Política
Diputados aprobó una nueva ley de Discapacidad con amplio respaldo y cambios al proyecto original
La Cámara baja dio media sanción a una iniciativa que obtuvo 237 votos afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones. El texto mantiene las pensiones no contributivas, la actualización de los aranceles y la compatibilidad con el empleo formal bajo determinados límites de ingresos. Tras aceptar modificaciones reclamadas por la oposición, el oficialismo dejó de lado los recortes previstos en el Presupuesto 2027 y la propuesta será tratada en el Senado.
La Cámara de Diputados aprobó durante la madrugada de este jueves un nuevo proyecto de ley de Discapacidad, luego de una extensa jornada de debate y negociaciones entre el oficialismo, los bloques aliados y la oposición. La iniciativa consiguió una mayoría amplia, con 237 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones, y ahora deberá ser analizada por el Senado.
El acuerdo alcanzado establece un marco permanente para el sistema de prestaciones y pensiones por discapacidad, en reemplazo del esquema de emergencia cuya vigencia termina a fin de año. El texto consensuado conserva buena parte de las condiciones actuales y suma garantías vinculadas con la cobertura de salud, el financiamiento, los mecanismos de control y la protección de los beneficiarios frente a posibles bajas arbitrarias.
La votación representó un cambio en la postura del Gobierno nacional, que aceptó modificaciones impulsadas por distintos sectores de la oposición. Como parte del entendimiento, el oficialismo se comprometió a dejar de lado las medidas de ajuste en discapacidad que había incorporado al proyecto de Presupuesto 2027.
Qué establece la nueva ley de Discapacidad
Uno de los puntos centrales del proyecto es la continuidad de las pensiones no contributivas por discapacidad, cuyo monto se mantiene en el equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio. También se ratifica el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como principal vía de acceso al beneficio y se preserva un nomenclador universal de prestaciones con aranceles unificados.
La iniciativa contempla, además, la compatibilidad entre el cobro de la pensión y el empleo formal. De esta manera, las personas con CUD podrán conservar el beneficio si cuentan con un trabajo registrado o están inscriptas en regímenes tributarios, siempre que sus ingresos no superen el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles.
Otro de los cambios incorporados durante la negociación apunta a garantizar la cobertura de salud para las personas titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral y por discapacidad. El texto establece el acceso a las prestaciones básicas previstas en la Ley 24.901, a través del Programa Incluir Salud.
El Gobierno dejó de lado los recortes del Presupuesto 2027
Las negociaciones legislativas se habían iniciado semanas atrás, cuando distintos bloques opositores impulsaron una prórroga de la Emergencia en Discapacidad, sancionada el año anterior y próxima a vencer. Frente a esa posibilidad, el oficialismo comenzó a trabajar en una propuesta alternativa que permitiera reemplazar la emergencia por un régimen permanente.
Sin embargo, las conversaciones quedaron atravesadas por la presentación del Presupuesto 2027, que incluía modificaciones restrictivas para el sistema. Entre ellas, se proponía utilizar el criterio de invalidez laboral para acceder a las pensiones, eliminar el CUD como vía directa para obtener el beneficio, establecer una incompatibilidad absoluta entre la pensión y el empleo registrado y derogar el arancel único del nomenclador de prestaciones.
Esas disposiciones generaron cuestionamientos entre los bloques opositores y los aliados del Gobierno. Para destrabar el debate y evitar que avanzara la prórroga de la emergencia, el oficialismo aceptó retirar esos puntos y consensuar una iniciativa que recuperara los principales lineamientos del sistema vigente.
El diputado de Unión por la Patria Juan Marino sostuvo que el dictamen aprobado era contrario a las medidas incluidas en el Presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo. Según explicó, la oposición decidió negociar con el objetivo de evitar retrocesos en los derechos de las personas con discapacidad, ante la posibilidad de no reunir los votos necesarios para extender la emergencia.
Más garantías de financiamiento y controles sobre las pensiones
El proyecto también incorpora disposiciones para asegurar los recursos destinados al sistema. Por pedido de la oposición, se detallaron partidas presupuestarias específicas del Ministerio de Salud y se previó que el Tesoro nacional aporte fondos adicionales si resultaran insuficientes. Además, el texto establece que el Gobierno deberá garantizar que el ingreso por beneficiario no pierda poder adquisitivo respecto del año anterior.
En relación con las deudas que pudieran mantenerse con los prestadores al momento de la sanción de la ley, el Poder Ejecutivo deberá publicar un cronograma de pagos dentro de los 30 días y concretar las cancelaciones correspondientes en un plazo de 90 días.
La iniciativa contempla, al mismo tiempo, auditorías periódicas a cargo de la Secretaría Nacional de Discapacidad, mediante el cruce de información con organismos como la Anses, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Renaper y el SINTyS. Estos procedimientos podrán derivar en la suspensión preventiva de un beneficio ante incumplimientos objetivos, aunque deberán respetar un debido proceso inclusivo, con notificación a la persona involucrada y posibilidad de rehabilitación provisoria.
Una votación transversal con diferencias dentro de la oposición
El proyecto reunió el respaldo de Unión por la Patria, el PRO, la UCR, gran parte de Provincias Unidas, la Coalición Cívica y numerosos bloques provinciales. El acompañamiento del peronismo resultó determinante para alcanzar los 237 votos afirmativos, luego de que el oficialismo aceptara buena parte de las modificaciones reclamadas.
Los diputados cordobeses de Provincias Unidas y Unión por la Patria se diferenciaron de esa postura y votaron en contra. Argumentaron que las organizaciones de personas con discapacidad no habían tenido suficiente participación en la elaboración de la propuesta. La izquierda, por su parte, se abstuvo al cuestionar la falta de actualización de las deudas con los prestadores.
Durante el debate, el diputado misionero Oscar Herrera Ahuad, de Argentina Federal, fue uno de los principales interlocutores para alcanzar el acuerdo. Antes de la votación, advirtió que su bloque no acompañaría el texto si no se aceptaban los cambios solicitados y reclamó un compromiso explícito para eliminar los recortes incluidos en el Presupuesto 2027. Desde el oficialismo, Gerardo Huesen anticipó que se aceptarían las sugerencias.
La diputada Victoria Tolosa Paz destacó que el acuerdo incorporó garantías de cobertura sanitaria, compatibilidad con el trabajo formal, protección de las asignaciones familiares y mayores resguardos frente a eventuales bajas de pensiones. También subrayó los cambios relacionados con el financiamiento y la participación de las provincias.
Con la media sanción de Diputados, el proyecto pasará ahora al Senado. El amplio respaldo obtenido en la Cámara baja fortalece la posición de quienes impulsaron el acuerdo, aunque la sanción definitiva todavía dependerá del tratamiento en la Cámara alta.
