Política

El Gobierno de Milei avanza con la privatización de más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales

Javier Milei tiene en marcha un ambicioso plan de privatización de rutas nacionales y autopistas que afectará a más de 9.000 kilómetros de la red vial del país para 2025.

En los próximos días, se publicará un decreto que dará inicio a un proceso de licitación en dos tramos del "Corredor 18", que incluye las rutas 12 y 14, vitales para el comercio del Mercosur, especialmente entre Argentina, Brasil y Uruguay.

Estas rutas, que atraviesan Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes, están actualmente concesionadas a Caminos del Río Uruguay (CRUSA), una empresa con más de 30 años a cargo de la administración. Sin embargo, el contrato de CRUSA vence el 9 de abril de este año y, además, la empresa mantiene una disputa legal con el Estado nacional por un monto de 300 millones de dólares, debido a incumplimientos en los ajustes tarifarios.

El "Corredor 18" representa el 20% de la red vial nacional, pero concentra el 80% del tránsito, lo que lo convierte en una zona de alto interés para las empresas constructoras. A pesar de los reclamos por reparaciones en los tramos, la privatización parece seguir adelante, con el objetivo de iniciar la licitación de los 677 kilómetros en cuestión, programada para los próximos días.

Pero este no será el único paso. Tras esta etapa, el gobierno tiene previsto avanzar con una privatización mucho más amplia, que abarcará más de 8.400 kilómetros adicionales de rutas y autopistas gestionadas por Corredores Viales, una empresa estatal. En total, se licitarán 9.145 kilómetros, repartidos en 13 tramos clave para el país, con la licitación de estos 8.470 kilómetros planeada para febrero de 2025 y la adjudicación para julio del mismo año.

Para las empresas constructoras, solo una fracción de las rutas nacionales puede generar ingresos mediante peajes rentables, especialmente los accesos a la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y la ruta 3. Esto ha generado una fuerte expectativa sobre el impacto de la inversión privada en infraestructura vial, que en muchos casos no supera el 15% del total de los proyectos en el mundo.