Política
El Senado bonaerense aprobó la creación de una empresa estatal de medicamentos impulsada por Kicillof
La iniciativa obtuvo media sanción en la Cámara alta provincial con el respaldo del oficialismo y el rechazo de todos los bloques opositores. El proyecto contempla la producción y distribución de medicamentos e insumos sanitarios, con prioridad para los hospitales públicos bonaerenses y los 135 municipios. Ahora deberá ser tratado en Diputados.
El Senado de la provincia de Buenos Aires aprobó este jueves, por mayoría, el proyecto de ley impulsado por el gobernador Axel Kicillof para crear el Centro de Industria Farmacéutica, una empresa con participación estatal mayoritaria que tendrá como objetivo producir y distribuir medicamentos e insumos sanitarios. La iniciativa fue promovida por el mandatario junto al ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, y consiguió la media sanción en la quinta sesión ordinaria del año.
La votación contó con el acompañamiento de los bloques oficialistas, que lograron reunir los apoyos necesarios para avanzar con la propuesta. En contrapartida, las bancadas opositoras de La Libertad Avanza, el PRO, Unión y Libertad y Hechos–UCR Identidad rechazaron el proyecto, con cuestionamientos vinculados al gasto público, la ampliación de la estructura estatal y los mecanismos de control de la futura compañía.
Tras la aprobación en el Senado, la iniciativa deberá pasar a la Cámara de Diputados bonaerense, donde el oficialismo enfrentará una negociación legislativa para conseguir los votos que permitan convertirla en ley.
Qué funciones tendrá la empresa estatal de medicamentos
El Centro de Industria Farmacéutica funcionará como una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria y estará habilitado para investigar, desarrollar, fabricar, comprar, comercializar y distribuir medicamentos y productos sanitarios.
El proyecto también contempla la elaboración de vacunas, productos médicos, equipamiento, ingredientes farmacéuticos activos e insumos odontológicos, además de incorporar actividades vinculadas con la producción y distribución de cosméticos.
Uno de los puntos centrales del texto establece que los productos tendrán como destino prioritario el abastecimiento de los servicios públicos de salud de la provincia de Buenos Aires y de sus 135 municipios. Según los fundamentos del Ejecutivo, la iniciativa busca reducir costos de adquisición, mejorar el acceso a los tratamientos y fortalecer la capacidad de respuesta del sistema sanitario provincial.
Durante el debate, el senador del Frente Grande Fernando Coronel fue el encargado de defender la propuesta del oficialismo. Entre sus argumentos, mencionó las dificultades que atraviesa el sistema público de salud, la situación económica de los jubilados y los cambios en programas nacionales de provisión de medicamentos, como Remediar.
Coronel sostuvo que el deterioro de la cobertura sanitaria y las dificultades para acceder a tratamientos refuerzan la necesidad de contar con herramientas propias para garantizar el abastecimiento. También rechazó las críticas opositoras sobre la falta de controles y destacó que la producción estatal podría agilizar los tiempos de provisión frente a los mecanismos de compra a laboratorios privados.
Los cambios que incorporó el proyecto de Kicillof
La propuesta actual retoma una iniciativa presentada en 2024, que había conseguido media sanción en Diputados, pero no avanzó en el Senado. La nueva versión incorporó modificaciones para reunir el respaldo de la bancada peronista, en medio de diferencias internas sobre el funcionamiento y los controles de la futura empresa.
Entre los principales cambios se encuentra la definición de la participación accionaria: el Estado provincial será titular del 99% del capital social, mientras que el 1% restante podrá quedar en manos de otros actores públicos o privados, de acuerdo con las condiciones previstas en el proyecto.
Otro de los puntos discutidos fue la posibilidad de que la sociedad contraiga préstamos y emita títulos de deuda. El texto mantiene esa facultad, pero establece que las operaciones deberán estar relacionadas con su objeto social, contempladas en el presupuesto y sujetas a los límites fijados por la Ley de Administración Financiera y el sistema de control de la administración general del Estado.
Durante el tratamiento también se plantearon mecanismos de supervisión legislativa. La oposición reclamó la creación de una comisión bicameral de seguimiento y control que pudiera solicitar informes, formular recomendaciones e intervenir ante determinadas operaciones de endeudamiento extraordinario.
Soberanía sanitaria y controles de calidad
La versión de 2026 incorpora además la soberanía sanitaria como uno de los objetivos expresos de la futura empresa. El concepto, que en el proyecto anterior aparecía en los fundamentos, ahora forma parte de los propósitos establecidos para la sociedad.
La iniciativa también amplía las funciones vinculadas con el análisis ambiental. Entre las tareas previstas figuran estudios sobre la calidad del agua, el aire y el suelo, con el objetivo de identificar factores que puedan representar riesgos para la salud de la población.
A su vez, el articulado incorpora disposiciones específicas sobre el control de calidad de los medicamentos, las vacunas y los productos médicos que se fabriquen o distribuyan. La inclusión de los ingredientes farmacéuticos activos también forma parte de las modificaciones introducidas en esta nueva versión.
El rechazo de la oposición y el próximo paso legislativo
Los bloques opositores fundamentaron su rechazo en las dudas sobre la conveniencia de crear una nueva estructura estatal, el impacto fiscal de su funcionamiento y los controles sobre el manejo de los recursos y el endeudamiento. También cuestionaron que el proyecto no demostrara, a su criterio, la necesidad de constituir una empresa pública para cumplir con esos objetivos sanitarios.
Con la media sanción del Senado, Kicillof y Kreplak consiguieron un avance legislativo en una iniciativa que había quedado trabada dos años atrás. Sin embargo, la aprobación definitiva dependerá ahora del debate en Diputados, donde el oficialismo deberá construir los consensos necesarios para que el Centro de Industria Farmacéutica pueda convertirse en ley.
