capital
Contrataciones, licitación y extorsión: las claves detrás de los disturbios en el Palacio Municipal
La Municipalidad de La Plata detalló que el enfrentamiento se originó tras la decisión de reemplazar un esquema de contratación directa vigente desde 2011 por un proceso de licitación pública, en cumplimiento de una observación del Tribunal de Cuentas bonaerense. Según la gestión comunal, el MTE rechazó participar del nuevo mecanismo y ese conflicto derivó en los episodios de violencia registrados en el Palacio Municipal.
La violenta protesta que este viernes terminó con destrozos en el Palacio Municipal de La Plata tuvo como trasfondo una disputa por el cambio en el sistema de contratación de los servicios de mantenimiento urbano. Según informó el Ejecutivo local, el conflicto se originó luego de que una organización vinculada al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) rechazara participar de un proceso de licitación pública que reemplazó el esquema de contratación directa vigente durante más de una década.
De acuerdo con la información oficial, la organización política percibía una contratación directa por aproximadamente 90 millones de pesos mensuales para la realización de tareas de barrido, limpieza de zanjas y corte de pasto, un convenio que, según el Municipio, se mantenía desde 2011 y representaba más de mil millones de pesos al año.
La administración municipal sostuvo que la continuidad de ese mecanismo dejó de ser posible luego de que el Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires advirtiera, al analizar la ejecución presupuestaria del último ejercicio, que las contrataciones debían adecuarse al procedimiento previsto por la Ley Orgánica de las Municipalidades, mediante licitación pública.
En ese marco, los días 10 y 11 de junio el Municipio publicó el llamado a licitación en el Boletín Oficial y en distintos medios de comunicación para contratar los servicios de mantenimiento en todas las delegaciones comunales. Según la versión oficial, además de difundirse públicamente, la convocatoria fue comunicada a las cooperativas y empresas que venían prestando esos servicios para que pudieran adecuarse al nuevo sistema.
Desde la Municipalidad aseguraron que todas las cooperativas y empresas interesadas adquirieron los pliegos correspondientes, con excepción del MTE, organización que decidió no participar del proceso licitatorio.
El Ejecutivo local sostiene que mantener la contratación directa habría implicado incumplir la normativa vigente y desobedecer la observación realizada por el Tribunal de Cuentas. En ese escenario, afirmaron que las autoridades municipales podrían haber sido pasibles de sanciones administrativas e incluso enfrentar eventuales responsabilidades por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Tras los incidentes registrados en el Palacio Municipal, la gestión comunal presentó una denuncia penal por daño agravado, lesiones y atentado a la autoridad, además de constituirse como particular damnificado en la causa. La investigación judicial buscará determinar las responsabilidades penales por los destrozos ocasionados durante la protesta y el accionar de las personas involucradas.
Desde el gobierno municipal señalaron que mantienen abierta la instancia de diálogo con los distintos sectores, aunque remarcaron que no modificarán el sistema de contratación dispuesto ni convalidarán reclamos mediante hechos de violencia.
La violencia en imágenes
