Sociedad
Desarticularon una red de falsos médicos que estafaba a IOMA y PAMI: hubo allanamientos en La Plata
El operativo incluyó 38 procedimientos en distintos puntos del Conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires. La investigación, que se extendió durante más de cinco años, terminó con nueve detenidos y 20 aprehendidos. La organización tenía su base operativa en Florencio Varela y es investigada por presuntas estafas y graves irregularidades en la atención de emergencias.
Una presunta organización dedicada a ofrecer servicios de ambulancias con personal sin habilitación profesional fue desarticulada tras un operativo que incluyó 38 allanamientos en La Plata, distintos municipios del Conurbano bonaerense y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Como resultado de los procedimientos, nueve personas fueron detenidas y otras 20 quedaron aprehendidas a disposición de la Justicia.
La investigación, que se prolongó durante más de cinco años, apunta a una estructura que habría montado un sistema de atención de emergencias médicas para facturar prestaciones ante obras sociales, algunas de las cuales presuntamente no se realizaban o eran brindadas por personas sin formación ni matrícula habilitante.
Según la información difundida por medios nacionales, la organización tenía su principal base operativa en Florencio Varela y estaba encabezada por una pareja de nacionalidades peruana y argentina. Desde allí, habría administrado una empresa de asistencia médica y ambulancias privadas que mantenía contratos con distintas entidades de salud.
Entre las obras sociales mencionadas en la investigación figuran el Programa de Atención Médica Integral (PAMI), el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) y la Obra Social de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (OSUTHGRA).
Los allanamientos se realizaron en La Plata y el Conurbano
Los procedimientos se llevaron adelante de manera simultánea en Florencio Varela, Avellaneda, La Plata, Quilmes, Berazategui, Lomas de Zamora, Tres de Febrero y la Ciudad de Buenos Aires. Durante los operativos, los investigadores secuestraron vehículos, dinero, teléfonos celulares, computadoras, documentación y distintos elementos vinculados con la presunta actividad ilegal.
De acuerdo con la hipótesis investigativa, los servicios de emergencia eran cubiertos por choferes y acompañantes que se habrían presentado como médicos o enfermeros sin contar con las credenciales necesarias. Para aparentar una preparación profesional, utilizaban uniformes sanitarios y trasladaban instrumental médico dentro de las ambulancias.
Las actuaciones también señalan que algunos de estos trabajadores cumplían turnos de 12 y hasta 24 horas, pese a carecer de la capacitación requerida para atender a pacientes en situaciones de urgencia. Las condiciones de los vehículos y la falta de equipamiento adecuado forman parte de las irregularidades detectadas durante la investigación.
El presunto uso de matrículas y sellos médicos
Uno de los aspectos centrales de la causa es la presunta participación de profesionales matriculados que habrían facilitado sus nombres, números de matrícula y sellos a cambio de pagos periódicos. Según la investigación, esos datos se utilizaban para confeccionar historias clínicas, validar diagnósticos y firmar recetas de medicamentos.
Los investigadores sospechan que ese mecanismo permitía respaldar administrativamente prestaciones médicas que no necesariamente habían sido realizadas por profesionales habilitados. De esa manera, la organización habría podido presentar documentación ante las obras sociales para gestionar el cobro de los servicios.
La causa también incorporó intervenciones de 13 líneas telefónicas, cuyo análisis permitió reunir más de 30.000 horas de grabaciones. Las comunicaciones fueron examinadas junto con datos de geolocalización y registros de antenas telefónicas para reconstruir el funcionamiento de la estructura y las tareas que desempeñaban sus integrantes.
Según las actuaciones, algunas conversaciones revelarían indicaciones telefónicas para atender emergencias sin contar con conocimientos médicos suficientes. Entre los episodios investigados figuran presuntas instrucciones para suturar heridas durante traslados en ambulancia, sin las condiciones de asepsia ni los procedimientos adecuados para ese tipo de intervención.
Ambulancias, dinero y documentación secuestrada
Durante los allanamientos se incautaron siete ambulancias que, según la investigación, presentaban ploteos falsos y no contaban con el equipamiento obligatorio para realizar maniobras de reanimación. También se encontraron $5.780.200, 19.368 dólares, 57 teléfonos celulares, cinco computadoras portátiles, 22 sellos médicos y 65 sellos de instituciones sanitarias.
El listado de elementos secuestrados incluyó, además, 19 estetoscopios, instrumental quirúrgico, medicamentos, uniformes con referencias al SAME y a otras empresas de emergencias, y documentación vinculada con la firma Serca Omni Salud S.A.
Los investigadores también hallaron recetarios de PAMI, planillas de precios de Swiss Medical, grillas de choferes y formularios médicos en blanco. Entre los objetos incautados se encontraron piezas de un vehículo con un dominio que registraba un pedido de secuestro por robo automotor en una dependencia policial de Lomas de Zamora.
Una investigación que lleva más de cinco años
La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) N.º 1, conducida por el fiscal Darío Provisionato, con intervención del juez de Garantías Marcelo Villagra, del Juzgado N.º 8 descentralizado de Florencio Varela, correspondiente al Departamento Judicial Quilmes.
La investigación busca determinar el alcance de las presuntas maniobras fraudulentas, establecer las responsabilidades individuales y precisar qué prestaciones fueron facturadas de manera irregular. También deberá esclarecerse la eventual participación de profesionales matriculados y de quienes habrían intervenido en la confección de documentación para respaldar los cobros.
Por el momento, las acusaciones forman parte de una investigación judicial en curso y la responsabilidad penal de las personas involucradas deberá determinarse en el marco del proceso.
