Política
Diputados aprobó la ley de Propiedad Privada, pero mantuvo las restricciones a la venta de tierras a extranjeros
La iniciativa del Gobierno obtuvo 124 votos a favor, 119 en contra y seis abstenciones, correspondientes a legisladores cordobeses. Para conseguir la aprobación, La Libertad Avanza aceptó reincorporar la Ley de Tierras de 2011, que buscaba derogar. El proyecto introduce cambios en las expropiaciones y los desalojos, pero deberá volver al Senado para su tratamiento definitivo.
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el Gobierno nacional, aunque el oficialismo debió aceptar modificaciones de último momento para reunir los votos necesarios. La iniciativa consiguió 124 votos afirmativos, 119 negativos y seis abstenciones, una diferencia ajustada en la que resultó determinante la postura de los diputados de Córdoba.
El principal cambio surgió durante las negociaciones en el recinto y estuvo vinculado con la venta de tierras rurales a extranjeros. La Libertad Avanza aceptó mantener vigente la Ley de Tierras sancionada en 2011, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en lugar de avanzar con su derogación, como pretendía originalmente la Casa Rosada.
Con esta modificación, el proyecto deberá regresar al Senado, que tendrá que decidir si acepta los cambios incorporados por Diputados o insiste con la versión que había aprobado inicialmente. La negociación permitió destrabar la votación, pero obligó al oficialismo a resignar uno de los puntos centrales de su propuesta.
Qué cambia con la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada
Uno de los principales ejes de la iniciativa es establecer requisitos más estrictos para que el Estado pueda expropiar bienes privados. El proyecto dispone que la expropiación deberá contar con una declaración de utilidad pública y contempla el pago previo de una indemnización calculada a valor de mercado.
Además, el texto incorpora el reconocimiento del lucro cesante, es decir, la compensación por las ganancias que el propietario dejaría de percibir como consecuencia de la expropiación. Estos criterios buscan reforzar las garantías económicas para los titulares de los bienes afectados por decisiones estatales.
Sin embargo, los críticos de la iniciativa advierten que las nuevas condiciones podrían dificultar la ejecución de obras públicas que requieran incorporar terrenos o propiedades privadas. El debate gira en torno al alcance de la protección de la propiedad y la capacidad del Estado para llevar adelante proyectos que impliquen expropiaciones.
La Ley de Tierras seguirá vigente tras la negociación
La discusión sobre la propiedad privada quedó atravesada por el intento del oficialismo de derogar la legislación que regula la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. La Ley de Tierras, sancionada en 2011, establece restricciones para la titularidad extranjera de este tipo de propiedades.
Durante el debate, ese punto se convirtió en una de las principales diferencias entre el proyecto original y el texto que finalmente obtuvo aprobación en Diputados. Para preservar otros aspectos de la iniciativa y asegurar los votos necesarios, La Libertad Avanza aceptó reincorporar la normativa.
De esta manera, la ley aprobada por la Cámara baja mantiene las restricciones vigentes sobre la compra de tierras por parte de extranjeros. La decisión representa una concesión del oficialismo y obliga a que el Senado vuelva a analizar el texto antes de que pueda convertirse en ley.
Desalojos más rápidos y plazos para regularizar deudas
Otro de los capítulos relevantes de la propuesta está relacionado con los procedimientos de desalojo de inmuebles ocupados. El proyecto prevé la utilización de juicios sumarísimos para acelerar la restitución de las propiedades a sus titulares, con plazos específicos para intimar al pago de alquileres y avanzar con las acciones judiciales.
En el caso de los inmuebles destinados a vivienda, el locador deberá intimar fehacientemente al inquilino para que regularice la deuda y otorgarle un plazo mínimo de diez días corridos desde la recepción de la notificación. Si el incumplimiento continúa, podrá iniciar la acción de desalojo, cuyo trámite contempla un plazo adicional de diez días hábiles.
La iniciativa también habilita la posibilidad de obtener una desocupación inmediata, bajo caución juratoria, en casos de falta de pago o vencimiento del contrato. Si posteriormente se demuestra que el propietario ocultó información o documentación para conseguir esa medida, podrá recibir una multa de hasta diez veces el valor del alquiler mensual, a favor de la contraparte.
Qué ocurre si hay menores o personas vulnerables en la vivienda
El texto incorpora previsiones para los casos en los que en el inmueble residan menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo. En esas circunstancias, el juez deberá dar intervención a los organismos competentes, como el Ministerio Público Tutelar, para procurar una alternativa habitacional transitoria.
La propuesta establece un plazo máximo de diez días para esa intervención, sin que la búsqueda de una solución habitacional suspenda el proceso judicial principal. El objetivo declarado de las disposiciones sobre desalojos es acelerar la restitución de los inmuebles, aunque su aplicación deberá contemplar las garantías previstas para las personas en situación de vulnerabilidad.
Con la aprobación en Diputados, la iniciativa continuará ahora su recorrido parlamentario en el Senado. La Cámara alta deberá resolver si convalida las modificaciones introducidas o mantiene el texto original, en una discusión que tendrá como ejes la protección de la propiedad privada, las expropiaciones, los desalojos y las restricciones a la compra de tierras rurales por extranjeros.
